1. Bajo este vergonzante título –réplica de los títulos de numerosos congresos, charlas, debates, jornadas, etcétera, que, conjugando este vocabulario deportivo-milenarista, se han multiplicado en los últimos años provocando un verdadero alud de publicaciones con las expresiones ‘sociedad de la información’, ‘sociedad del conocimiento’, ‘desafío’, ‘reto’ y ‘siglo XXI’– nos proponemos realizar un breve estudio acerca de la situación de la Universidad pública y, más en concreto, de la posición de las Facultades de Filosofía en la circunstancia actual. Dada la enorme cantidad de documentos y bibliografía a emplear, este estudio no será más que un esbozo acerca de una cuestión que exigiría mucho mayor detenimiento. Una adecuada explicación de lo sucedido en este ámbito nos llevaría, valga la siguiente imagen, a reconstruir, con esta pieza clave, el puzzle en que consiste la sociedad moderna en su engañosa forma de ‘sociedad de la información y el conocimiento’ –y no diremos ‘posmoderna’, pues sólo puede hablarse de cesura aparente entre ésta y aquélla; la estructura básica de la sociedad moderna permanece inalterada–. Tras una nota sobre determinada postura entre el estudiantado pasaremos a la exposición de algunos documentos implicados en la reforma universitaria. Terminaremos con un somero análisis y comentario de éstos, aclarando, en lo posible, cuáles son verdaderamente los desafíos de la Academia para el Tercer Milenio.

2. Hay que agradecer, tanto al ‘Informe 2000’ como a la Ley Orgánica de Universidades, el haber rehabilitado –aun en sus limitaciones y ambigüedades– el movimiento estudiantil, el haber politizado a un grupo de la población caracterizado por sus altos niveles de idiotismo.

El Informe Universidad 2000 –documento encargado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)–, el famoso ‘Informe Bricall’, provocó una reacción inmediata en el ámbito universitario: protestas por la marginación de los estudiantes en su elaboración –como sucederá después con la LOU– y amenaza de huelga. Aparecen por doquier manifiestos y panfletos. En gran parte de ellos la denuncia trasciende el hecho puntual del informe y denuncian –en algunos casos con mayor o menor vaguedad y en otros de forma más certera– el contexto social y económico en que este tipo de documentos no pueden dejar de surgir. Un sector de los alumnos ignora las llamadas a la calma, a la ‘sensatez’, a la ‘tranquila’ lectura del informe; unos intuyen y otros saben –porque deducen de la actual circunstancia global y conocen los documentos de base para las reformas en otros Estados europeos (Informes Dearing, Attali)– su contenido antes de que aparezca publicado oficialmente. Las ‘líneas de fuerza’ en los manifiestos van –según, por decirlo así, la ‘radicalidad’ o el ‘reformismo’ de los firmantes– desde la puesta en cuestión de la institución universitaria y su función en la sociedad actual como parte del ‘sistema’ hasta la valoración positiva, pero matizada, de la Universidad pública en la sociedad de masas y el rechazo frontal a su privatización –encubierta, por supuesto– y a la mercantilización de los saberes. Los segundos exigen la participación estudiantil en toda futura reforma; los primeros rechazan esta propuesta previendo la absorción y manipulación de tal. Es evidente, en todo caso, para ambos, la tendencia de inclusión total de la infraestructura universitaria financiada públicamente en la dinámica competitiva de los intereses privados. Si bien tal tendencia no es, precisamente, nueva, y puede entenderse el auge de la Universidad pública y el amplio acceso a la Educación Superior de los sectores menos favorecidos económicamente como un momento necesario –necesario según las posibilidades de variación de cierta estructura y según ciertas circunstancias históricas–, como precedente del actual contexto, no es menos cierto que este aumento gradual en su subordinación a tales intereses supone un grave menoscabo para estos sectores, para esta clase. En estas críticas se denuncia la ‘grosera’ introducción de criterios mercantiles en este ámbito –especialmente en las Facultades de Humanidades (Historia, Filología, Filosofía)– y los graves perjuicios que para la formación científica básica conllevaría la persecución del horizonte de la rentabilidad –estrictamente comercial, hay que añadir, pese a la abundante dosis (a estas alturas, ciertamente insoportable) de bisutería discursiva en tono humanista que acompaña a estos informes–. Se critica, también, la tendencia hacia el autoritarismo –creciente importancia de los cargos unipersonales– y el mayor peso concedido al sector privado en el Consejo Social. En la Universidad, tanto el trabajo teórico como las movilizaciones que siguieron a la publicación de dicho informe fue desarrollado, en gran medida, por un creciente, si bien frágil, movimiento asambleario.

Con los primeros adelantos de la actual Ley, de nuevo, las universidades se llenan de manifiestos y panfletos, de asambleas, debates, charlas, encierros; de un entusiasmo tan contagioso como, a falta de este tipo de ‘estímulos’, evanescente. Desde el 25 de octubre de 2001 hasta mayo de 2002 –en que las últimas manifestaciones antiLOU se enlazan con las primeras contra la Ley de Calidad– se sucedieron las movilizaciones universitarias más extraordinarias de la democracia en el Estado español. El 6 de octubre de 2001, habiéndose constituido la Campaña Contra la Ley de Universidades, fue elegido por más de 30 asociaciones estudiantiles, a fin de encabezar las protestas, el eslogan No a la LOU. Otra Universidad es posible. Tal eslogan, a excepción de una parte del movimiento universitario –calificado por otros sectores como ‘maximalista’–, fue progresivamente abandonado por sus connotaciones antiglobalización. Pese a proclamas y cánticos, pese a los ‘blancos’ de la ira estudiantil –debidamente marcados, dicho sea de paso, por ciertos medios de comunicación y ciertos sindicatos: el Partido Popular, Pilar del Castillo–, la opinión de aquellos fue muy otra. En Madrid, la Coordinadora de Asambleas de Escuela y Facultad señalaba a la ministra como títere del neoliberalismo vigente; la LOU es vista como el último paso de los poderes político y económico para la adaptación de la Universidad pública al mercado global. Sus manifiestos señalan claramente la secuencialidad causal –desde organismos económicos supuestamente supranacionales hasta el Estado español– que desemboca en esta Ley: "para el nuevo orden económico mundial, cuyas directrices son marcadas por organismos supranacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus servicios públicos vendidos al mejor postor dentro del marco de tratados como el del Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (GATS), se necesita una Universidad mucho más reducida y competitiva, una educación que, en general, responda a las necesidades productivas de las empresas y que, al mismo tiempo, no suponga un gasto excesivo para la administración. [...] La Unión Europea apuesta por la ‘economía del conocimiento’: que las Universidades se conviertan en departamentos de investigación al servicio de las grandes empresas (formación de ‘capital humano’). Los Estados–nación obedecen. La ministra hace los deberes: LOU". Se denuncia la oficialización del ‘intrusismo’ empresarial en la Universidad, financiando y controlando las investigaciones, acaparando las prácticas de fin de carrera, inmiscuyéndose en la administración de los centros a través del Consejo Social. La Ley parece apuntar hacia una reducción en el número de estudiantes y de carreras ‘inservibles’, la precarización del profesorado (también respecto a la libertad de cátedra) y la conformación de un sistema en que se distinga, mediante el ‘ranking de calidad’, entre universidades de primera, segunda y hasta tercera. Sus textos señalaban una, digamos, ‘nueva dimensión’ en la lucha: la conjugación de distintas formas de oposición tanto a nivel estatal como europeo. Añadamos, pues a esta Facultad se refiere, la postura de los alumnos representantes en Junta de Facultad. Estos expresan su total desacuerdo con el contenido de la LOU en base a dos principios generales; el primero de ellos, de carácter político, "concerniente al evidente retroceso democrático en el ámbito universitario" –disminución de la representatividad del alumnado y el PAS y aumento de la importancia de los órganos unipersonales (rector, gerente, decanos...)–; el segundo, de carácter económico, "relativo al proceso de asimilación de la Universidad a un modelo de gestión empresarial" –lo que implica cierta violencia sobre una institución pública y, más aún, sobre los estudios de Humanidades, cuya financiación podría peligrar al no ajustarse a los criterios de rentabilidad establecidos–. Se subraya el asunto de la precariedad laboral del ámbito universitario, el abandono de la cuestión de las becas y la injerencia del sector privado en la orientación de la investigación.

Sirvan estas líneas para extractar determinada posición entre el alumnado; única que, por razones que después veremos, respetaba, siquiera mínimamente, algo así como el principio de no contradicción.

3. Detengamos, un tanto aleatoriamente, la búsqueda documental, por lo que respecta al ámbito nacional, en los textos Plan Nacional de Evaluación de Calidad de las Universidades, Eurofórum Universidad 2000, Memorándum sobre el aprendizaje permanente y la Ley Orgánica de Universidades. En el contexto internacional comentaremos Trends in Learning Structures of Higher Education y el Comunicado de Praga. Comentaremos también, brevemente, documentos elaborados por la Secretaría de Educación del PSOE y la CRUE; así como las ponencias presentadas por EEUU, Australia y Nueva Zelanda en la OMC a fin de promover el debate previo a la liberalización del sector de la Educación Superior. Todos ellos suponen un continuo solidario ideológicamente; las variaciones, teniendo en cuenta los asuntos, vamos a decir, ‘de fondo’, son inapreciables. Nos centraremos en preámbulos e introducciones, en los epígrafes con mayor densidad ideológica por centímetro cuadrado.

En 1998 aparece el Plan Nacional de Evaluación de Calidad de las Universidades. En su Guía de Evaluación se nos dice que la evaluación de la calidad de la Educación Superior en los países desarrollados es una prioridad y exigencia para las universidades, gobiernos e instituciones públicas. Aparece la expresión ‘rendición de cuentas’ (accountability). Envuelta en la habitual fraseología, lo que tal expresión parece significar se reduciría al ajuste entre la inversión y el resultado final. A la autoevaluación institucional, mediante un proceso "profundo y participativo", debe seguir la valoración externa realizada por un Comité de Expertos Externos. El resultado es la Evaluación Institucional. En un proceso circular se cumplen los objetivos: "mejorar la calidad de la Institución y rendir cuentas ante la comunidad del adecuado uso de los recursos asignados al cumplimiento de los fines previstos". El proceso de evaluación debe contribuir, por un lado, a satisfacer las necesidades de formación que la sociedad demanda; por otro, a garantizar la eficacia y eficiencia de las inversiones en Enseñanza Superior, así como al cumplimiento de los estándares de calidad a fin de permitir la movilidad y competitividad internacionales. Aun garantizando un mínimo de calidad homogénea para todas las universidades españolas, el preámbulo de la LRU ya tenía en cuenta la exigencia de altos niveles de calidad y excelencia. Pero hoy la Educación Superior, según esta guía, ha entrado en la edad del desencanto. Ante los crecientes costes de la Educación Superior en la sociedad de masas y las políticas de restricción del gasto público, "la sociedad parece no estar dispuesta a seguir aceptando que las universidades sólo se autojustifiquen y desea conocer las actividades que desarrollan. A través de la evaluación institucional es posible satisfacer dicha demanda". Se pide a la Universidad una mayor aportación al desarrollo nacional en un contexto en que tanto la producción como la formación se han internacionalizado, reclamando niveles de calidad contrastados y contrastables. Los usuarios y clientes de estos servicios tienen derecho a conocer datos exactos y especificaciones acerca de la calidad ofertada por cada institución. Este proceso evaluador tendría la finalidad de coadyuvar a la nivelación de la calidad de las instituciones a través de la correcta financiación sólo "si se acentúa una orientación tendente a asegurar la igualdad en el tratamiento de las instituciones"; ahora bien, "si se admite la variabilidad de la calidad en las diferentes instituciones y programas, se estimularía la diferenciación (competitividad) y se aplicaría la financiación selectiva. En consecuencia podrían darse juicios comparativos sobre la calidad de programas e instituciones". Un sosegado análisis de la situación aclarará la pertinencia de uno u otro enfoque –si bien está bastante claro, por decirlo en el habitual lenguaje prosopopéyico, hacia qué alternativa ‘soplan los vientos de la historia’ y cuál sería la alternativa denostada como anacrónica–.

Durante los meses de mayo, junio y julio de 1999, tuvieron lugar unas jornadas que con el título Eurofórum Universidad 2000 agruparon a personajes relevantes de los ámbitos de la política, la empresa, los sindicatos y la Educación Superior, con el propósito de discutir la forma de afrontar de modo exitoso los retos de futuro que se le plantean al sistema universitario español. Las conclusiones de los debates en torno al "sistema universitario público en España en el horizonte 2005 – 2010" servirían de base para el documento dirigido por Josep María Bricall [1]. La primera tarea de los grupos de trabajo consistía en poner de relieve las tendencias del entorno. La discusión, como es de rigor, es contextualizada en términos de globalización y de internacionalización de la Enseñanza Superior. Es obvia, para todos, la existencia de una gran competencia en este sector a través de la enseñanza transnacional. Se tiende hacia un espacio mundial en red de universidades diversificadas, teniendo cada una su campo y actividad diferenciados. Existe una clara tendencia a exigir resultados de calidad, teniendo en cuenta que la Universidad ya no posee el monopolio de la formación ni la investigación. Se evoluciona hacia la sociedad global del conocimiento y la incorporación definitiva de las nuevas tecnologías como características principales de la influencia que el entorno ejercerá sobre la actividad investigadora. La sociedad conocerá y valorará la contribución de las universidades en la generación de nuevos conocimientos, difusión y proyección del desarrollo tecnológico y mejora de procesos y productos. En los próximos años se multiplicarán las alianzas estratégicas para competir en el mercado de I+D+i. La innovación será el factor principal de la competitividad. Así se favorecerá la interacción entre la investigación universitaria y el sector productivo, en tecnológica simbiosis con la empresa nacional o multinacional, con entidades de investigación nacionales o extranjeras. El compromiso con la investigación podría traducirse en proyectos Universidad – grandes empresas, estimulando la creación de grupos de excelencia, competitivos internacionalmente, que incorporen jóvenes investigadores. El esfuerzo público en la financiación del sistema I+D+i debe alcanzar parámetros análogos a la media de la UE. De todo ello resultará un incremento de la competitividad entre las universidades, lo que implica evaluación de la oferta (ajuste oferta–demanda, ‘sincronización’). Es evidente el mayor papel de la innovación como instrumento para afrontar los retos de la competencia en el contexto de un mayor contacto de la Universidad con el tejido productivo. De ello resulta la exigencia de mejor formación y adaptación a las nuevas tecnologías, ‘estímulo para el desarrollo’.

Se constató que se estaban produciendo modificaciones sensibles en la demanda de servicios. La demanda tradicional, incierta por los cambios demográficos y los nuevos programas de formación postsecundaria dentro y fuera de la universidad, pierde importancia ante el incremento de la demanda de formación continua y la mayor presencia de alumnos maduros a tiempo parcial y de diversos países (diversificación y flexibilidad en el tipo de estudiante), demandantes de enseñanzas virtuales y otros métodos. Existe una preferencia por las ‘personas flexibles’, preparadas y motivadas para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Estas instituciones desarrollarán su actividad en el marco de una creciente competencia (interuniversitaria, interautonómica, internacional); en el marco de la presencia activa de productos derivados de cambios tecnológicos, de las políticas gubernamentales de contención del gasto público y un mayor control social de la Universidad. Cobra mayor peso, además de la administración pública y los usuarios, el agente financiador denominado ‘tercer sector’: empresas, fundaciones, colectivos de antiguos alumnos... La interacción con el entorno empresarial es una pieza clave en este nuevo contexto, interacción necesaria "para conseguir apoyo técnico, para ayudar a asumir el reto constante de la innovación y para contribuir de forma real a la formación del capital humano que necesitan". Otras tendencias destacadas son la creciente convergencia entre la FP y la Universidad y la disminución del número de alumnos (desmasificación) y selección de ellos.

Parece conveniente ir hacia un sistema mixto de financiación –aunque la aportación pública siga siendo la de mayor cuantía– buscando un aumento de las aportaciones privadas a través de tasas u otras fuentes. La visión del carácter de servicio público de la Universidad debe complementarse "con una exploración (comercialización) de la marca Universidad en aras a conseguir una mayor financiación privada". Para ello es preciso reformar el sistema de becas y préstamos; introducir nuevas regulaciones en las universidades y nuevas normas fiscales (desregulación de normativas limitadoras que impidan las aportaciones privadas o las mermen). A fin de incorporar nuevos agentes estables que aseguren una parte de la financiación ordinaria se deberá analizar en profundidad la demanda, "incorporando mecanismos que estimulen el desarrollo de una oferta de enseñanza, investigación y servicios adaptada a las nuevas tipologías de estudiantes y usuarios". El gasto por estudiante debe homologarse al resto de los países de nuestro entorno, asegurando una financiación mínima por estudiante y por Universidad. El presupuesto público debe perseguir la calidad en la enseñanza y la investigación, así como la equidad en la distribución. No obstante, los centros que destaquen por la excelencia docente o investigadora, que destaquen por su proyección internacional y su contribución al desarrollo científico y tecnológico, deberán ser incentivados (económicamente o no). Se dibuja, pues, en tal ‘horizonte deseable’, una financiación básica y otra por objetivos y resultados (competitiva).

Las ayudas al estudio y los préstamos deben incentivar la movilidad. La búsqueda de la mayor calidad implicará un crecimiento del gasto y de las tasas, aconsejando el préstamo-renta para poder financiar a todos los alumnos. Se habla de tasas flexibles, del pago del coste real por parte de todos los estudiantes, combinado con políticas de ayudas. Para todo ello es necesario "crear conciencia de coste a los estudiantes y a la sociedad".

En estas jornadas, por supuesto, también se habló largamente de ‘calidad’. La evaluación de la calidad es el necesario mediador entre la ‘autonomía universitaria’ y la ‘responsabilidad social’. Las tendencias del entorno marcan una mayor exigencia de rendición de cuentas y de participación social. Una cultura de la calidad favorecerá la movilidad (nacional e internacional) de estudiantes y profesores, con mayor promiscuidad con el mundo empresarial y social, "que presionan de forma cada vez más exigente", participando en actividades internas de la Universidad, como la elaboración de los planes de estudio. Se debe hacer un esfuerzo en la dotación de nuevas tecnologías y en la capacitación de recursos humanos para la mejora de la calidad.

Estas reformas forzarán cambios organizativos en la estructura interna de las universidades, eliminando la rigidez burocrática de los órganos de gobierno y el corporativismo. Es deseable una Universidad de estructuras flexibles y eficientes –modificando los estatutos universitarios–, "con elevada capacidad de innovación y adaptación al cambio", dirigida de forma eficaz. Aun alertando sobre la posibilidad de injerencia política y económica en la autonomía universitaria, desvirtuando su misión, se afirma la necesidad de una mayor promiscuidad con el resto de ámbitos de la sociedad y un estrechamiento de las relaciones con el mundo empresarial. Habría que eliminar la excesiva mediatización del Rector por el Claustro (condicionando su capacidad de gestión), el exceso de órganos de participación y la tendencia al ‘asamblearismo’ en la gestión y el gobierno de las universidades (excesivo peso de los órganos colectivos sobre los individuales), rémora para la ‘agilidad’ deseable en el diseño de los planes de estudio, programas de formación ‘a la carta’, proyectos de investigación, servicios, nuevos métodos tecnológicos de enseñanza, etcétera. Por ello, la receta es otorgar mayores competencias para el Consejo Social, recayendo en él la estrategia general de la Universidad y la supervisión de su funcionamiento. El Claustro debería ser reducido; sus funciones, la consultiva y de control; la Gerencia, más profesional, con competencias claras en gestión económica y administrativa, ‘sin interferencias’. Las funciones de gobierno serían desarrolladas por el Consejo de Gobierno, con funciones equivalentes a las de un Consejo de Administración, "formado por representantes cualificados y elegidos por el Consejo Social y por el Consejo Académico, presidido por el Rector".

En esta nueva orientación en la captación de recursos externos jugará un papel fundamental el Consejo Social, intermediario entre la Universidad y la sociedad, orientador de la gestión de la ‘corporación’ resultante. Los principios rectores son la eficacia, la eficiencia y la economía. Los obstáculos a remover son de diversa índole. Hay que corregir la lentitud en la toma de decisiones, la insuficiente profesionalización, el déficit en la eficacia y gestión, la falta de estímulos e incentivos (tanto para la Universidad como para profesores y estudiantes), el acceso masivo a la Universidad, la falta de primeros ciclos adecuados a las demandas del mercado laboral, el ‘corporativismo académico’ alimentado por el sistema funcionarial, la falta de formación global e integral del ‘capital humano’, la rigidez del sector público y, sobre todo, la dificultad que supone la ‘resistencia al cambio’ procedente de una carencia de ‘visión de futuro’. Respecto al personal laboral universitario, se opta por la creación de nuevas figuras que eviten la rigidez del funcionariado, evitando el localismo y el enquistamiento académico, favoreciendo la incorporación de profesionales competentes ajenos a la Universidad y formados en nuevas tecnologías, incorporando los adecuados mecanismos de formación continuada y reciclaje.

Aunque "una propuesta cruda para que la universidad se sujete a las reglas del mercado fue criticada", se subrayó la necesidad de acabar con la disfunción entre planes de estudio y actividad profesional. La Universidad debe sincronizarse con la sociedad, creando órganos de asesoramiento formados por empresas e instituciones; replanteando la FP (eficiente y prestigiada) y estableciendo puentes con la Universidad y los sectores sociales implicados, "con planes estratégicos y nuevos instrumentos de rendición de cuentas... [con] una nueva cultura de la evaluación y la responsabilidad". Será vital en los próximos tiempos una mayor aproximación de la formación a las demandas del mercado, siendo la Universidad, como es, motor del desarrollo económico y social de su entorno "en su calidad de primer proveedor de conocimiento e innovación (dos recursos estratégicos para la competitividad empresarial en los mercados europeos y globales), constituyéndose en ámbito de libertad donde intercambiar opiniones y discutir ideas, mientras las empresas, incentivadas fiscalmente, colaboran más con la universidad". Todo eso se pide a la Universidad. Todo eso y, además, tener "la solidez suficiente como para orientar el entorno social y no diluirse puramente en el mercado". Esta institución, para terminar, a modo de guinda, debe preservar "las misiones universitarias de formación integral, de promoción de los valores democráticos y de ayuda solidaria entre países, así como de producción de elementos para la crítica y la renovación de la vida social y de las bases del conocimiento".

El Memorándum sobre el aprendizaje permanente (MECD) invoca en su preámbulo al Consejo Europeo de Lisboa (2000), el cual marcó un punto decisivo en la orientación política de la UE. Europa se encamina hacia una ‘era del conocimiento’, con todas sus implicaciones. "Los modelos de aprendizaje, vida y trabajo están cambiando rápidamente. Esto significa que no sólo los individuos tendrán que adaptarse al cambio, sino que también deberán cambiar las maneras de actuar". Europa, ‘mosaico intercultural’, está cambiando a un ritmo análogo al de la Revolución Industrial. La transformación tecnológica es vertiginosa, dada la difusión de la economía digital. El acceso a conocimientos actualizados y el uso inteligente de los recursos que ponen a disposición del individuo las tecnologías de la información se han convertido en la clave para reforzar la competitividad de Europa y para mejorar la inserción profesional (empleabilidad) y la adaptación de la mano de obra a la ‘economía del conocimiento’. La principal herramienta para garantizar una feliz y exitosa transición es el llamado ‘aprendizaje a lo largo de la vida’. Cada vez un mayor número de personas prolonga su educación y formación, dispuestas a asumir ‘el reto del cambio’; pero, al mismo tiempo, este documento nos informa de la brecha entre quienes, gozando de la suficiente cualificación, pueden "mantenerse a flote en el mercado de trabajo y los que quedan irremediablemente en la cuneta". En este contexto, ocupan, obviamente, un lugar central los sistemas europeos de educación y formación, los cuales también tienen que adaptarse –tanto en el ámbito público como privado– a los nuevos desafíos. El aprendizaje permanente es definido como "toda actividad de aprendizaje útil realizada de manera continua con objeto de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las aptitudes". El aprendizaje es un proceso continuo e ininterrumpido a lo largo de todo el ciclo vital. Los conocimientos adquiridos hasta el día de hoy no servirán para siempre. Una educación básica seguida de una formación académica y profesional iniciales podrían dotar a los jóvenes de las aptitudes básicas requeridas. Se deben garantizar la actitud positiva hacia el aprendizaje y la capacidad de ‘aprender a aprender’. Los Estados europeos deben articular políticas que permitan a sus poblaciones, sin excepción, disponer de las mismas oportunidades "para adaptarse a las demandas que impone la transformación social y económica y para participar activamente en la concepción del futuro de Europa". Los objetivos básicos de tales políticas serían la promoción de la ciudadanía activa y el fomento de la empleabilidad. Para participar de la futura Europa no sólo es necesario obtener las cualificaciones requeridas por la llamada ‘sociedad del conocimiento’, sino también renovarlas continuamente. No hay que olvidar que el capital más importante son los propios ciudadanos, ‘principal activo’ de la UE. Por ello, es necesario aumentar visiblemente la inversión en recursos humanos, en infraestructuras, medios y métodos eficaces de enseñanza para el aprendizaje continuo y de calidad ‘a lo largo y ancho de la vida’. De este modo, trabajando juntos para llevar a la práctica este tipo de aprendizaje, se contribuirá a la construcción de una sociedad integradora que ofrezca a todos las mismas oportunidades en el acceso a una educación y formación basadas, sobre todo, en las necesidades y expectativas de los individuos.

Estos cambios desbordan el marco educativo y exigen también un cambio en la organización del trabajo remunerado, en todos los sectores, a fin de lograr espacio para que los trabajadores puedan también aprender durante toda la vida y planificar la combinación de aprendizaje, trabajo y vida familiar. Todo ello implica incentivar y equipar a la ciudadanía europea para que participe activamente en la vida pública, política y social. El principal objetivo, se nos dice, "es construir una Europa en la que todos tengan la oportunidad de desarrollar al máximo su potencial y de sentir que aportan su contribución y son miembros de la sociedad". Se apela a los distintos gobiernos para llevar a cabo las reformas necesarias, pero también se apela a instituciones e individuos: "en última instancia, son los responsables de seguir aprendiendo. [...] Europa puede –y debe– mostrar que es posible lograr un dinámico crecimiento económico y al mismo tiempo reforzar la cohesión social".

En la exposición de motivos de la LOU se nos dice que la reforma es la necesaria respuesta en aras al mejor cumplimiento, dados los nuevos escenarios y desafíos, de una serie de objetivos: Una docencia, gestión e investigación de calidad; una mayor eficacia, eficiencia y responsabilidad (como principios de la autonomía universitaria); un mayor autogobierno y la promoción de la movilidad de profesores y alumnos; la respuesta a los retos planteados por la enseñanza no presencial (nuevas tecnologías) y la formación a lo largo de toda la vida; la integración competitiva en el nuevo espacio europeo de Enseñanza Superior; retos, todos ellos, enmarcados en la ‘sociedad de la información y el conocimiento’, derivados de la innovación en las formas de generación y transmisión del conocimiento propios de una sociedad avanzada. Dada la centralidad que ocupa esta institución en el desarrollo económico, social y cultural de un país, es necesario reforzar su liderazgo y dar mayor flexibilidad a sus estructuras. "Y sólo así, la sociedad podrá exigir de sus Universidades la más valiosa de las herencias para su futuro: una docencia de calidad, una investigación de excelencia." Describamos brevemente algunos puntos ‘de fricción’ de la LOU. La rendición de cuentas ante la sociedad –que la impulsa y la financia– aparece como el nuevo fundamento de la autonomía. Se concede a las Comunidades Autónomas un mayor poder en la creación y gestión de nuevos centros, así como el control de la calidad de las universidades que de ellas dependan. Respecto a la estructura de gobierno, la modificación es prácticamente total en comparación con la LRU. Subrayemos lo siguiente: el Consejo Social pasa a estar compuesto, íntegramente, por representantes de la vida cultural, política, económica y social. Su misión es fortalecer las relaciones de la Universidad con la sociedad, asumiendo "la supervisión de todas las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus servicios" y la aprobación de presupuestos. El Rector, el Secretario General y el Gerente son miembros con voz y sin voto. La Representación de alumnos y PAS ‘se cae’ del Consejo de Gobierno (anteriormente, ‘Junta de Gobierno’). Éste, máximo órgano de gobierno universitario, establecerá las líneas estratégicas y programáticas en la organización de la enseñanza, investigación, recursos humanos y económicos. El Claustro está capacitado para elaborar estatutos y convocar elecciones a Rector. El Rector, del que se refuerza su capacidad ejecutiva, es elegido por sufragio universal ponderado y ya no por el Claustro. El Gerente será designado por aquél y aceptado por el Consejo Social. Se crea un nuevo órgano: la Junta Consultiva (formada por profesores e investigadores de prestigio), con funciones de asesoramiento. El Consejo de Coordinación Universitaria, presidido por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, sustituye al anterior Consejo de Universidades; es establecido como máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario; los miembros de designación política (que pasan de ser 15 a 21), con la LRU, eran personalidades de la vida académica, científica, cultural y profesional, ahora se añaden las esferas económica y social. Las Universidades dispondrán de mayores competencias para la colaboración con otras entidades y la movilidad de su personal. Asistimos a la creación de un nuevo título: De la evaluación y acreditación. Sus objetivos son la transparencia, la competitividad de las Universidades, la mejora de la docencia e investigación y la información a las Administraciones públicas y ciudadanos. También los servicios y los programas serán evaluados. Tales fines se tratará de alcanzar mediante la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), institución que promocionará la excelencia docente, investigadora y de gestión. El impulso a la movilidad es una de las preocupaciones recurrentes de la ley, pues "supone una mayor riqueza y la apertura a una formación de mayor calidad". Por lo que respecta al asunto de la investigación –cuyo fomento, en beneficio del interés general, corresponde a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas– podemos reseñar los siguientes fines y prioridades: el fomento de la calidad y competitividad de la investigación de las Universidades españolas, la movilidad de investigadores para la creación de ‘centros de excelencia’, la creación de centros mixtos entre Universidades y organismos públicos y privados para la investigación, la mayor vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo a través de la creación de empresas a partir de la actividad universitaria (en las que participaría el personal docente) y la generación de sistemas para la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado, para la transferencia de los resultados de la investigación "con la mayor rapidez y eficacia posibles al conjunto de la sociedad" y para la captación de recursos. Es reconocido el impacto positivo "de la actividad científica en la sociedad, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la creación de riqueza". En cuanto al acceso de los estudiantes, la Ley apuesta por transferir tal competencia a cada universidad, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad; apostando por la movilidad geográfica. En cuanto a la contratación del profesorado se opta por un sistema "más abierto, competitivo y transparente", posibilitando la contratación de hasta un 49% de la plantilla docente con personal no funcionario. Señalemos la creación de seis nuevas figuras de contratación (todas ellas de carácter temporal) y la creación de un ‘sistema de habilitación’ consistente en una prueba centralizada por el Gobierno: la superación de una prueba –en función del tipo de contrato– ante un tribunal de siete miembros elegidos por sorteo. Esto supondría un ‘filtro’ previo a la selección y contratación por cada universidad en función de sus posibilidades. Para la Universidad privada se estable un mínimo del 25% de profesorado habilitado. La Ley garantiza un modelo flexible de financiación de Universidades públicas, pudiéndose crear fundaciones o entidades jurídicas que permitan la consecución de los objetivos universitarios de un modo ágil y eficiente. El Estado ejercerá su responsabilidad vertebrando el sistema, mejorando su calidad, fomentando la movilidad y promoviendo la integración del sistema universitario español en el espacio europeo de Enseñanza Superior.

Detengámonos ahora, brevemente, en los documentos Una Universidad para la sociedad del conocimiento, elaborado por la Secretaría de Educación del PSOE, y Nota sobre el proyecto de Ley de Universidades dirigida a los grupos parlamentarios por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). En el primero de ellos se alaba la anterior Ley como garantía de la autonomía universitaria, gracias a la cual se abordaron los cambios imprescindibles que han supuesto un claro avance en la calidad docente e investigadora. La expansión del sistema universitario, las nuevas demandas sociales y el nuevo espacio europeo de Enseñanza Superior e investigación aconsejan acometer, en diálogo con todos los agentes implicados, una nueva reforma acorde con las expectativas de ciudadanos e instituciones "en el inicio del desarrollo de la llamada sociedad del conocimiento". Nuestro progreso, tanto económico como social, "depende de lo que seamos capaces de investigar e innovar". Nunca como hoy la enseñanza y la investigación han tenido tanta importancia. La Universidad es la institución mejor preparada para asumir estos retos. Sólo una Universidad con mayor autonomía académica y organizativa –acompañada de una mejora de los sistemas de rendición de cuentas y control social–, una Universidad con mejores instrumentos de gestión y con una más eficaz conexión con la sociedad a través de los Consejos Sociales –que incentivarían, promoverían y evaluarían la actividad investigadora de la institución y dispondrían de amplias competencias respecto a la planificación estratégica–, que apueste por la igualdad, volcada sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida y las nuevas tecnologías de la información, atenta a las nuevas demandas sociales y abierta a la UE y el resto de países, que responda a los nuevos desafíos de la calidad internacional, sólo una Universidad tal, podrá responder con suficiente garantía de éxito. La reforma propuesta por el gobierno del PP está muy lejos de tales objetivos; está muy lejos de dotar a la Educación Superior española de estructuras ágiles y flexibles, capaces de adaptación a los cambios que se producen en las demandas sociales en la ‘era del conocimiento’, capaces de adecuar su oferta a tales necesidades cambiantes y de ocupar el lugar que le corresponde. "La Universidad debe liderar esta nueva etapa de la educación y organizarse para responder a las demandas de la sociedad del aprendizaje en la que ya estamos inmersos". Para la CRUE, la Ley presentada por el gobierno no sienta las bases que precisa la Universidad española del siglo XXI para situarla a la cabeza de los demás sistemas universitarios europeos, "marco imprescindible de referencia". Algunos de los males detectados por la Conferencia son los siguientes: la Agencia de acreditación propuesta por el gobierno no cumple el requisito de la independencia; se pone en peligro la insustituible autonomía universitaria, garantía de la flexibilidad y la capacidad para adaptarse rápida, eficazmente y con calidad a las demandas del entorno; la Ley propone una estructura rígida y uniforme, incompatible con la diversidad deseable para nuestro sistema universitario en el horizonte del espacio europeo de Educación Superior; la Ley, en fin, no garantiza las condiciones esenciales de homogeneidad en los fondos públicos aportados por las correspondientes Administraciones, condición para asegurar la calidad y equidad de la oferta universitaria pública –si bien, adicionalmente, se considera positiva la financiación que estimule la consecución de objetivos de calidad–.

Comentemos algunos documentos de alcance internacional: Trends in Learning Structures of Higher Education (siete de junio de 1999), documento elaborado por Guy Haug, que sirvió de base para la Declaración de Bolonia (diecinueve de junio); y el Comunicado de Praga, declaración de Ministros europeos de Educación. El objetivo del primer texto fue el de trazar un mapa comparativo de las estructuras europeas de Educación Superior (tanto de los países de la UE como de los países del Área Económica Europea) a fin de establecer las convergencias y divergencias en las políticas institucionales y nacionales y estudiar los posibles cambios en la arquitectura de los sistemas educativos dado el contexto de desarrollo global, de expansión de las tecnologías de la información, del incremento de la competitividad y la comercialización de los servicios. Citemos algunas de las tendencias que se subrayan en este informe: Un impulso gubernamental hacia los estudios de ciclo corto, más competitivos y atractivos tanto para estudiantes como para empresarios –ciclos cortos que coadyuven a eliminar el fracaso y que reduzcan costes innecesariamente altos, tanto para las familias como para el Estado–; una tendencia a dotar de mayor autonomía a la Universidad, junto a iniciativas de evaluación y control de calidad; una progresiva, aunque aún débil, respuesta al reto que suponen los proveedores transnacionales y los nuevos métodos de enseñanza y formación; el difuminado de la fronteras entre los sectores educativos universitario y no universitario; el aumento en la competencia por un estudiantado y profesorado de excelencia y por fuentes de financiación (con obvias consecuencias para la gestión y organización de los sistemas y titulaciones); el empleo del inglés como lingua franca; el primado del resultado sobre la inversión (baremación de la calidad outcome – based) y el impulso a la empleabilidad y atractivo de las carreras. Para hacer frente a este desafío y alcanzar la convergencia y transparencia deseadas en la Europa del conocimiento se sugieren algunas medidas: la adopción gradual del ECTS (European Credit Transfer System), un sistema de acumulación y transferencia de créditos compatible, más legible y comprensible, que favorezca la movilidad y el aprendizaje continuo; la adopción de un marco común, pero flexible, de titulaciones; un incremento en la dimensión de la calidad, homologable a nivel europeo (mediante sistemas compatibles que la garanticen), teniendo en cuenta, sobre todo, el peso de los informes de calidad respecto a la financiación y subvenciones estatales, expidiendo ‘etiquetas de calidad’ basadas en estándares europeos; una investigación coordinada de los estándares de calidad de la educación transnacional; una vinculación más estrecha con el mercado laboral europeo (empleabilidad, reducción del tiempo ‘de espera’ para el primer empleo, que actualmente está en la tardía –y desventajosa competitivamente– cifra de los 28 – 30 años, siendo deseable que la incorporación al mercado se diese a la edad de 22 ó 23, en el momento en que, siempre según el documento, "obsolescence of knowledge is quicker than ever and when employers see time management as an indicator of future performances"); una política de becas más exigente; un decidido empuje a las políticas favorecedoras de la movilidad. Estas medidas posibilitarían el aprovechamiento por parte de los ciudadanos europeos de las nuevas oportunidades de aprendizaje; asimismo, contribuirían a hacer más atractivas las instituciones europeas a los estudiantes de otros continentes, aumentando su competitividad, consolidándolas en un role educativo de influencia mundial. También se hace referencia al ‘aprendizaje a lo largo de toda la vida’, más adaptable a ciclos cortos de estudio por la continua necesidad de reciclar conocimientos y destrezas. Las claves del Espacio Superior de Educación Europeo son la calidad, la movilidad, la diversidad (convivencia de estas medidas junto a la cultura fundamental, lingüística y educacional de cada nación), la apertura (competitividad y cooperación) y, en fin, la empleabilidad (la mayor fuente de cambio y reforma en la Educación Superior). Europa corre el riesgo de, como suele decirse en los medios, ‘perder el tren de la educación transnacional’: "most of the major speakers referred to the fact that Europe was loosing ground in the competition with the USA, and that a more ‘readable’ and compatible set of qualifications was needed to counteract this trend".

El Comunicado de Praga (19 de mayo de 2001) fue titulado Towards the European Higher Education Area. La elección de Praga como punto de encuentro quiso simbolizar la decisión de involucrar en el proceso a toda Europa, no sólo a la UE. Los ministros se felicitaron por las metas logradas y afirmaron su total compromiso con la consecución de los fines por alcanzar. Se reafirmó el objetivo de la movilidad para beneficiarse de las posibilidades de tal área, "incluyendo sus valores democráticos, la diversidad de culturas y lenguajes y la diversidad de los sistemas de educación superior". La continuación y profundización del trabajo empezado en Bolonia es condición esencial para el atractivo y competitividad de las instituciones de enseñanza europeas. Los ministros pusieron de manifiesto el carácter de bien público de la Educación Superior, siendo su estado y evolución responsabilidad pública; y señalaron la dimensión social del proceso de Bolonia. Impulsaron la adopción de un sistema de créditos y titulaciones legibles y comparables, transferibles y acumulables, expresando su deseo de que los ciudadanos puedan utilizar sus conocimientos académicos y profesionales a través de todo el área. Se adopta una estructura de estudio basada en dos ciclos principales: undergraduate y graduate studies. Los programas de estudio pueden y deben tener diferente orientación y diferentes perfiles, a fin de acomodar entre sí la diversidad de necesidades individuales, académicas y del mercado de trabajo. Reconocen la labor de los sistemas de garantía de calidad en cuanto a la mejora del acceso de los titulados a dicho mercado. La confianza en los sistemas de acreditación y garantía de los distintos sistemas nacionales es un pilar necesario para el establecimiento de aquel espacio y su promoción fuera del continente. Enfatizaron la importancia del desarrollo del aprendizaje permanente o lifelong learning: "in the future Europe, built upon a knowledge – based society and economy, lifelong learning strategies are necessary to face challenges of competitiveness and the use of new technologies and to improve social cohesion, equal oportunities and the quality of life". Los ministros expresaron su aprecio por el desarrollo de programas que combinen la calidad académica con la durabilidad relevante de la empleabilidad. Los estudiantes, como principales protagonistas, deben participar y tener influencia en los cambios que vive la institución universitaria. Afirmaron, en fin, a la espera de la próxima reunión, que tendrá lugar en la segunda mitad de 2003, en Berlín, su compromiso en la cooperación y trabajo basados en los objetivos de la Declaración de Bolonia.

Terminemos este ya prolijo y algo fatigoso capítulo con unos textos que nos permitan, por si a estas alturas no estuviera claro, delimitar los aspectos que realmente se están jugando en este asunto. EEUU (18 de diciembre de 2000), Australia (1 de octubre de 2001) y Nueva Zelanda (26 de junio de 2001) presentaron en la Organización Mundial del Comercio distintas ponencias de similar contenido. En ellas se invitaba a debatir acerca de la liberalización comercial del sector de la Enseñanza Superior a escala mundial. Previa asunción del papel que los distintos Estados cumplen en la enseñanza, se aboga por complementarlos mediante la formación y capacitación privadas. Estos proveedores, con unos contenidos pragmáticos y centrados en el empleo, se han mostrado eficaces a la hora de "mejorar los conocimientos especializados de sus empleados y poner a éstos al día en relación con sus últimos productos" (ponencia EEUU). Esta es una posibilidad empresarial cada vez más importante, incluso para las empresas no (solamente) dedicadas a la formación. El papel de la enseñanza privada es vital para contribuir a la difusión de la moderna ‘economía del conocimiento’: "La disponibilidad de esos servicios de enseñanza y capacitación puede ayudar a que se disponga de una fuerza de trabajo más eficiente, permitiendo a los países mejorar su posición competitiva en la economía mundial" (EEUU). Existe una común queja por los pocos compromisos realizados en el sector de la enseñanza en el marco del Tratado de Libre Comercio (GATS), que impiden "ofrecer a las personas de todos los países un acceso a una amplia gama de opciones educativas" (Australia). Se desea facilitar el movimiento transfronterizo de estudiantes y proveedores de servicios de enseñanza. Así, la población nativa tendría acceso a servicios que de otro modo no podría conseguir; se incentivaría la competitividad, con beneficios derivados para todos los estudiantes; se fomentaría el conocimiento y aprecio de otros idiomas, culturas, sociedades, favoreciendo a los estudiantes tanto en el plano profesional como en el cultural. El objetivo de estos comunicados es el de favorecer la extensión de este tipo de formación mediante la reducción de los obstáculos que se oponen a la transmisión de servicios más allá de las fronteras nacionales, "proporcionando oportunidades a los proveedores para que pongan sus servicios a disposición de los estudiantes de otros países", coadyuvando a la buena formación de ‘capital humano’. Las barreras (impedimentos a la libre circulación de estudiantes internacionales, dificultades en el reconocimiento de las titulaciones, límites sobre propiedad y participación extranjera en el capital, restricciones sobre el flujo de material educativo, etcétera) deben ser removidas. Se trata de universalizar la formación, en todo lugar y modo, sin interferir en las políticas educativas de cada país miembro de la OMC ni impedir la destinación de fondos públicos a la enseñanza. Invitan, en fin, al resto de países a contraer compromisos en este sentido, a reducir los obstáculos al comercio de servicios de enseñanza sin erosionar los sistemas y normas básicas de la educación pública; al contrario, se trata de complementarla, ayudando a reducir el gasto público en infraestructura y liberando, de ese modo, recursos que podrían destinarse a otros aspectos de la política educativa.

Estos documentos sí suponen, en verdad, un desafío para el sector de la Educación Superior europea.

4. Decíamos más arriba que todos estos documentos forman un continuo solidario ideológicamente; no suponen, uno de otro, variación significativa en los planteamientos de fondo. Expresiones del tipo ‘nuevos retos’, ‘cambiantes desafíos’, ‘demandas del entorno’, ‘exigencias de la sociedad’, ‘sociedad en transformación’, etcétera, expresiones tan vagas, brumosas, como éstas, señalan una zona oscura del discurso, un lugar en el que el pensamiento debe penetrar a modo de cuña para quebrar ese tejido de evidencias impensadas, ese macizo ideológico. Estos documentos están plagados de violaciones del principio de no contradicción, de letanías de imágenes sin otra articulación que la de estar yuxtapuestas, de habilidades retóricas cuyo fin es la seducción, la fascinación, en ningún caso, el entendimiento. La ideología, de algún modo, es veraz por lo que oculta, por lo que señala al velar. La contradicción puede habitar en el discurso, se puede decir, y de ello se sirve la bisutería discursiva que envuelve estas reformas; pero no se puede pensar. Explicar racionalmente tal zona oscura implica responder a la pregunta: ‘¿Qué es la globalización?’ Más aún: implica dar respuesta a la pregunta: ‘¿Qué es el capital?’ La Ministra de Educación afirmó varias veces que los estudiantes no sabían por qué se manifestaban. Y, en gran medida, tenía razón; se manifestaban –no lo sabían, pero lo hacían– contra el capitalismo. La única postura no contradictoria fue la defendida por los estudiantes asamblearios. Éstos no podían no mantener un discurso antiglobalizador y anticapitalista; no podían no pensar un mundo caracterizado por la total internacionalización del capital, la pérdida de soberanía de los Estados y la desnacionalización del proletariado. Pensar qué son las cosas y hacia dónde se dirigen –si bien hablar de direccionalidad en este caso no parece muy acertado– supone pensar aquello que hace ser a las cosas (o dejar de ser) e impide que sean lo que podrían llegar a ser; implica pensar las cosas en determinada, digamos, escenografía invisible e inexperimentable de forma directa, previa a todo nuevo comienzo; implica pensar esa estructura que llamamos capital y responder a la pregunta ¿qué es? Sería imposible, en todo caso, en el espacio que resta, trazar la genealogía de esa matriz estructural que nos nace; tampoco extractar en unas líneas la disección de la sociedad moderna a través del análisis de la mercancía, de lo que es en tal tipo de sociedad [2]. Bástenos, para intentar explicar racionalmente qué cosa sea la ‘sociedad de la información y el conocimiento’, para explicar qué cosa sea una sociedad en continua transformación, qué cosa sean las ‘demandas del entorno’ y para explicar la función central de la innovación tecnológica en este asunto –función que, de un modo confuso, no articulado, es subrayada por aquellos documentos–, bástenos releer la Sección IV de El Capital. Marx estudia en este lugar lo que llama ‘plusvalía relativa’. Hay dos formas de aumentar el beneficio: o bien prolongamos la jornada de trabajo (‘plusvalía absoluta’) –lo cual choca con la resistencia, en primer lugar fisiológica, de esa mercancía tan particular llamada ‘trabajador’– o bien intensificamos el trabajo –producir más en el mismo tiempo– sin aumentar la jornada. Para este fin deben ser transformadas las condiciones técnicas y sociales del trabajo. Tal intensificación, tal revolución en las condiciones de la producción –y, tras ella, en el régimen social– logrará un aumento en la productividad y un aumento en el número de horas –sin variar la jornada– que el obrero trabaja para la empresa; es decir, con un número menor de horas (dentro de la misma jornada o incluso aumentando la jornada para apurar la ventaja técnica antes de que pase a los competidores) las transformaciones técnicas hacen que el trabajador produzca su salario en menos tiempo: "En la producción capitalista, el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo tiene como finalidad acortar la parte de la jornada durante la que el obrero trabaja para sí mismo, con el fin de alargar de este modo la otra parte de la jornada, durante la cual tiene que trabajar gratis para el capitalista" [3]. El coste de la mano de obra es abaratado, pues al aumentar la productividad caen los precios de aquellos bienes de ‘primera necesidad’ –según la circunstancia– que garantizan la subsistencia y perpetuación de los trabajadores. "Por eso es afán inmanente y tendencia constante del capital reforzar la productividad del trabajo, para de ese modo abaratar las mercancías, y con ellas los obreros" [4]. La ciencia y la tecnología, bajo el capitalismo, no sólo tienen la función de revalorizar el capital, sino también –en aras de ésta– la de doblegar la resistencia obrera a este proceso. El estudio de la historia de la clase obrera y sus frecuentes ‘resistencias al cambio’, separada de las "potencias espirituales del proceso material de producción", supone el estudio de la evolución de la tecnología, ‘azote del obrero’, insisto, bajo el capitalismo. "El motivo impulsor y la finalidad determinante del proceso de producción capitalista es, ante todo, obtener la mayor valorización posible del capital, es decir, hacer que rinda la mayor plusvalía posible y que, por tanto, el capitalista pueda explotar con mayor intensidad la fuerza de trabajo" [5]. La inclusión de la ciencia y la tecnología como ingredientes centrales de la acumulación capitalista hace de ellas –dejando inexploradas sus capacidades para la consecución de una sociedad igualitaria y libre, para la consecución de una sociedad en que sea posible la vida buena– vehículos de una explotación aún mayor del trabajo y de un abandono letal hacia aquella parte de la población que, siendo, obviamente no de forma explícita, declarada prescindible, sobrante, siendo una verdadera excrecencia para el sistema productivo, ni siquiera es estimada para ser explotada, pues su absorción en el mercado de trabajo implicaría una merma en los márgenes de valorización del capital del bloque que la integrase; se cumple con ello, del modo más perverso, la utopía del fin del trabajo. Siendo la labor científica subsumida en este proceso el mando del capital sobre el trabajo se hace total e incontestable, revestido con los siempre auráticos mantos de la lógica de las cosas. Este ‘descubrimiento’ imprime al proceso productivo una creciente aceleración y, más que un impulso, un brutal empujón a la investigación científica. Este curso, dada la concurrencia internacional de capitales, alcanza una dimensión de vértigo. El trabajo adquiere un papel secundario respecto de la actividad científica y su aplicación tecnológica, que prolifera de forma públicamente descontrolada. En la apropiación de los medios sociales del trabajo estaba incluida la apropiación de los medios de producción científica, concentrando en manos de los capitalistas un poder de, dicho eufemísticamente, ‘destrucción creativa’ (Schumpeter) como nunca fue soñado: "La ciencia es separada del trabajo como potencia independiente de producción y aherrojada al servicio del capital. [...] La ciencia no le cuesta al capitalista absolutamente ‘nada’, pero ello no impide que la explote. El capital se apropia la ciencia ‘ajena’, ni más ni menos que como se apropia el trabajo de los demás. [...] La explotación rutinaria e irracional es sustituida por la aplicación tecnológica y consciente de la ciencia" [6]. Vemos, pues, como la dinámica de inclosures también tiene lugar en el ‘campo’ del conocimiento. Ignoramos, hasta que se nos demuestre otra vía explicativa, mejor aclaración de ese misterio –más misterioso que la transmutación alquímica, según el discurso oficial– en que consisten las ‘cambiantes demandas del entorno’.

A las reformas en los ámbitos educativo y laboral en función de los ‘desafíos’ de la ‘sociedad de la información’, se une la reestructuración del organigrama ministerial. El 28 de julio de 2000 aparece un Real Decreto "por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología" –el cual, en tiempos recientes y no tan modernos no pasaba del rango de ‘Oficina de Ciencia y Tecnología’–. Tal Ministerio se crea con la tarea de coadyuvar "...al incremento de la importancia y de la calidad de la ciencia y la tecnología españolas, así como al fortalecimiento del proceso de internacionalización de las mismas" [7]. Otras de sus tareas serán las de aumentar el nivel de conocimientos de este tipo en la sociedad española mediante la debida cualificación de los recursos humanos; estimular el uso generalizado de las nuevas tecnologías; elevar la competitividad de las empresas y su carácter innovador. "La política científica y tecnológica no sólo es un elemento esencial para el desarrollo económico de España, sino también un reto para acometer en el futuro, desde la percepción de que el sistema español de ciencia y tecnología reviste una tradicional debilidad." Objetivo prioritario es el desarrollo y fomento de la ‘sociedad de la información’, "...con la convicción de que la generalización de las tecnologías de la información y del uso de las redes de telecomunicaciones, en particular de Internet, suponen un reto de gran importancia para lograr que la economía española y la europea se conviertan en el siglo XXI en economías basadas en el conocimiento, competitivas y dinámicas, capaces de crecer de manera sostenible". Estado y empresa privada se dan la mano para rentabilizar la investigación científica en forma de innovación tecnológica susceptible de representar una ventaja en la concurrencia internacional. Este curso es, en principio –cuando no por principio–, ajeno a los intereses de los usuarios –cuando no contrario a tales intereses–. El criterio de rentabilidad desplaza al de utilidad. La innovación tecnológica queda ligada a la lucha por el control de los mercados y no a la propia dinámica de la investigación científica. Por tanto, su trayectoria es marcada por cúpulas empresariales –estrechamente relacionadas con las élites políticas–. El Estado, como ejemplarmente sucede en el asunto de la reestructuración de la Universidad pública, debe suplir las carencias del capital privado aportando su estructura de investigación, sus recursos públicos, absorbiendo las posibles pérdidas, costes, riesgos, desastres. La mutabilidad de un sistema productivo en pos de la revalorización del capital en un contexto de gran competencia a nivel global impele a los Estados modernos a crear una infraestructura capaz de suplir-complementar-ayudar-incentivar a la empresa privada. El Estado –obvia decir que en ausencia del debate público informado pertinente– aporta el mayor porcentaje en I+D, inversión cuyos frutos serán explotados privadamente. Aquí, como en otros lugares, se revela su carácter de clase. La investigación básica es realizada –principalmente en el sector de la enseñanza universitaria– con fondos públicos; el desarrollo y explotación, casi de forma exclusiva, por empresas y organismos privados. El Estado se nos aparece, en fin, como benefactor de la empresa privada a fondo perdido. [8]

Las nuevas tecnologías de la información hacen su ‘milagrosa’ aparición como respuesta a la crisis del sistema económico mundial iniciada en los años 70. En el problema de la sobreproducción industrial, del desempleo, cierre de fábricas, estancamiento e inflación, de la pérdida de competitividad de la industria occidental, en tales problemas, está el origen de nuestra ‘sociedad de la información y el conocimiento’. A principios de los años 80, y de modo simultáneo, Francia, Gran Bretaña, Alemania y EEUU, recurren a la innovación tecnológica para afrontar ‘los retos y desafíos del fin de siglo’, es decir, para escapar de la crisis. La industria tradicional, en decadencia, incapaz ya de competir con éxito en el mercado internacional, deja paso a la nueva industria, basada en la alta tecnología, la información y los servicios. La reingeniería laboral y las reformas en la educación conseguirán adaptar la población a las ‘demandas del entorno’. Para impedir el colapso del sistema es preciso, por un lado, que ciertas transnacionales permanezcan en su posición de privilegio –por lo que será preciso crear la demanda necesaria a través de la industria de la producción de consumidores (la publicitaria) capaz de absorber los productos de la nueva industria tecnológica– y, por otro, aliviar la tensión interior en los países desarrollados y contener a las fuerzas contrarias a este proceso, tanto interiores como exteriores, gracias a las virtudes de la tecnología en cuanto a la vigilancia, el castigo y la represión. Los nuevos métodos técnicos han servido, de forma intensificada si cabe desde los años 80, para combatir a los movimientos de resistencia y facilitar la expansión del sistema mundial empresarial. Lo que ya era una tendencia constante exigida por la estructura que llamamos ‘capital’ se convierte en estos momentos en una desesperada necesidad. Tal necesidad, y por poner sólo un ejemplo, era expresada del siguiente modo por François Mitterrand, en 1982: "La investigación constituye una de las claves esenciales para salir de la crisis. Es la llave de la renovación. Un esfuerzo tan gigantesco de investigación permitirá a Francia ocupar su lugar entre las pocas naciones capaces de controlar su técnica y, en particular, proteger su independencia... La electrónica... juntamente con el trabajo de los investigadores franceses colocará a nuestro país entre los primeros" [9]. En Europa y EEUU son recurrentes este tipo de discursos. El esfuerzo que los Estados deben acometer tiene como finalidad la creación de empleo, la conservación de puestos de dominio en el mercado internacional para ciertas empresas y la estabilidad económica. Ello pasa por el aumento de los gastos nacionales en ciencia aplicada e innovación tecnológica, así como en las ayudas e ‘incentivación’ a las empresas de alta tecnología. Los sectores beneficiarios de la subvención estatal son el aeronáutico, electrónico y de comunicaciones. En este momento comienza una incesante tarea de propaganda a fin de estimular hasta el delirio colectivo la demanda de las nuevas tecnologías, abriendo así ‘un horizonte de increíbles oportunidades para todos’. Cuando aparece el beneficio el Estado desaparece y la empresa nacional o transnacional, siguiendo el criterio de la rentabilidad sobre cualquier otra consideración, toma las riendas. Las políticas de los Estados nacionales pasan a quedar sujetas al cálculo del capital (principalmente transnacional). Al tiempo que Mitterrand pronunciaba aquellas palabras, y por seguir con el ejemplo francés, afirmaba Claude Chayson, ministro de Asuntos Exteriores, en el XII congreso de los partidos socialistas de la Comunidad Europea: "Las compañías transnacionales tienen el monopolio del análisis y las decisiones estratégicas a escala mundial. Ni los gobiernos, ni los sindicatos, ni los partidos políticos tienen esta posibilidad... Es una situación intolerable... Su estrategia se nos escapa" [10]. Esta desesperada fuga hacia adelante es traducida a las distintas poblaciones en términos tranquilizadores y optimistas. En un contexto de inestabilidad, y precisamente con el fin de mantener aquella estructura que genera periódica e inevitablemente inestabilidad –por continuar en lenguaje eufemístico–, el origen, administración e implantación de las innovaciones tecnológicas, lejos de llevarnos a una posición optimista, nos deben hacer pensar en una radicalización de la desigualdad y el desequilibrio. "¿Cómo nos encargamos –pregunta Herbert Schiller– de unos medios de comunicación concebidos, proyectados e instalados con el fin primordial de mantener ventajas y privilegios económicos e impedir el tipo de cambio social que echaría por tierra y eliminaría estos privilegios? [...] Dada la estructura dominante del poderío militar e industrial, la revolución de las comunicaciones es al mismo tiempo la consecuencia y finalidad de un vasto esfuerzo para mantener un sistema mundial de ventajas económicas. [...] Aquí no hay ambigüedad o dualismo. No es cuestión de ‘o esto o lo otro’... buen uso o mal uso de la técnica. Sólo es cuestión de dar mayor impulso y usar la nueva técnica de las comunicaciones para continuar agarrados a los beneficios económicos derivados de un sistema mundial de dominio. Por esta razón, la insistencia en los aspectos positivos y posibilidades de los nuevos medios de comunicación actuales es, en el mejor de los casos, una falta de sinceridad. [...] ...un uso de las nuevas técnicas que sea importante y beneficioso para la sociedad requiere una reestructuración de ésta. La idea de que puede darse un cambio social humanístico cuantitativamente, por medio de la nueva técnica, es irreal y rayana en la fantasía. El potencial social que pueda existir, y subrayo el ‘pueda’, en alguna de las nuevas realizaciones solamente puede evolucionar apreciablemente en un contexto social, cultural y económico totalmente diferente" [11]. Basten estas líneas para dar con la pista teórica adecuada que responda en lo posible a aquellas cuestiones con que empezamos este punto.

Glosemos a continuación las contradicciones más hirientes de los discursos del punto anterior.

Supuestamente la Universidad y, por supuesto, la sociedad toda, ha entrado en la ‘era del conocimiento’, en la ‘sociedad cognitiva’ (barbarismo que nos permite seguir el rastro hasta el epicentro de este ‘movimiento reformista’). Dada la caducidad del conocimiento el método pedagógico se desplaza, en gran medida, desde el aprendizaje de contenidos hasta el aprendizaje de técnicas de aprendizaje que posibiliten el ‘reciclado’, la enseñanza continua e ininterrumpida (lifelong learning). Hasta la enseñanza está sometida, al parecer, como toda mercancía, a distintas variantes de lo que propiamente denominaríamos como ‘obsolescencia programada’ u ‘obsolescencia moral’. Sin querer ser maliciosamente meticulosos, hay que señalar que sólo de un modo muy generoso puede denominarse ‘conocimiento’ a un conjunto de habilidades y destrezas puramente técnicas, muy especializadas; son éstas las que no pueden dejar de quedar obsoletas en un sistema productivo cuya supervivencia pasa por la incesante renovación de la base técnica de la producción. La, hasta cierto punto, equívoca metáfora marxista arquitectónica nos proponía la determinación en última instancia de la superestructura ideológica (en sentido amplio) por la infraestructura productiva. La ‘sociedad de la información’ requiere para su funcionamiento la incesante acumulación –y por tanto, para dejar espacio a tal, incesante destrucción– de habilidades técnicas. (Lo diremos de paso: no criticamos, en principio, este curso por cierta nostalgia de oficio o artesanía; se critica el origen y función de tal, se critica lo caótico del proceso, su falta de planificación racional.) En la cumbre del G–8 de Colonia (1999) se redactó una declaración titulada Objetivos y ambiciones de la formación permanente. La educación en una sociedad en transformación. En ella se subrayaba la importancia del aprendizaje permanente para la reducción de los niveles de desempleo. Ahora bien, la sociedad moderna, la sociedad capitalista, para seguir siendo tal, no deja nunca de estar en transformación, es, por definición, una sociedad en perpetua transformación. Las constantes reformas en las cartografías laboral y educativa sirven para adaptar la fuerza de trabajo a tal circunstancia. Ilustra muy bien esta cuestión el ex–presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, don Fernando Fernández-Tapias –siempre presto y solícito en la difícil tarea de "hacer frente a las demandas de la sociedad", luchando, a través de "los avances en el campo empresarial", por "el progreso y la mejora de todos los ciudadanos"– con las siguientes palabras: "Los continuos avances tecnológicos nos obligan a la formación permanente de los trabajadores y los directivos, por lo que vamos a fomentar que los planes de estudio y de formación no olviden las necesidades de las empresas, que requieren, para seguir progresando, de un capital humano cada vez más preparado y eficiente" (Metro directo, 3/04/2002). Cuando el contenido tradicional de una disciplina, sólido, pesado, denso, se convierte en un lastre para una economía de vértigo, volátil, fugaz, de ‘corto plazo’, debe ser, según su respectiva ductilidad, desplazado en beneficio de ‘competencias’ y destrezas profesionales; entonces, cuando sólo quedan puras destrezas técnicas que cambian de un momento a otro únicamente se puede ‘aprender a aprender’, sólo se puede aprender nada. Pedagogos pasan, al infierno vamos...

Otra cuestión que debe pensarse es aquélla que trata de conciliar la financiación de la Universidad como bien público junto a la financiación diferencial según determinadas finalidades extra–académicas y no necesariamente acordes con el llamado ‘interés general’. Esta discusión, debidamente contextualizada en el marco de un Estado socialmente mínimo, de un Estado entregado a las políticas de equilibrio presupuestario, de déficit cero, así contextualizada, nos lleva a pensar tal conciliación como fraudulenta, falaz, contradictoria. En una circunstancia de aguda concurrencia internacional un tal Estado se verá impelido a financiar aquellas universidades o equipos de investigación ‘excelentes’ que formen parte de corporaciones capaces de competir con éxito, es decir, rentables, capaces de producir plusvalor –ya sea en la forma de conocimiento o en la materialización de tal en forma de producto o mejora de producto susceptible de ser provechosamente incorporado a los circuitos comerciales–. Las universidades que no se adapten o que fracasen según tal dinámica serán consideradas como un lastre, como una carga gravosa para un Estado y una sociedad ‘con conciencia de coste’. Así, el objetivo que parece debe perseguir el Estado es, no financiar una educación pública excelente, de calidad, etc., sino más bien determinados centros de investigación y docencia excelentes. Las consecuencias para la geografía humana de esta centralización de los lugares de formación superior ‘de calidad’ son claras. Aun así serán brevemente comentadas a continuación al glosar la cuestión de la movilidad.

El ECTS y otras políticas educativas buscan un incremento en la ‘medidad’ –según expresión utilizada en Trends...– tanto de las titulaciones como de las calificaciones a fin de promover la movilidad estudiantil en función de las demandas de una formación y un mercado de trabajo cada vez más internacionalizados. A esta operación propiamente la llamaríamos algo así como el adecuado establecimiento del valor de cambio de la mercancía en que consiste el trabajador formado en las instituciones de Educación Superior con el motivo de evitar innecesarios y costosos desajustes y fricciones en su circulación, mejorando su empleabilidad y facilitando su constante readaptación a los ‘desafíos del entorno’, es decir, a las necesidades de ampliación y acumulación capitalistas. Abundando en tal finalidad, Gerhard Schröder –según informó El País (5/7/2002)– barajaba la posibilidad de "obligar a los jóvenes en paro a trabajar en cualquier punto del país". Un grupo de expertos trabajaba en el desarrollo de ésta y otras medidas, como por ejemplo la expansión del empleo temporal y la reducción de ayudas a los parados de larga duración. El Gobierno español, por su parte, en la frustrada reforma del empleo (Real Decreto – Ley 5/2002) valoraba como ‘adecuada’ cualquier oferta de trabajo que se situara en un radio de 50 kilómetros del domicilio del interesado –sin entrar en consideración alguna– o bien a tres horas de tal, aun si el salario fuese inferior a la cantidad recibida por la prestación de desempleo. Dadas las condiciones políticas y la circunstancia económica que ejemplifican estos datos, hagamos algunas preguntas para desvelar la contradicción que encierra la armonía establecida entre estas reformas favorecedoras de la movilidad y la participación ciudadana: ¿Qué margen hay para la actividad política en un espacio más y más precarizado, en un espacio de pauperización rampante sobre todo para jóvenes, mujeres y ancianos? ¿Puede haber ciudadanía sin polis?, ¿ciudad sin sedentarismo? ¿Hasta qué punto es acertado hablar en pleno siglo XXI –diremos fingiendo asombro– de nomadismo? El capital funciona, en palabras de Sánchez Ferlosio, mediante la cirugía del desarraigo obligatorio, mediante grandes desplazamientos de masas. El capítulo La acumulación originaria, de El Capital, y el capítulo dedicado al caso von Humboldt, de Mientras no cambien los dioses nada habrá cambiado, nos ofrecen la plantilla de los movimientos poblacionales en la sociedad moderna; nos ofrecen la misma secuencia, a veces confortable, a veces brutal, monstruosa, en que las servidumbres comunitarias son desplazadas por las servidumbres del mercado, removiendo todos los obstáculos que entorpecen los ‘progresos de la industria’. Esta es la plantilla sobre la que se producen, con mayor o menor variación, los movimientos de la población, también, en pleno siglo XXI. ‘Movilidad’ es la forma amable de decir desarraigo, de decir movimiento –no acción, pura physis– tras la fuerza atractora del capital. Ejemplifiquemos tales dos vertientes del mismo proceso: El Estado español, según hemos podido ver en la televisión, ha ‘exportado’ con éxito cientos de enfermeras y demás personal médico a distintos países comunitarios, especialmente a Inglaterra; hemos podido ver cómo se despedían de sus familias, sonrientes, despistadas, algo tristes y nerviosas. Su labor, al parecer, no es necesaria por estos lugares. Por otro lado, según informa El País (10/1/2003) millones de campesinos mexicanos, amenazados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, advierten a su gobierno de las consecuencias que para la estabilidad nacional tendrá la implantación de dicho tratado. Víctor Suárez, su portavoz, al tiempo que denuncia la situación de terrible supervivencia del campo mexicano, afirma que esta situación tiene su origen en la "desruralización compulsiva, las expulsiones al estilo de las dictaduras soviéticas, que ahora son del mercado, que ha decidido que deben salir cuatro millones [de personas] del campo porque sobran y no son competitivas en el contexto de la globalización". En el tiempo de la ‘sociedad de la información y el conocimiento’, sometido al vértigo de la circulación del capital, a una velocidad que impide toda solidificación –costumbre, oficio, belleza, sentido–, el hombre, sin tribu, sin ley, sin hogar –añadamos a la lista–, sin memoria, puede que sea, acaso, un fantasma. Sólo algo tan leve, tan volátil, puede someterse a tal velocidad; nunca un cuerpo cuya gravedad consiste en poseer cultura. En las páginas de economía de El País (31/3/2002) encontramos el siguiente titular: "La falta de profesionales lastra a Europa". Parece ser que no existe la movilidad deseable entre los trabajadores de la UE. Se nos dice: "Los profesionales de un determinado sector que sobran [el subrayado es nuestro] en algunos países no llaman a la puerta de sus vecinos comunitarios que sí requieren este tipo de expertos". Los trabajadores europeos no están suficientemente incentivados para que "despegue la movilidad geográfica europea". Por ello, "...el BCE [Banco Central Europeo] considera imprescindible corregir esos desajustes entre la oferta y la demanda comunitarias". Evidentemente la cultura es un lastre, un fardo pesado para que el trabajador, como una mercancía más, ascienda hasta los vientos de un mercado laboral que permita a la ‘zona euro’ responder con firmeza a los ‘desafíos’ y ‘retos’ planteados por ‘la sociedad de la información y el conocimiento’. En la misma página aparece una tabla en la que se muestran estos desajustes según cada país de la Unión. Las columnas están encabezadas por las palabras faltan y sobran. Cuando se tiene a una población compuesta por nómadas –para lo cual no es preciso renovar una violencia que es origen–, por hombres sin polis, por hombres despolitizados, la corrección exigida por el BCE sólo es cuestión de tiempo, de que las medidas ya en marcha surtan efecto. Un nómada acaso sea un ciudadano del mundo –esto es, un trabajador desarraigado que ocupa una posición de privilegio– o un inmigrante –esto es, el resto de trabajadores desarraigados–; un nómada no es, en ningún caso, un ciudadano. La otra cara de la internacionalización del capital, de ese mundo interdependiente, interconectado globalmente, es la desestructuración, la desarticulación de las culturas nacionales, la pérdida del arraigo comunitario (para bien y para mal), cierto grado, soportable o insoportable según el tiempo y el lugar, de caos social. Lo diremos con una imagen: ante el huracán del progreso, ante esa ‘fuerza de la naturaleza’ incontrolada (igualmente podríamos utilizar la imagen, propuesta por Marx, del mal aprendiz de mago incapaz de contener el poder desatado por su hechizo) y ante la abstracta desnudez del ser humano, ante una Declaración de los Derechos Humanos que en ausencia de cultura no abriga, que no protege, no son de extrañar ciertos movimientos de repliegue fundados en distintas utopías regresivas. Así las cosas, la tentación fascista en occidente es una presencia no exorcizable (no exorcizable, tampoco, por su función conservadora de un capitalismo nacional de excepción); tampoco el llamado fundamentalismo islámico. Frente, en términos de Martínez Marzoa, la liquidación abstracta, frente al ‘progreso de la Humanidad’ –inversión ideológica de la fuga hacia adelante del capital–, también frente a la revolución conservadora (fascismo), la disyuntiva, como proponía el título de aquella revista francesa en que escribieron Lyotard y Castoriadis, parece clara: algo difícil de pensar y fácil de imaginar que conservara revolucionariamente el progreso de las fuerzas productivas de la sociedad moderna neutralizando la desestructuración social y la quiebra del ecosistema; algo que no cayese en impías legitimaciones y falsas superaciones progresistas de un dolor que no se puede decir; algo que, frente a aquellas formas de barbarie, se hiciera cargo de la circunstancia actual haciéndonos conscientes, sin embargo, de que lo roto no puede ser ya reconstruido. Pero abandonemos este tono y continuemos con el análisis de las contradicciones de los documentos.

En algunos pasajes se nos ofrece la visión armoniosa de medidas que favorezcan, como ésta, un ‘dinámico crecimiento económico’ al mismo tiempo que un reforzamiento de la ciudadanía y la cohesión social. Ilustremos, a efectos de brevedad, con más datos, por lo que respecta a esta última cuestión, el marco político y económico en que debe cumplirse esta figura. En El Mundo (16/2/2002) encontramos el siguiente titular: Blair y Berlusconi impulsarán una mayor flexibilidad laboral. Ambos dirigentes, comprometidos con la meta de lograr una economía "flexible, liberal, abierta", suscribieron un documento en el que abogaban por la reducción de las trabas burocráticas y cargas fiscales, dando mayor autonomía a la clase patronal, respecto a contrataciones, despidos (facilitando el despido libre) y pensiones. El laborista Tony Blair afirmó que "la idea del trabajo seguro bloquea el mercado laboral y contradice el beneficio común de las medidas liberalizadoras puestas en marcha". Al tiempo que se hacían estas declaraciones 100.000 trabajadores se manifestaban en Roma contra las reformas laborales del gobierno italiano. Curiosa forma, sin duda, de fortalecer la cohesión social. O una cosa u otra, y no las dos, bajo el capitalismo, al mismo tiempo.

En el horizonte indeseable de una universidad pública entregada a la promiscuidad del mercado, dependiente de la financiación privada [12], en el horizonte de una universidad convertida en una FP superior de creciente especialización y tecnificación en detrimento de una también crecientemente prescindible formación humanista (esto es, en contacto con el pasado desde las perspectivas filosófica, histórica y filológica, contacto posibilitador de la reflexión totalizante, política), entregada al reciclaje de usuarios despolitizados y consumidores satisfechos, entregada a la dinámica competitiva..., en tal horizonte pretende este discurso conservar las misiones de la Universidad: la formación integral, la promoción de los valores democráticos, la solidaridad y la crítica. La yuxtaposición de democracia y eficacia repugna al pensamiento. No le es posible a la razón conciliar la tendencia de estas reformas a dotar de mayor poder a los órganos unipersonales, en pos de la agilidad y flexibilidad necesarias según las ‘cambiantes demandas del entorno’, y el debate, la discusión pública, el parlamento, no subsumible en el tiempo homogéneo de la acumulación, ese tiempo convertible en oro –otrora, patrón de cambio universal–. En efecto, la democracia, el execrado ‘asamblearismo’, es una traba para la rápida, ágil, flexible, toma de decisiones y resolución de todo problema cuando una demora en la decisión podría provocar graves pérdidas (económicas) o desventajas respecto a otros competidores. La discusión pública implica, en esta circunstancia, una problematización innecesaria de asuntos que únicamente admiten una solución técnica y económica en manos de expertos. La persecución de la eficacia a ultranza –a la par que la extensión de la sociedad de consumo– exige la despolitización de las poblaciones, cerrándose sobre ellas una lógica circular que retroalimenta el proceso. Del mismo modo, ‘adaptarse a las demandas’ que impone la transformación social y económica –y ahora ya conocemos el origen de tal transformación– y a las condiciones actuales de ‘empleabilidad’, difícilmente puede yuxtaponerse a la ‘participación activa en la concepción del futuro de Europa’. Las reformas laborales y educativas dificultan, si bien no impiden, la existencia del espacio (tanto físico como discursivo) de la actividad política, de esa ciudadanía activa a cuya responsabilidad se pretende dejar la construcción de la nueva Europa, de esa ciudadanía que, al tiempo, potenciará al máximo su desarrollo... ¿en qué dirección?, ¿como función maximizadora de la acumulación y valorización capitalistas, tal vez?

Respecto a la armoniosa convivencia –sería más exacto decir ‘connivencia’– entre los sistemas de educación públicos y los proveedores transnacionales en el marco del GATS, hay que decir que dada la posibilidad sancionadora, penalizadora, de la OMC –organismo económico carente de la transparencia y publicidad debidas, en el que las posiciones negociadoras de los gobiernos no son sometidas a debate público– hacia políticas ‘discriminatorias’ tendentes a subsidiar la enseñanza pública, dada tal posibilidad, la financiación de la educación a este nivel estaría en serio peligro. La subsidiación local y el legítimo objetivo de la persecución del interés público quedan desplazados como barreras distorsionadoras de la libre competitividad y eficacia económica; para ello se utiliza una imagen falaz: en este juego –olvidando la dinámica trágicamente selectiva de la concurrencia– ‘todos salimos ganando’. Cuestiones como la equidad, la accesibilidad, la libertad académica y el mantenimiento de disciplinas, en principio, comercialmente irrelevantes –cuando menos, en su estado actual– y, por tanto, de forma creciente, estranguladas en lo financiero, estas cuestiones, decimos, quedan progresivamente relegadas al margen de la asignificatividad, no encontrando lugar alguno, en esta gramática, en que cobrar sentido.

Se toma, por lo común, en estos textos, a ‘la sociedad’ [13], sin más determinaciones, como último agente responsable de la reforma. En un tono de justificación, casi diríamos, infantil, se afirma: ‘la sociedad exige...’, ‘la sociedad demanda...’, ‘la sociedad pide...’. Coinciden en el discurso y, desgraciadamente, en las más de las conciencias, intereses del mercado e intereses de la sociedad. Pero ‘la sociedad’ –sólo con las pinzas de las comillas parece hoy dejarse tomar este término– se limita a reaccionar con rezago a los cambios desatados en el edificio social por la desesperada exigencia estructural ya mentada de renovar incesantemente la base técnica de la producción. Tal exigencia es invertida ideológicamente y transfigurada en demandas de la sociedad y aun de la humanidad toda. La lectura de una metáfora, nada casual, extraída del Memorándum..., nos lleva, al punto, a esta otra metáfora utilizada por Fernando Álvarez - Uría y Julia Varela en el prólogo al libro –lectura obligatoria– de Karl Polanyi, La gran transformación: con la llegada del liberalismo, "...en la historia de la humanidad la sociedad se convertía en una simple función del sistema económico y flotaba sin rumbo en un mar agitado por las pasiones y los intereses, como un corcho en medio del océano. [...] Las viejas formas de socialidad fueron sacrificadas al nuevo ídolo del mercado autorregulador [...] ...las sociedades se vieron despojadas de su soporte humano y natural" [14].

El comentario de aquellos textos nos ha servido de excusa para acotar la circunstancia en que tendrán lugar los desafíos de la Academia para el Tercer Milenio. La presión que el capital ejerce, de formas más o menos sutiles o directas, sobre la formación científica básica y sobre los contenidos tradicionales de ciertos estudios superiores –en especial, los menos reconciliados con el presente–, amenazando con su extinción o con deformarlos hasta lo irreconocible, nos sitúa, al parecer, en una situación aporética. Tanto la resistencia como la entrega incondicional a este curso suponen, progresivamente, la desaparición de tal formación y tales contenidos, ya sea por, digamos, asfixia financiera, o por un exceso de maleabilidad que los conviertan en otra cosa. Un conocimiento no plusvalorizable, cuyo espacio público no es defendido por un poder estatal en deconstrucción, difícilmente encontrará financiación privada; deberá ir dejando de ser, al menos en su forma institucional. Por lo que respecta a los estudios de Filosofía este curso es especialmente siniestro. A pesar de la implantación de la Filosofía en la Enseñanza Secundaria, existe una tendencia al acomodo de los nuevos licenciados en el ámbito empresarial en forma de ‘ejecutivos sofisticados’ dedicados a tareas de dirección, gestión y recursos humanos, tareas ‘lubricantes’ de la dinámica capitalista. Del mismo modo, la creación de departamentos de ‘bioética’ y ‘ética de la empresa’ apunta inequívocamente a funciones legitimadoras de este desorden de cosas. Esta transformación de las salidas profesionales para estos estudios tenderá a ir progresivamente forzando su ductilidad en la dirección marcada por la lógica de acumulación y revalorización capitalista, lógica que tiende a obturar la posibilidad misma de dar cuenta de este proceso.

5. (En el país de las últimas cosas.) La publicidad con que la empresa norteamericana Nike tomó al asalto el metro de Ciudad Universitaria nos ofrece la oportunidad, con una única imagen, de aprehender, siquiera sea, en principio, intuitivamente, de un solo vistazo, el aciago curso que atraviesa las líneas de este artículo. El lugar: un lugar de tránsito, de frenético tráfico en pos del título de ‘nómada excelente’, ‘nómada con certificado de garantía’, ‘nómada de calidad’. En la entrada a este lugar los ‘creativos’ de Nike habían dibujado una pista de atletismo, una pista de velocidad, en la que se podía leer: "¡A correr! Aviso: algunos estudios demuestran que la frustración raramente persiste durante más de 5 kilómetros". El mensaje estaba ilustrado con la calavera y las tibias cruzadas. Al momento recordamos las siguientes palabras del señor Josep María Bricall: "Hasta hace relativamente poco podíamos decir que la Universidad podía no correr, porque no tenía prisa. Era la única que suministraba formación. [...] En EEUU las universidades tradicionales y las no tan tradicionales están preocupadas por la competencia que les hacen las universidades corporativas, que son unas instituciones creadas por empresas, o bien ellas mismas son empresas con espíritu de beneficio, que están recogiendo la demanda que debería ir a las universidades. Las universidades deben ser conscientes de que el mundo va muy deprisa, y cuando el mundo va deprisa inmediatamente aparecen formas de suministro de los servicios que se demandan" (Gaceta Complutense, 21 de marzo de 2000). Si se nos pidiese un símbolo de la circularidad infernal en que estamos, no encontraríamos uno mejor. "El capitalismo histórico es un sistema patentemente absurdo. Se acumula capital a fin de acumular más capital. Los capitalistas son como ratones en una rueda, que corren más deprisa a fin de correr aún más deprisa" [I. Wallerstein: El capitalismo histórico, pp. 31 y 32 (Siglo XXI Editores, S.A., Madrid, 1988)].

NOTAS

[*] Jorge Felipe García Fernández es alumno de doctorado.

[1] Antes de la presentación del polémico documento, en entrevista publicada por El País Digital (13/01/98), Josep María Bricall adelantaba algunas líneas del encargo hecho por la Conferencia de Rectores (CRUE) -informe con el que el PSOE, a través de su, por entonces, presidente, Joaquín Almunia, estaba en completo acuer-do-. En breve: según tal entrevista, la receta a aplicar pasa por la diversificación y especialización de cada Universidad, la forma-ción flexible y continua y la relación con el mundo empresarial. Ante la pérdida del monopolio de la educación se impone una es-trategia de alianza entre universidades y otras instituciones; se impone la búsqueda de financiación más allá del presupuesto pú-blico. El señor Bricall es partidario de la autonomía, pero de una autonomía "...para que reaccione, no para no hacer nada. [...] ...no hacer es suicidarse, no se pueden dejar las cosas como están". (Reaccionar, ¿no es una forma de no hacer nada? Hacer, ¿no es, también, una forma de dejar las cosas como están?)

[2] La obra de Marx no sólo nos ofrece el instrumental conceptual más adecuado para la disección de la sociedad moderna; también sus metáforas son las más profundas para la aproximación intuiti-va a este objeto. Pocas metáforas tienen tanto alcance como la siguiente: todo lo sólido se desvanece en el aire. Marx se cita a sí mismo en El Capital [vol. I, p. 407, Fondo de Cultura Económica, S.A., México, D.F., 1999] con estas palabras del Manifiesto Co-munista: "La burguesía no puede existir más que revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen social. [...] La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relacio-nes sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su sé-quito de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de haber echado raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma, lo santo es profanado, y, al fin, el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas a con-templar con mirada impasible su vida y sus relaciones con los demás".

[3] Ibídem, p. 258.

[4] Ibídem, p. 257.

[5] Ibídem, p. 267.

[6] Ibídem, pp. 296, 316, 422.

[7] B.O.E. núm. 181, 29 de julio de 2000.

[8] (Una nota sobre las mujeres de la limpieza, la guerra de Iraq y el sistema mundial empresarial.) En principio podría parecer aventurada, absurda, tal vez, la tarea de conectar con los nexos ar-gumentales debidos dos fenómenos tan aparentemente alejados -no sólo espacialmente- como son los de una huelga de limpieza en ciertas Facultades de la Universidad Complutense de Madrid -desconvocada el día 27 de marzo de 2003- y la guerra -la masacre, para ser más rigurosos, dada la desproporción tecnológica entre invasores e invadidos- que acontece en estos momentos en Iraq. ¿Cuál será el hilo invisible que atraviesa estas cuestiones?
Comencemos con algunos datos. En El País del día 24 de marzo, se citan las siguientes palabras de Ana Palacio en respuesta a una pregunta acerca de la situación económica por entonces actual: "Las bolsas han subido y el petróleo ha bajado. Ya los ciudadanos pagan unos céntimos menos por la gasolina y el gasóleo. Eso son datos. La intervención está todavía en marcha, y no vayamos más allá; pero ahí hay datos". El siguiente titular co-rresponde a La Vanguardia, día 18 de marzo: EEUU empieza a repartir el pastel de la reconstrucción posbélica de Iraq. Merrill Lynch cree que ACS, Dragados y Ferrovial se verán beneficiadas. A pesar de que las empresas estadounidenses se adjudicarán la parte del león en la reconstrucción de Iraq, analistas financieros piensan que algunas empresas españolas se verán favorecidas, tanto en bolsa (por las expectativas) como en la reconstrucción de la infraestructura de aquel país. Ken Rumph, analista de Merrill Lynch, recomendaba invertir en estas empresas. También en bri-tánicas, pero no en francesas. Ya en febrero, la Agencia de Desarrollo Internacional de EEUU remitió a ciertas empresas la copia de un contrato para el diseño y reconstrucción de un puerto, carreteras, depuradoras de agua, aeropuertos, sistemas de alum-brado, servicios de salud y educación, edificios gubernamentales y sistemas de regadío. Hay conexiones, por cierto (qué casualidad), entre algunas de ellas y miembros del gobierno estadounidense: Dick Cheney, Richard Perle. El País, día 27: Empresas de EEUU van a gestionar 1.900 millones en Irak. (A la luz o, más bien, a la oscuridad de estas cifras, no podemos evitar pensar en cuánto cuesta, contra todo sentido común, destruir -ver presupuestos mi-litares- y qué poco construir...) Andrew Natsios, director de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID), afirma que, de acuerdo a la pasada experiencia (ex-Yugoslavia), un 50% del pre-supuesto para la reconstrucción irá a parar a subcontratas de otros Estados. "La ministra de Asuntos Exteriores española, Ana Pala-cio, dijo el martes [día 25] en Washington que 'se da por hecho' que empresas españolas van a participar en la reconstrucción de Irak..."
Una de las mejor situadas en la lista es el Grupo Draga-dos, empresa transnacional, 'ágil y flexible', con presencia en los sectores de la construcción, los servicios, la industria y la inmobi-liaria; pionera, se nos dice, "en el proceso de internacionalización del sector español de la construcción". Dragados obtiene en los mercados exteriores un 27% de su facturación. De entre la colec-ción de tópicos y tendencias de las que todo grupo empresarial está preso, subrayamos los objetivos (según su propia página web) de la internacionalización de todas sus actividades y la implanta-ción de nuevas políticas de gestión de los Recursos Humanos.
La sección de Servicios alcanzó el pasado año una factu-ración de 1.484 millones de euros con un crecimiento del 16,7% respecto a 2001. "El crecimiento más importante de la división tu-vo lugar en CLECE, cuya facturación ascendió a 385 millones de euros, un 58,3% más, tras la incorporación de Integra, dedicada al mantenimiento de edificios." El Grupo Dragados obtuvo el pasado año un resultado neto atribuido de solamente 220,5 millones de euros, un 8,3% menos que en 2001. El descenso de la cifra de be-neficios se debe, fundamentalmente, a la situación en Argentina, a la devaluación de las monedas latinoamericanas y al descenso de la actividad en telecomunicaciones. Aun así, durante este año, "el Grupo Dragados tiene previsto lograr un beneficio neto atribuido de 250 millones de euros, lo que supondrá un crecimiento del 13% respecto al de 2002, y de 340 millones de beneficio antes de im-puestos, lo que representará un incremento del 42%". Añadamos algunos datos más, no demasiados, no quedemos saturados. El Rectorado de la UCM externalizó los servicios de limpieza de al-gunas de sus Facultades a través de la empresa CLECE. El Rectorado pagaba aproximadamente 300.000 pesetas por trabaja-dor contratado a tiempo completo; éste recibía unas 90.000 -el capital, obviamente, habla en euros mientras que el trabajo sigue hablando en pesetas-. El salario base era de algo más de 3.000 pe-setas. Estas circunstancias han sido ligeramente alteradas -en ningún caso en la medida de las reivindicaciones- tras el acuerdo -cediendo a múltiples coacciones- firmado con la empresa. Esto también son datos.
La mejora en los resultados y la corrección del lastre latinoamericano se arregla como se arreglan siempre estas cosas: intensificando la explotación del trabajo y ocupando nuevos mer-cados, es decir, con nuevas políticas de Recursos Humanos y reducción de costes y con la internacionalización de sus activida-des "aprovechando el buen momento que atraviesa el sector productor de petróleo y gas", por ejemplo. Estas empresas 'no ha-cen mal a nadie', simplemente 'ganan en presencia internacional', simplemente están obligadas a ser 'empresas ágiles y eficientes, competitivas y de calidad', simplemente se aprovechan de las es-trategias geopolíticas neocolonizadoras y del aplastamiento de los pueblos, simplemente se aprovechan de la precarización del tra-bajo, del miedo, ansiedad e incertidumbre de tantos hombres y mujeres.
Sin descartar otro tipo de factores, abundemos en la ex-plicación, en última instancia, económica. (No importa que esté dicho una y un millón de veces...) La expansión de las grandes transnacionales en concurrencia choca con los límites del planeta en el tiempo de la globalización: no hay nuevas tierras en que en-contrar nueva mano de obra, materias primas y recursos energéticos más baratos con que contener la crisis interna a los Estados de las llamadas 'economías desarrolladas'. Pero lo que sí puede hacerse es desplazar de su situación de privilegio a ciertas empresas y sustituirlas por otras. Tenemos aquí lo que podríamos llamar un 'frente externo' abierto por y para la expansión del sis-tema mundial empresarial. Pero existe también un 'frente interno': la reestructuración de las rigideces de los mercados labo-rales y la progresiva desaparición de los débiles andamiajes de bienestar social por el llamado 'capitalismo flexible'. Nos las ha-bemos, al parecer, a un tiempo, con una reconfiguración geopolítica global -en la que determinadas potencias y grandes empresas a ellas asociadas desplazan a otras de sus zonas de do-minio relativo- y, por otro, la reforma en la correlación de fuerzas entre el trabajo y el capital. Dos frentes en los que el capital halla un punto de fuga en la gestión de la crisis. Tales fuerzas económi-cas encuentran un límite en la situación actual del Derecho. Las instituciones que la sociedad moderna ha creado se convierten en corsés que es necesario romper. Tan sólo permanece en pie un discurso en que nadie cree, tanto menos cuanto más utilizado es a efectos de justificación y legitimación. Acontece la dolorosa rup-tura de una ilusión vigente durante 40 ó 50 años: la de un capitalismo civilizado. Donde el mito de la libre competencia no alcanza, aparece el largo brazo del poderío militar; donde la mano invisible, con todos sus fraudes y engaños, no llega, se llega manu militari. Thomas Friedman, consejero de Madeleine Albright, lo dice de la siguiente forma (citado por Samir Amin [Alto a la OTAN. El proyecto imperialista neoliberal de la hegemonía de Estados Unidos], del Magazine del New York Times, 28 de marzo de 1999): "Lo que el mundo necesita: la mundialización sólo fun-cionará si Estados Unidos actúa con la fuerza todopoderosa que le confiere su calidad de superpotencia. La mano invisible del mer-cado jamás funcionará sin el puño invisible. Mac Donald no prosperará sin la Mac Donnell Douglas, que ha construido el F15. El puño invisible que garantiza un mundo seguro para la tecnolo-gía de Silicon Valley se llama ejército, aviación, marina y Cuerpo de Marines de Estados Unidos". Este 'matrimonio de convenien-cia' ha alcanzado en palabras de José María Aznar -durante un almuerzo con la delegación del Foro de Marcas Renombradas- su más extractada y acertada expresión: "la marca 'España' goza de buena salud".

[9] Citado por Herbert Schiller, Información y economía en tiempos de crisis, pp. 21, 22 [FUNDESCO, Editorial Tecnos, S.A., 1986, Madrid].

[10] Ibídem, p. 28.

[11] Ibídem, pp. 29, 36, 42.

[12] "...expresión empleada acertadamente para designar el capital, la propiedad inmueble y su Estado..." (El capital, p. 296).

[13] (El caso Regina 11.) Para comprender las implicaciones que pueda tener para la Universidad pública la búsqueda de financia-ción privada expongamos el caso Regina 11. Durante el año 2002 estaba prevista la cesión, por parte de la Facultad de Medicina, del Anfiteatro Ramón y Cajal -para más señas, el lugar donde se rea-liza el acto de Apertura del año Académico en la Complutense- como espacio en que desarrollar el Curso de Relajación Mental Regina 11, cuyo folleto de propaganda merece sin duda la pena ser reproducido aquí: "Iniciación a la Metafísica. Curso práctico no teórico. Conozca las técnicas para aprender a: 1. Ver el aura hu-mana y canalizar su energía para vivir positivamente. 2. Recibir y enviar mensajes mentales (telepatía). 3.Controlar la salud física y mental por medio del magnetismo. 4. Estudiar sin esclavizarse de los libros. 5. Relajarse instantáneamente en cualquier circunstan-cia. 6. Educar a sus hijos mientras duermen. 7. Tener un matrimonio feliz. 8. Controlar la fuerza del pensamiento. 9. Ver y saber los diferentes significados de las caras. 10. Proyección y as-troproyección y la forma de hacerla. 11. Levitación. Este curso también lleva al alumno a una asombrosa introspección al origen y destino del ser humano. Con frecuentes Cambios de Energía, que Regina realiza a sus grupos mientras se dicta el curso. Relajación Mental no es simplemente un curso, es un proceso que te trans-porta al maravilloso mundo de la mente. Regina 11 es maestra de maestros de Metafísica y conocida mundialmente, con millones de alumnos repartidos por infinidad de países. Y autora de varios li-bros de Metafísica". Todo ello... ¡al increíble precio de 66 euros! Este delirante curso fue abortado, en el último momento, por la falta de acreditación adecuada.

[14] La gran transformación, p. 15 [Ediciones La Piqueta, Madrid, 1997].