Ante la actual movilización social frente al Proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU), en la que parecen converger las perspectivas de los estudiantes, de la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE), y de la oposición parlamentaria al partido en el gobierno, nos parece una cuestión de primerísima importancia someter a discusión, tanto en el ámbito universitario y docente como en la sociedad en su conjunto, una idea que parecen compartir la mayoría, si no la práctica totalidad, de las partes en litigio: se trata, en efecto, de la idea de "sociedad del conocimiento", como un proyecto al parecer por todos compartido y cuya bondad nadie fuera a poner en cuestión, de modo que parece que de lo que se trata es de discernir cuál o cuáles de las distintas partes contendientes puede realizar con mayor perfección el proyecto contenido en semejante idea.

He aquí una muestra de ese supuesto de fondo comúnmente compartido: En el apartado I de la "Exposición de motivos" de la LOU se nos dice: "Estos nuevos escenarios y desafíos requieren nuevas formas de abordarlos y el sistema universitario español está en su mejor momento histórico para responder a un reto de enorme trascendencia: articular la sociedad del conocimiento en nuestro país". Por su parte, la circular redactada por la Secretaría de Educación, Universidad, Cultura e Investigación del PSOE, al objeto de promover la crítica de la LOU, se titula ella misma "Una Universidad para la Sociedad del Conocimiento". Por lo demás, no tenemos noticia de ninguna autoridad académica perteneciente a la CRUE que haya manifestado crítica alguna de la idea de "sociedad del conocimiento" y, por lo que sabemos, sólo desde algún sector muy determinado del movimiento estudiantil se han discutido con criterio las implicaciones de semejante idea.

Sin embargo, estimamos que ésta es precisamente la idea de fondo que debe ser sometida a discusión, y ello como condición imprescindible para poder llevar a cabo una oposición a la LOU que sea efectivamente adecuada en la medida misma en que, sin dejar de criticar dicho Proyecto de Ley, lo critique como lo que es, esto es, un muestra más -y acaso no la peor - de una tendencia general que asimismo comparten otras muchas partes sociales y políticas que sin embargo se oponen asimismo en el momento presente a dicho Proyecto. Sólo estableciendo semejante crítica o criba conceptual, podrá introducirse una cuña en el actual movimiento de oposición que, desprendiendo aquellos posibles sectores suyos que puedan compartir la tendencia común de fondo de aquellos otros posibles sectores capaces de oponerse a dicha tendencia, pueda enderezar dicho movimiento siquiera hacia posiciones verdaderamente críticas tanto de la actual LOU como de la tendencia general que ella expresa y prosigue.

Nuestra intención es, pues, colaborar a promover, mediante el presente texto, el tipo de debate que consideramos necesario.

De entrada, es sin duda preciso reconocer que desde los comienzos mismos de la sociedad industrial las ciencias estrictas -las ciencias físico-naturales y sus diversas ramas- han ido generando en el espacio social tecnologías asociadas cuya dinamización se ha visto sin duda impulsada por intereses productivos del sistema socioeconómico generado por dicha forma industrial de producción. En este sentido, creemos que no hay lugar para escandalizarse, por parte de nadie, ante el incremento comparativo de la presencia de las diversas ciencias estrictas y de sus tecnologías asociadas en las Universidades contemporáneas crecidas al compás del desarrollo de la sociedad industrial. Ahora bien, precisamente es el formidable edificio levantado por el complejo científico-tecnológico en la sociedad contemporánea el que nos pone a todos frente a la inexorable responsabilidad del control público -esto es, político y social- de los posibles cursos sociales diferentes que pueda ir tomando dicho edificio sobre el que ciertamente no parece que quepa globalmente ninguna clase de marcha atrás. Y es precisamente el camino que este edificio viene tomando en los últimos años en los países con "economía desarrollada" (con ritmos y formas histórico-geográficas propias, sin duda) aquel que precisamente viene ahora a querer ser ajustado y promovido en dichas sociedades mediante el espejismo ideológico contenido en la idea de "sociedad del conocimiento".

Pues dicho camino incluye, en efecto, no ya sólo una creciente desarrollo comparativo de las tecnologías en detrimento de la investigación científica básica, sino asimismo, y muy específicamente, un crecimiento de la investigación y de las aplicaciones tecnológicas cada vez más desligado del control científico (teórico) de los posibles efectos (humanos, sociales, ecológicos) de dicha investigación y aplicaciones tecnológicas. Asistimos, en efecto, en los últimos años, en las sociedades con economías "desarrolladas", a una explosión imparable de unas investigaciones y aplicaciones tecnológicas indefinidamente ramificadas y cada vez más autónomas respecto de todo posible control científico (teórico) de sus consecuencias. Esta independencia creciente, y al parecer imparable, de la explosión tecnológica con respecto a su posible control científico no es socialmente neutral: la inversión en investigaciones y aplicaciones tecnológicas obtiene rendimientos más inmediatos por lo que respecta al incremento imparable de la productividad, a su vez realimentada por el crecimiento imparable del consumo, mientras que por otro lado el control científico de dichas aplicaciones tecnológicas supondría un incremento de la inversión no susceptible de ser tan inmediatamente rentabilizado por los intereses implicados en optimizar la relación entre inversión y rendimientos productivos y por ello precisamente interesados en dicho desarrollo tecnológico desprendido de todo control científico. A su vez, al compás mismo del desarrollo de dichas tecnologías desprendidas de todo control científico, en cuanto que dicho desprendimiento resulta estar más inmediatamente vinculado a la optimización de la relación entre inversión y rentabilidad (productiva), se produce la progresiva ausencia de control público (social y político) de la propia investigación científica (básica, teórica), el cual control va siendo desplazado y sustituido por el exclusivo control de la sola investigación tecnológica por parte de los intereses implicados en la optimización entre inversión y rentabilidad.

Así pues, la tendencia global que estamos experimentado en los últimos años en las sociedades con economías "desarrolladas" consiste en que el control público que pudiera y debiera asegurar- mediante el debate socio-político público e informado -las direcciones en cada caso a imprimir a la investigación básica en las ciencias como condición del control de sus aplicaciones tecnológicas va quedando sustituido por el control económico privado de dichas aplicaciones tecnológicas en cuanto que desprendidas de todo posible control científico y por ello del control público de dicho control científico. Es justamente semejante estado de cosas el que ha comenzado ha ser denominado como la "sociedad del conocimiento".

Por lo demás, y a su vez, en aquellas sociedades "desarrolladas" cuyo sistema socioeconómico no les ha permitido, por razones históricas, generar la suficiente capacidad de inversión privada como para levantar desde dicha inversión sus propias universidades privadas (paradigmáticamente: las sociedades europeas, y aún más la española, frente a la norteamericana), la estrategia consiste en poner lo más rápida y ajustadamente posible, toda la infraestructura (humana, institucional y científico-técnica) de las universidades públicas al servicio de semejante "política" que busca la sustitución del control genuinamente político de la ciencias y de las tecnologías por el control privado económicamente optimizado de las tecnologías desprendidas de control científico. A este proceso de ocupación de las universidades públicas por parte de los intereses económicos privados "optimizadores" se le viene concibiendo últimamente como un proceso de "necesaria" "adaptación" de la universidad de los "desafíos" o los "retos" de la actual "sociedad del conocimiento".

Se comprende entonces el tipo de organización administrativa que debe imponerse en las Universidades de acuerdo con la satisfacción de semejantes "desafíos" de "nuestro tiempo". Frente a todo posible control público o político centralizado de las Autonomías universitarias, se tenderá a hacer prevalecer dichas Autonomías, la cuales, a su vez y más específicamente, se buscará subordinar a los denominados "consejos sociales", que son la vía a través de la cual se imponen los intereses económicos privados "optimizadores" en la Universidad. Pues no es, en efecto, "La Sociedad" -al parecer, tomada en abstracto, o en general-, aquella que se hace valer en la Universidad por medio de los denominados "consejos sociales", sino muy específicamente aquellos intereses económicos privados "optimizadores" -en todo caso apoyados por comparsas como los actuales sindicatos-, y ello en la medida misma en que la única determinación efectivamente posible de la "sociedad", a saber, la sociedad política mediante sus mecanismos políticos de control público, va perdiendo precisamente control de la universidad al ir desapareciendo las imprescindible centralización planificada mínima de las autonomías universitarias, las cuales a su vez, y en cuanto que central y políticamente controladas, no debieran ceder ante los "Consejos sociales".

Por lo demás, y a su vez, el mapa sociológico que, desde el punto de vista laboral, quiere obtenerse mediante la "necesaria adaptación de la universidad -y de la enseñanza secundaria- a la sociedad del conocimiento" comienza a tomar una morfología muy característica. Se trata, por un lado, de segmentar la enseñanza secundaria destinada a ocupaciones profesionales sub-universitarias en tantos niveles de cualificación como lo requieran las diversas ramas de la producción y los servicios, y a su vez, y por otro lado, de segmentar asimismo la enseñanza universitaria en otros tantos segmentos comparativamente más cualificados pero en todo caso formando con los primeros un continuo de niveles de cualificación que respondan todos ellos, y esta es la clave, a la indefinidamente creciente diversificación especializada en ramas productivas y de servicios que requiere una producción "tecnológicamente optimizada". Se trata por tanto de disponer la mano de obra en un continuo laboral de escalones de cualificación ligados a la creciente especialización de los diversos segmentos de una ramificación indefinidamente creciente de trabajo puramente tecnológico, ocupados cada uno en su segmento o subsegmento de especialización y en su nivel de cualificación, mas de tal modo que en dicho continuo tienda a desaparecer, incluso por sus segmentos más cualificados -pero a su vez superespecializados- toda formación (y por tanto todo juicio) propiamente científico. A semejante disposición sociológico-cognoscitiva de la población laboral se la entiende también como el acceso de la población a la "sociedad del conocimiento"; o a veces también esta disposición -ya diseñada y lograda, íntegramente en sus tramos secundarios, y en buena medida en los universitarios, mediante la LOGSE y la LRU, por el gobierno anterior al que actualmente nos gobierna- se la defiende como el acceso de la población a la "universalización de la enseñanza", cuando es el caso que, por su diseño, al compás mismo en que se extiende universalmente la enseñanza entra la población se evaporan los contenidos sustantivos propiamente universales de lo que se enseña.

Por lo demás, semejante disposición sociológico-cognoscitiva del mapa laboral no es ni mucho menos neutral desde el punto de vista político o ciudadano. Pues esta relación entre cualificación (cognoscitiva) y especialización (tecnológica) - que implica que el incremento de la cualificación cognoscitiva sólo se logra mediante la especialización tecnológica -, combinada y realimentada con la creación de una creciente sociedad de consumidores satisfechos que alimentan, mediante el consumo indefinido, aquella misma disposición del mapa sociológico-cognoscitivo laboral en el que trabajan, tenderá indefectiblemente a ir colapsando las condiciones mismas de posibilidad de esa sin embargo necesaria sabiduría consistente en la reflexión totalizadora sobre el conjunto de las relaciones sociales y de los diversos conocimientos y tareas laborales que la sociedad genera, una sabiduría que no se reduce a ninguna de estos conocimientos y tareas, pero que los presupone a todos, y que sólo puede gestarse entre medias de todos ellos como algo en principio a lo que debiera poder acceder cualquiera, sea cual fuese su oficio, conocimiento o posición social : nos referimos a esa sabiduría que consiste en la formación del juicio político de cada ciudadano, sólo mediante el cual juicio podrá participar en la vida política misma de la sociedad.

Queremos, en efecto, llamar enérgicamente la atención sobre el hecho de que la realimentación imparable entre aquella disposición del mapa laboral sociológico-cognoscitivo que sus valedores llaman "sociedad del conocimiento" y la creación de una sociedad de acomodados consumidores satisfechos que dicho mapa genera, cercena las posibilidades mismas del juicio político ciudadano y convierte a la siempre necesaria sociedad política en un fantasma de sí misma incapaz de reobrar reflexivamente sobre su propio curso.

Es de primera importancia, por esto, llamar en este contexto la atención sobre el lugar de las "humanidades" en la educación -secundaria y universitaria-, pues estimamos que cualquier clase de defensa de las humanidades que vaya asociada a la defensa de la denominada "sociedad del conocimiento" es objetivamente un acto de mala fe, reduciéndose a lo sumo a una suerte de condimento puramente publicitario o propagandístico de intereses partidistas, pero nunca una defensa recta y leal de las mismas. Ante todo, es preciso dejar claro que cuando hablamos de "humanidades" no nos estamos refiriendo a las denominadas "ciencias sociales" (economía, sociología, psicología, "ciencias de la información", antropología etnológica ...), sino a las humanidades propiamente dichas, esto es, a las diversas filologías, a los saberes históricos y a la filosofía. Las denominadas "ciencias sociales" ya tienen, en general, su puesto bien asegurado en la "sociedad del conocimiento", en la medida en que más que genuinas ciencias (o saberes teóricos universales y demostrativos, cada uno de ellos según su propia categoría), se trata de hecho de algo muy próximo a ciertas técnicas funcionales de control social que se encuentran más reconciliadas con el estado puntual de los problemas sociales del presente, y de las soluciones puntuales de los mismos. Ahora bien, si suponemos que las humanidades son imprescindibles es precisamente en la medida en que aquellas soluciones puntuales a los problemas sociales del presente se manifiestan una y otra vez, y pese a sus pretensiones. como insuficientes, y ello en la medida en que dichos problemas y soluciones están atravesados por la historia, que es la sustancia misma con la que nos ponen en contacto, de diversos modos, las humanidades. Las humanidades, en efecto, nos ponen en presencia de aquellas fuentes históricas que han generado nuestra sociedad actual, con sus actuales conflictos y problemas, a partir de las cuales fuentes podemos alcanzar criterios más amplios y más profundos para reobrar de un modo totalizador y reflexivo, y por ello crítico, sobre nuestro presente, o sea, sobre las diversas alternativas posibles de un presente que se ha gestado siempre a un nivel de profundidad y amplitud históricas cuyas claves precisamente recuperamos mediante los conocimientos humanísticos. De aquí que las humanidades no sean, en modo alguno, un lujo superfluo, sino algo "útil" en su sentido más noble y elevado, esto es, en el sentido de que son necesarias para ayudarnos a formar nuestro juicio político sobre el presente, a su vez entendiendo lo político en su sentido más noble, esto es, como la actividad totalizadora y reflexiva, que a cada cual compromete, sobre el conjunto de los problemas que nos afectan a todos, y por tanto a cualesquiera de nosotros.

Se comprende entonces de qué modo en las sociedades económicamente avanzadas esa tenaza denominada por sus valedores "sociedad del conocimiento" está cerrando sobre todos nosotros su círculo implacable de barbarie cognoscitiva y política: De entrada, el desarrollo tecnológico científicamente descontrolado ya implica, de suyo, la cesión del control político de la ciencia, y por ello de la tecnología, en manos de una apropiación y potenciación meramente económica particular de la única investigación que resulta económicamente optimizable, o sea, la tecnológica desvinculada de la científica. A su vez, la realimentación imparable entre el mapa laboral sociológico-cognocitivo que se sigue de aquella optimización económico-tecnológica con la sociedad de consumidores satisfechos que asimismo genera dicho mapa tiende a socavar toda virtud y toda acción política, y por tanto a reforzar a su vez la cesión de control político, ya no sólo de la ciencia y de la tecnología, sino en general, en manos de un control ya económico de los agentes económicos optimizadores de la dinámica social misma en su conjunto. Por fin, es dentro de este círculo donde sí que resulta un lujo superfluo toda disciplina genuinamente humanista necesaria para la formación del juicio político del ciudadano, razón por la cual el círculo de la "sociedad del conocimiento" deberá tender a cerrarse sobre la base de esta última exclusión de sus contenidos, la de los estudios de humanidades.

Por ello, frente a semejante cadena circular, es preciso proponer algún clase de medidas cuya lógica sea capaz de romper siquiera alguno de los eslabones de dicha cadena al objeto de intentar que ella se cierre sobre nosotros lo menos posible.

En primer lugar, es preciso reclamar que se otorgue prioridad, al menos en la universidades públicas, en todas las ramas de la investigación, a la investigación científica sobre la tecnológica y que en todo caso ésta, también cuando se lleve a cabo por empresas privadas, esté siempre sujeta a un control científico de sus consecuencias. Ello ya supone que los Estados asuman responsabilidades de inversión económica en las universidades públicas difícilmente asumibles por los agentes económicos privados, y a la vez supone un control y una exigencia política de responsabilidades a toda posible investigación tecnológica privada y a sus aplicaciones que no se ajuste a los estándares de control científico exigidos por el Estado. A su vez, la financiación fundamentalmente pública de la investigación científica y tecnológica de la universidad pública implica naturalmente un control por parte de Estado de las políticas de dicha investigación.

La traducción de semejantes exigencias a la organización político-administrativa de las Universidades públicas es evidente: Se trata de reducir al mínimo la presencia de los denominados "consejos sociales" en las universidades públicas, y potenciar frente a ellos la autonomía del claustro académico formado por investigadores, profesores y estudiantes. Ahora bien, así como frente a los "consejos sociales", es preciso fomentar la autonomía de cada claustro universitario, frente a la autonomías de cada universidad, y por ello frente a sus posibles políticas de autonomía mutua, es preciso reforzar el control político centralizado (en nuestro país, estatal y autonómico) que asegure un mínimo de coordinación central general por lo que respecta a cuestiones tales como titulaciones fundamentales, planes de estudio, control y exigencia de responsabilidades sobre la investigación científica y tecnológica, y por descontado, que garantice algún sistema universal de acceso tanto de los estudiantes a su función social pública de estudiante de una universidad pública como de los profesores a los diversos rangos de la función social pública de profesor universitario de una universidad pública. La autonomía de cada universidad es sin duda necesaria frente a la posible invasión de los "consejos sociales", pero sólo en la medida en que el Estado asegure una coordinación central y general de las autonomías universitarias. Como se ve, la prioridad de las autonomías sobre los consejos sociales garantiza la prioridad de la investigación científica básica sobre la investigación tecnológica así como el control científico del efecto de las investigaciones y aplicaciones tecnológicas; mientras que el control estatal sobre las autonomías es una garantía de planificación política general de toda la investigación y la docencia, científicas y tecnológicas, públicas.

Por último, sólo en semejante contexto político-administrativo podrá tener algún sentido efectivo la "defensa de las humanidades". Y a este respecto es imprescindible darse cuenta que la lógica de la "defensa de las humanidades" exige que éstas sean atendidas antes aún que en la enseñanza universitaria en la enseñanza secundaria, y atendidas de forma que se asegure su enseñanza obligatoria, para toda posible especialización y aun cualificación ya abierta en este nivel de enseñanza, y con el máximo rigor, profundidad y amplitud posibles, y siempre con preferencia a cualesquiera "ciencias sociales". Esta exigencia va ligada al hecho de que, por lo que toca a la responsabilidad que el Estado debe contraer en la formación de las virtudes políticas del ciudadano, el lugar justamente de dicha responsabilidad es la enseñanza secundaria pública de las humanidades -o públicamente controlada, en el caso de colegios privados-, en cuanto que escalón universal y obligatorio para todos los ciudadanos con anterioridad a cualquiera que sea su ulterior opción profesional o universitaria. Sólo si comprendemos la importancia crítica que tiene la enseñanza secundaria de las humanidades podremos comprender en toda su dimensión la importancia de la enseñanza universitaria de las mismas, puesto que la principal y acaso la única función de la enseñanza universitaria de las humanidades es precisamente la de mantener y alimentar la tradición de unos estudios y de una investigación destinados precisamente a formar a los mejores profesores posibles de enseñanza secundaria.

De aquí que, y por último, nunca la potenciación de los estudios de Humanidades en la Universidad pública deba ir a la zaga de la atención a las denominadas ciencias sociales. Pues éstas se encontrarán siempre suficientemente alimentadas por los mismos intereses económicos implicados en cerrar el círculo de la "sociedad del conocimiento", mientras las humanidades sólo podrán ser alentadas por aquellos ciudadanos en los que permanezca despierto el sentido de su responsabilidad política y moral, y por tanto su voluntad de oponerse a la tenaza formada por dicho círculo.

[*] J.B. Fuentes Ortega y M.J. Callejo Hernanz son profesores en la Facultad de Filosofía de la UCM.