Cuaderno de Materiales número 9, Febrero de 1999 

 

 

 

ANTE LA CRISIS DEL TRABAJO

-Antonio Antón-

 

 

LA CRISIS DEL PLENO EMPLEO Y DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.

Tras la crisis económica de los años 70, se configura una nueva realidad social con un amplio sector en paro y con una gran franja de pobreza, con dinámicas de desestructuración social, exclusión y marginación. Paralelamente, y como expresión de esa crisis socioeconómica y de las políticas neoliberales, entran en crisis los sistemas de protección social y el propio Estado de Bienestar, que en parte estaban sustentados en el pleno empleo. Al mismo tiempo se producen diversos cambios sociales y culturales en las sociedades occidentales. Según C. Offe (1) hay una crisis de los sistemas de regulación social.

Hay una clase obrera y un mercado de trabajo segmentados, en donde las condiciones del empleo y el uso del tiempo es muy desigual, con un nuevo papel del trabajo y otra conciencia subjetiva y referencia identitaria. Las nuevas generaciones jóvenes tienen otra vinculación y mentalidad en relación al trabajo. Al mismo tiempo se produce un menor dinamismo social, en particular del movimiento sindical y de la izquierda.

En Europa, desde mitad de la década de los 80, se relanza un debate sobre estos temas, sobre las bases para la integración o cohesión social y la función del trabajo, sobre el reparto del trabajo y del empleo, el salario social y las bases de la ciudadanía social. En la izquierda, además de la tradición keynesiana aparece con expectación pública la llamada ‘tercera vía’ con un nuevo contrato social. A continuación se valoran críticamente algunos de estas ideas y propuestas.

 

EL FIN DEL TRABAJO Y EL NUEVO CONTRATO SOCIAL.

Rifkin(2) y la llamada tercera vía intentan impulsar unas referencias culturales que quieren presentar como alternativas y nuevas pero sin la suficiente crítica y oposición a los fundamentos y valores neoliberales dominantes en la sociedad. El gran problema es de la plasmación práctica de esta propuesta de nuevo contrato social sobre la bases del potencial del voluntariado y cierta cultura solidaria. Los objetivos del tercer sector, según los planteamientos de Rifkin, serían evitar la frustración y el descontento social y encauzar a los sectores más activos socialmente a rellenar algo el hueco dejado por el retroceso del Estado de Bienestar, y a los sectores desprotegidos llevarlos hacia unos cauces de estabilidad social.

Rifkin se apoya en una visión tecnologista de los efectos sobre el empleo y el mercado de trabajo. Las causas tecnológicas tienen un mayor efecto en el nivel de paro que en otras épocas debido al extraordinario aumento de la productividad. Pero considera el cambio técnico imparable sin valorar que está interrelacionado con la política, la economía, las redes institucionales y los valores culturales a nivel mundial.

Rifkin expone la idea de que después de siglos de valorar al ser humano en términos productivos, ahora los trabajadores se quedan sin autodefinición o función social y por tanto se produce una crisis de identidad, de valores y de estatus. Reconoce la dimensión histórica de la crisis del trabajo como fundamentación de la vida social pero tras este sugerente diagnóstico la cuestión es cómo se llena ese vacío, y no entra en los problemas para la conformación de una nueva identidad colectiva.

La posición subyacente de Rifkin está inscrita en la aceptación de la actual dinámica económica internacional, en el respeto a la hegemonía de las reglas del mercado y por supuesto del liderazgo de los EEUU. Asume los principios de la racionalidad económica, de la competitividad económica como motor del desarrollo. Así el paro aparece como una consecuencia ‘natural’, sin responsabilidad de los poderes económicos internacionales, y por tanto legitima la actual división internacional del trabajo, la dinámica neoliberal actual y el proceso de desmantelamiento del estado de bienestar. En consecuencia, sus propuestas innovadoras frente a la crisis del empleo, de un nuevo contrato social, de una nueva cultura son sugerentes pero se plantean sin cuestionar esas bases de fondo. La economía manda y sólo se plantea algunas correcciones parciales.

 

 

LA CRISIS DEL TRABAJO Y LAS PRINCIPALES POLÉMICAS EUROPEAS.

En el debate europeo se han producido una fuertes polarizaciones entre el reparto del trabajo y el salario social o renta básica (RB), al establecerse la preferencia por un aspecto o por otro como el elemento central contra la exclusión social. Hay diferentes ópticas sobre el paro y el futuro del trabajo, sobre la función del trabajo como socialización y vínculo social, sobre concepciones de la justicia, sobre la dimensión individual y comunitaria de las personas y de la construcción de la sociedad, etc. Hay defensas desde el liberalismo y desde la izquierda. Aquí vamos a partir de algunas posiciones extremas que han sido defendidas en Europa por Gorz y Van Parijs, y en el Estado Español por Riechmann e Iglesias (3).

En Iglesias (y Parijs) (4) aparece el problema de la universalidad, interpretado como dar un mismo importe a toda la población, ricos y pobres, empleados y desempleados. Aquí se defiende como derecho universal a recibirlo cuando se necesita, por no tener otros recursos (empleo, rentas, propiedades), y por tanto como garantía para una vida digna, que desarrollamos después. Al partir de situaciones desiguales de renta, el sentido igualitario se debe entender como un paso hacia la igualdad, sino dar el mismo dinero a todos reproduce la desigualdad. En el caso de Parijs defiende la RB, desde el liberalismo, no en función de cubrir las necesidades básicas, sino como una ‘base’ común sobre la que añadir el resto de las rentas.

Nos vamos a detener en Riechmann y Gorz (5). Consideran que es el acceso al trabajo asalariado que existe en el sector mercantil y no la RB, lo que es esencial para estar integrado en la sociedad. La participación en el proceso social de producción es un factor esencial de socialización y de pertenencia a comunidades y grupos formalizados, a parte de permitir al ciudadano cubrir con su trabajo sus necesidades básicas. Por ello ambos autores son partidarios del reparto del trabajo, oponiéndose a cualquier concesión de una renta básica (6).

Riechman y Gorz tienen razón, en el sentido que las RB son insuficientes para la integración social y que además podrían reforzar la dualidad social. La realidad es que todavía el empleo es un componente muy importante de fuente de ingresos (poder adquisitivo, consumo...), de estatus y también de valoración social y autovaloración. Pero la cuestión es ambivalente. Hay que garantizar unos ingresos suficientes, pero también las condiciones para la participación en la actividad social y la propia valoración social y la autoestima de las personas desempleadas en el mercado laboral. Pero resulta que, de momento, la RB es fundamentalmente un elemento discursivo y crítico, mientras que la gran mayoría de la gente desempleada ante la evidencia de mantenerse en una peor situación intenta conseguir un empleo, cuanto más estable mejor, con la aspiración de acceder con el salario a un medio real de distribución de la riqueza.

 

LA FUNCIÓN DEL TRABAJO Y LA REPRODUCCIÓN SOCIAL.

Estamos en esta sociedad capitalista con explotación, desigualdad y fuertes lacras sociales y el acento se debe poner ahora en combatir estas condiciones laborales y sociales, y no en ensalzar las virtudes del trabajo. La producción, reproducción y distribución económica y social vienen impuestas en el régimen capitalista, y eso hace que no podamos establecer un contrato social libre y voluntario de coparticipación solidaria a través del empleo. Por lo tanto, no se debe poner en primer plano el embellecimiento de la colaboración social y la construcción social a través del empleo remunerado. Para la mayoría supone subordinación y precarización a cambio de conseguir un pequeño poder adquisitivo para vivir.

Es positiva y necesaria la perspectiva de la contribución colectiva y solidaria a la sociedad, pero no aquí y ahora y a través del empleo formal. En esta segunda parte está la diferencia. La persona en cuanto ser social está vinculada y participa en la sociedad, y por lo tanto debe colaborar en la sociabilidad. A partir de ahí se puede caminar hacia un contrato colectivo pactado sobre el papel de cada cual.

La alternativa frente al trabajo tampoco es el ocio, que es positivo, sino la propia reorganización del trabajo y abrir la posibilidad de un trabajo o actividad social útil, una nueva cultura y sociabilidad, especialmente para la gente desempleada. Pero para que sea realista esta alternativa es precisa una gran modificación institucional y cultural, como señala Offe y abrir cauces colectivos de participación que favorezcan el desarrollo humano.

 

LIMITES Y CONTRADICCIONES DEL REPARTO DEL TRABAJO Y LA RENTA BÁSICA.

A estas consideraciones se les pueden añadir los límites y efectos del trabajo y la RB. El trabajo puede reportar lo señalado y también sufrimiento y explotación. Incluso el aumento del tiempo de ocio, puede permitir nuevas jerarquías y subordinaciones. La RB, puede generar también dependencia y el riesgo de estabilizar la dualización social (o la división sexual y la división internacional del trabajo) con diferencias substanciales de poder, estatus y capacidad adquisitiva entre la gente empleada y la desempleada (o de varones frente a mujeres, o de ciudadanos del norte frente a los inmigrantes del sur). El problema es que sin RB, todavía la marginación, la exclusión y el desarraigo social y económico podrían ser superiores, y con ella puede mejorar la situación de pobreza y también la ‘integración’ social.

Se ha reducido la función socializadora del trabajo para una gran parte de la sociedad que no lo tiene, o lo tiene precario y además se relativiza como eje del estatus social y de la vertebración de la sociedad. Tiene menos peso en la conformación de la identidad personal. También se deben debilitar las barreras entre el empleo en la esfera pública y remunerado y la actividad social supuestamente ‘privada’, voluntaria o no remunerada, revalorizándola como vínculo social y seña de identidad.

Por otro lado el énfasis en ‘dar trabajo a todos’ es excesivo no solo por el tipo de desarrollo económico existente, ecológicamente no deseable, sino como objetivo de incorporar a toda la población al empleo remunerado, aunque sea reducido. Es un buen criterio el de ‘cada cual según su capacidad’. En la formulación de Riechmann está presente la valoración del ‘trabajo’ como elemento central de la aportación individual y del contrato social. El ‘trabajo para todos’ es el valor que se pretende inculcar para avanzar en su tipo de sociabilidad. Se debe dividir el trabajo socialmente necesario en dos partes: el empleo formal remunerado y el resto del trabajo útil socialmente y no reducir la corresponsabilidad de toda la sociedad, sólo a través de la producción y el empleo remunerado. Este campo, todavía difuso, es el de la ‘actividad plena’, el campo de la sociedad y de la cultura, no de la economía.

La cuestión es modificar los mecanismos y pautas institucionales y culturales y las motivaciones morales, y desarrollar un trabajo o actividad solidaria, abrir posibilidades reales de una actividad o trabajo social o cultural como vínculo social y comunitario.

Sobre reparto del empleo o RB hay aspectos diversos, pero su objetivo básico, el conseguir unos ingresos suficientes para vivir, es común. Como medio para cubrir las necesidades básicas, la oposición entre los dos no tiene sentido, a no ser que se plantee en términos absolutos de para todos empleo o para todos RB. La realidad es que para unas personas es útil y suficiente el empleo y para otras no, y hay que resolverlo con la RB, o bien se dan situaciones intermedias que se pueden resolver con fórmulas mixtas.

Tradicionalmente se ha planteado ‘trabajo o subsidio’ para todos, es decir, si no hay empleo, se debe tener un subsidio suficiente. Estas prestaciones se han recortado cada vez más y se han vinculado, al igual que los IMI, a la necesidad de buscar, prepararse y encontrar empleo, o sea a la inserción laboral. Esa es la justificación de los poderes públicos, del INEM, para seguir restringiendo los subsidios en cantidad y duración, e irle quitando el carácter más relativamente incondicional. Es la ofensiva actual del Gobierno Blair para atacar la llamada cultura del subsidio. La condicionalidad y la exigencia de contrapartidas se utilizan para restringir el derecho, cuando lo que se trata es defenderlas como derecho y ampliar las posibilidades de participación colectiva y el reconocimiento de la actividad social, cultural, familiar de utilidad social, y sobre esa base fortalecer los lazos y vínculos de solidaridad.

 

DOS POSICIONES SOBRE EL REPARTO DEL TRABAJO Y EL SALARIO SOCIAL

Con respecto al reparto del empleo descartamos las posiciones patronales o neoliberales de la reordenación de la jornada o un reparto desigual o timorato del empleo. Hemos partido de la idea general de la necesidad de la reducción de la jornada laboral, asumida por la izquierda y la propia CES (Confederación Europea de sindicatos) con la fórmula de ‘trabajar menos, para trabajar todos’, y apostamos por una reducción más amplia y generalizada del tiempo de trabajo. Tenemos en cuenta los problemas más generales del reparto del trabajo, especialmente del doméstico y no solamente del empleo, redistribuyendo de forma igualitaria el uso del tiempo. Por último en relación a su actitud frente al trabajo, hay dos posiciones básicas, que pueden venir acompañadas de un discurso más o menos anticapitalista y que recapitulamos:

- Una pone el acento en la segunda parte ‘de trabajar todos’, más tradicional y como ‘deber’, para fortalecer el papel del trabajo como vínculo e identidad social, y el ‘trabajar menos’ es más secundario y subordinado al primer objetivo.

- Otra en que además de exigir el ‘trabajar menos’ para crear empleo o mejorar las condiciones laborales y defender el ‘derecho’ al trabajo se replantea cómo ‘civilizar el tiempo liberado’, evitando la ‘colonización y mercantilización del ocio’ en expresiones de Gorz, dando paso a los problemas de cómo se llena ese vacío y la nueva identidad y sociabilidad, que ha dejado tras sí la crisis de la sociedad del pleno empleo. En este trabajo hemos defendido la segunda posición.

También hay dos posiciones básicas sobre el salario social:

- En tanto que subsidio para aguantar por un período provisional para reinsertarse en la producción. En este caso se partiría de la necesidad y deber de las personas de trabajar y producir, y de una consideración del paro como una situación 'anormal' y siendo necesario, por lo tanto, cubrir ese período. Así, este salario social debería ir acompañado de 'obligaciones' de reconversión profesional, de adecuación de otras actividades, de registro y control para aceptar los empleos que se ofrezcan, etc.

- En tanto que salario social universal para existir, es decir, sin obligación de aceptar o 'prepararse' para un nuevo empleo y, por lo tanto, para entrar en la producción. Se plantea, pues, como una exigencia a la sociedad y como un derecho individual para sostener las condiciones de vida de todas las personas, independientemente de su aportación a la producción. Y en este sentido entronca con la apuesta por una nueva ciudadanía social y con un sentido de la corresponsabilidad social más amplio.

Evidentemente, el enfoque general de este trabajo está más inclinado hacia el segundo punto de vista, aunque hay diferentes tipos de problemas en los que hay que seguir profundizando.

 

UNA NUEVA CIUDADANÍA SOCIAL.

Ahora podemos detallar algunas propuestas frente al paro y la exclusión social con un enfoque más multilateral y complementario, contemplando ambos aspectos, reparto del trabajo y salario social (7), como elementos limitados y al mismo tiempo necesarios para construir una nueva ciudadanía social universal y solidaria.

Ante la realidad de un paro estable y estructural hay dos bloques de medidas fundamentales siguiendo la vieja consigna de 'trabajo o subsidio para todos', similar a la formulación de la Declaración Universal de Derechos Humanos del derecho al trabajo o a la protección social Estamos hablando en primer lugar de medidas de reparto del empleo, de reducción de la jornada de trabajo, de fomento del empleo. En segundo lugar de medidas de protección ante el desempleo y la pobreza, por una Carta de derechos sociales, fomentando la participación de las personas paradas y excluidas.

Es decir, en la medida en que no hay empleo, y mientras la sociedad no pueda ofrecerlo para todas las personas que lo deseen, la propia sociedad debe garantizar las prestaciones básicas a todos los ciudadanos. Se exige por tanto el derecho a un trabajo para la gente parada o las prestaciones y rentas básicas necesarias para vivir. Es una cuestión fundamental para favorecer la ciudadanía social, la solidaridad y la integración social y por tanto para evitar las dinámicas de exclusión social y de segmentación de la sociedad. La consolidación de la ciudadanía social supone el avance contra el paro y la desigualdad. Por tanto al defender el derecho universal a una vida digna hay que exigir el derecho a unas prestaciones básicas para todas las personas que no tienen recursos económicos suficientes y no tienen acceso a un empleo. Se trata de realizar una redistribución de la riqueza, en favor de la gente más desfavorecida y que permita cubrir sus necesidades básicas. En conclusión frente al retroceso de los derechos sociales, hay que fortalecer una nueva ciudadanía social, basada en nuevas y más amplias titularidades que hagan frente a los nuevos riesgos de exclusión.

Esta actitud puede enmarcarse en una dinámica de lucha contra la pobreza y la exclusión, para frenar la dualidad social y con una perspectiva de una transformación profunda de las desigualdades de esta sociedad.

Por tanto en relación al segundo bloque de propuestas, se pueden sintetizar los siguientes elementos: Garantizar un salario social o renta básica para todas las personas desempleadas o sin recursos económicos suficientes. Al mismo tiempo articular medidas de estímulo de la economía social y alternativa en sentido amplio, de reconocimiento del trabajo doméstico y no mercantil ,y favorecer el voluntariado y la actividad asociativa, de cooperación y solidaridad.

Por otra parte hay aspectos que cuestionan la cultura del trabajo y muchas pautas de consumo individual y de despilfarro de los recursos medio-ambientales. Es saludable criticar y tomar distancias contra este desarrollismo económico y la mercantilización del ocio. Se trata de ver los elementos contradictorios de esta modernidad tardía y valorar los elementos existentes de una nueva cultura, un nuevo modo de vida y un reforzamiento de los derechos colectivos, de las titularidades en cuanto ciudadanos.

En consecuencia el vínculo social, la relación que se establece entre individuo y sociedad se establecería sobre otras bases en las que el empleo y la contribución individual a la producción no serían el aspecto principal para garantizar el derecho a una vida digna y el conjunto de derechos y estatus que conlleva.

 


Notas:                                                                            

1.- Las referencias a C. Offe, están extraídas de su escrito ‘Precariedad y mercado laboral: Un análisis a medio plazo de las respuestas disponibles’ publicado en el libro ‘¿QUÉ CRISIS?, Retos y transformaciones de la sociedad del trabajo’ Ed. Gakoa - 1997. Es interesante plantearlo en esos términos: no es una crisis coyuntural o exclusivamente económica, sino también "civilizatoria", es decir, pre-política, de fondo y duradera y por tanto de cuestionamiento de los sistemas de regulación institucional, normativa y de valores, etc., junto a las dinámicas de insolidaridad y disgregación social.

2.- Rifkin Jeremy, EL FIN DEL TRABAJO, editorial Paidos (1996). Es asesor de Clinton y persona influyente entre la socialdemocracia europea en su evolución hacia la llamada tercera vía. plantea cuatro propuestas para ‘hacer frente a esta disminución del trabajo (del empleo), y como comienzo de la nueva era postmercado: La reingeniería de la semana laboral, un nuevo contrato social, la potenciación del tercer sector y la globalización de la economía social’.

3- Los artículos más significativos están publicados en Mientras Tanto: ‘Del reparto del trabajo al reparto de la renta’ de José Iglesias Fernández (primavera del 1995); ‘Sobre trabajar, comer, holgar y liberarse: el debate acerca del subsidio universal incondicional’ de Jorge Riechmann, (primavera de 1996), y Reparto del Trabajo y salario social de Antonio Antón, (primavera de 1998).

4.- Literalmente: ‘la renta básica consiste en establecer un sistema de distribución social de la renta, por el que se proporcionará a cada persona, por derecho de ciudadanía, una renta que le permita cubrir sus necesidades básicas; debe ser incondicional y por tanto a personas y no a familias e independientemente de cualquier otro ingreso por otros recursos; sin necesidad de estar en plantilla o haber realizado un trabajo anteriormente, ni tampoco sujeto a aceptar un trabajo si le fuese ofrecido’.

5.- Dicen ‘pleno empleo con tiempo reducido (trabajar menos para trabajar todos), formas de autogestión del tiempo de trabajo y segunda nómina para completar los ingresos de los trabajadores’. Además Gorz y Aznar continúan: ‘el ingreso social no conlleva la participación ni cooperación voluntaria en las actividades de la sociedad. Para Aznar, ‘representaría un reforzamiento del dualismo social’...por consiguiente ambos autores proponen la recuperación del valor trabajo y de no renunciar a la idea de ‘que es prioritario dar trabajo a todos’ (Aznar). ‘La persona sólo gana y usa sus derechos económicos y civiles de ciudadano cuando desempeña un trabajo en el sector macrosocial para otros ciudadanos’ (Gorz).

6.- Gorz posteriormente admite, de forma realista, que la evolución cultural va relegando el valor del trabajo a un segundo plano y colocando en un primer plano el ‘pleno desarrollo personal’ (según el concepto de Giddens), pero que todavía no hay un estatus social de reconocimiento de las actividades no remuneradas que sustituya lo que representa hoy en día el dinero y el contrato laboral.

7.- Una plasmación práctica teniendo en cuenta los dos elementos es la ILP ante el Parlamento Vasco por una Carta de Derechos Sociales

                                     

 

 

 

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