La propuesta habermasiana de una
política deliberativa considerada como posible traslación
de la teoría de la acción comunicativa al espacio político.
La
acción política presupone la posibilidad de decidir
a través de la palabra sobre el bien común. Esta acepción
del término (válida en tanto que ideal aceptado) guarda
relación con la concepción de la política deliberativa
mantenida por Habermas. Éste ha desarrollado un modelo normativo
de democracia en el que se incluye un procedimiento ideal de deliberación
y toma de decisiones: el modelo de la política deliberativa,
cuyo propósito reside en extender el uso público de
la palabra y, con ello, el de la razón práctica, a aquellas
cuestiones concernientes a la buena ordenación de la sociedad.
La generación de un poder legítimo por medio de la política
deliberativa representa un procedimiento para resolver problemas,
que ha menester de saber y de la elaboración de ese saber,
con el fin de programar la regulación de los conflictos y la
persecución de fines colectivos. De manera que la pieza medular
de la política deliberativa se encuentra en una red de discursos
y formas de negociación que tienen como fin posibilitar la
solución de cuestiones pragmáticas, morales y éticas.
El concepto de una política deliberativa sólo cobra
una referencia empírica cuando se tienen en cuenta la pluralidad
de formas de comunicación en las que se configura una voluntad
común, esto es, no sólo mediante la autocompresión
ética, sino también por medio de acuerdos de intereses
y compromisos, mediante la elección racional de medios en relación
a un fin, las fundamentaciones morales y la comprobación de
lo coherente desde el punto de vista jurídico. La propuesta
de Habermas puede ser considerada como un tercer modelo democrático
(en relación con la concepción republicana del Estado
concebido como una comunidad ética, así como en relación
con la concepción liberal del Estado concebido como guardián
de la sociedad centrada en el subsistema económico) que se
apoya en las condiciones comunicativas bajo las cuales el proceso
político tiene para sí la presunción de producir
resultados racionales porque es llevado a cabo en toda su extensión
de una manera deliberativa. Pero a pesar de poder ser considerada
como un tercer modelo de democracia, la teoría discursiva habermasiana
asume elementos tanto de la concepción liberal como de la concepción
republicana, y los integra en el concepto de un procedimiento ideal
para la deliberación y la toma de decisiones. Cabe preguntarse
¿dónde radica pues la novedad habermasiana? El proceso
democrático propuesto genera una interna conexión entre
negociaciones, discursos de autocomprensión y discursos referentes
a la justicia, y cimenta la presunción de que bajo tales condiciones
se alcanzan resultados racionales o equitativos. La razón práctica
se repliega desde la noción de los derechos universales del
ser humano a aquellas reglas del discurso y formas de la argumentación
que toman su contenido normativo de la base de validez de la acción
orientada al entendimiento (de la estructura de la comunicación
lingüística). La teoría del discurso se apoya en
los procesos de entendimiento intersubjetivo que se producen en las
deliberaciones en las cámaras parlamentarias, y en las redes
de comunicación de la esfera política de la opinión
pública. Esto pone de relieve que la teoría del discurso
cuenta con una intersubjetividad de orden superior.
Las comunicaciones configuran escenarios donde puede tener lugar una
formación más o menos racional de la opinión
pública y de la voluntad común acerca de temas que resultan
relevantes para el conjunto de la sociedad y sobre materias que requieren
de alguna regulación. El poder producido comunicativamente
se transforma en poder utilizable administrativamente. Se respetan
los límites entre Estado y sociedad, pero aquí la sociedad
civil, como base social de una esfera pública autónoma,
se diferencia tanto del sistema económico de acción,
como de la administración pública. Una democracia así
comprendida lleva a la exigencia normativa de un desplazamiento del
centro de gravedad en relación a aquellos recursos que representan
el dinero, el poder administrativo y la solidaridad, recursos con
los cuales se satisfacen en las sociedades modernas las necesidades
de integración y regulación.
De ello se derivan implicaciones normativas tales como que el poder
de integración social que posee la solidaridad debería
desplegarse a lo largo de los distintos espacios públicos autónomos
y de los procedimientos institucionalizados de formación democrática
de la opinión y de la voluntad común propios del Estado
de derecho; a la par que el poder de la solidaridad debería
afirmarse frente a los otros dos poderes, esto es, el dinero y el
poder administrativo.
Por medio de la teoría discursiva entra en juego una idea que
toma como eje una racionalización cuyo significado es más
que el de una mera legitimación, y menos que constitución
de poder. Con la teoría discursiva se introduce la idea de
que los procedimientos y los presupuestos comunicativos de la formación
democrática de la opinión, así como de la voluntad,
funcionan como las más importantes esclusas para la racionalización
discursiva de las decisiones de un gobierno y de una administración
que se encuentran sujetos al derecho y a la ley. Se nos presenta así
un sistema político como subsistema especializado en la toma
de decisiones que permiten la vinculación colectiva, a la vez
que las estructuras comunicativas del espacio público se perciben
como constituyendo una extensa red de sensores que reaccionan ante
la presión de los problemas que afectan a la sociedad en su
conjunto y que además estimulan la generación de opiniones
de bastante influencia. Lo que se percibe es cómo una opinión
pública, transformada en poder comunicativo mediante procesos
democráticos, tiene que dirigir el uso del poder administrativo
hacia determinados canales, pero no se la permite que sea ella la
que mande. El poder generado comunicativamente es un poder por el
que las organizaciones han de competir y con el que quienes ocupan
posiciones de poder pueden hacer economías, pero que ninguno
de ellos puede producir. La formación pública de la
opinión y la voluntad, que termina en resoluciones acerca de
políticas y leyes, ha de llevarse a cabo a través de
formas de comunicación que hagan valer el principio de discurso
teniendo en cuenta dos aspectos. Por un lado ha de clarificar las
contribuciones, los temas, las razones y las informaciones, con la
finalidad de que los resultados que se alcancen obtengan una aceptabilidad
racional. Pero a su vez, ese carácter discursivo de la formación
y la voluntad en el espacio público político tiene que
establecer relaciones de entendimiento que fomenten la fuerza productiva
que representa la libertad comunicativa. El poder comunicativo propio
de las convicciones comunes surgirá de aquellas estructuras
no desdeñadas de la intersubjetividad.
Al concepto discursivo de la democracia le corresponde la imagen de
una sociedad descentralizada que, a través de la emergencia
del espacio público, se transformó en una plataforma
diferenciada para la percepción, la identificación y
la deliberación de los problemas que acucian al entramado de
la sociedad. La esfera o espacio de la opinión pública
no ha de ser entendido como institución, y tampoco como organización,
no constituye un entramado de normas con diferenciación de
roles, con regulación en cuanto a las condiciones de pertenencia,
etc., ni representa un sistema. Lo que sí permite es un trazado
de límites a nivel interno, pero se caracteriza por la posesión
de horizontes abiertos, con múltiples intersticios. El espacio
de la opinión pública cabe ser descrito como una red
propicia para la comunicación de contenidos y de tomas de postura,
esto es, de opiniones. A su vez, en este espacio, quedan filtrados
y sintetizados los diversos flujos de comunicación de modo
tal que se concentran en opiniones públicas agrupadas en torno
a temas concretos. Los procesos públicos de comunicación
no buscan tan solo una difusión de los contenidos y de las
tomas de postura por medio de procedimientos efectivos de transmisión.
Lo que permite y asegura una inclusión adecuada de los implicados
es la circulación de mensajes inteligibles, provocadores e
inspiradores de la atención. La conformidad ante las diversas
contribuciones y los diferentes temas tiene lugar como resultado de
la controversia, más o menos intensa, en la que las informaciones,
las iniciativas, las proposiciones y los razonamientos puedan ser
procesados y elaborados de una manera más o menos coherente.
Los logros obtenidos por la comunicación pública han
de ser evaluados conforme a criterios formales que conciernen a la
producción de una opinión pública cualificada
y reconocida, dado que si las estructuras de una opinión pública
se encuentran sometidas por el influjo de relaciones de poder, esto
supone un impedimento para el libre ejercicio de discusiones prolíficas
y esclarecedoras.
Un espacio público político sólo puede cumplir
su función de reconocer y discernir acerca de los problemas
concernientes a la sociedad y de ser capaz de tematizarlos, en la
medida en que se sienta implicado por, y esté compuesto de,
los contextos de comunicación de aquellos que se encuentran
potencialmente afectados.
La política deliberativa se mantiene como parte integrante
de una sociedad compleja que se substrae en cuanto totalidad a los
modos de consideración de la teoría del derecho. Una
democracia interpretada conforme a los términos de la teoría
discursiva, enlaza con la consideración según la cual
el sistema político aparece como un sistema de acción
entre otros. La política deliberativa, tanto si se lleva a
cabo por medio de procedimientos formales de formación institucionalizada
de la voluntad y de la opinión, como si se efectúa de
manera informal en las redes del espacio público político,
guarda interna relación con los contextos de un mundo de la
vida, respetuoso con dicho tipo de política, y racionalizado.
Las comunicaciones políticas filtradas de un modo deliberativo
se muestran dependientes de los recursos del mundo de la vida (de
una cultura política libre, de las iniciativas de las asociaciones
conformadoras de opinión) que se constituyen y regeneran de
manera espontánea y que se muestran no muy accesibles a los
intentos de intervención y dirección política.
Para Habermas la política no consiste sólo en cuestiones
referentes a la autocompresión ética. El error consiste
en el estrechamiento ético al que resultan sometidos los discursos
políticos. En las condiciones de un pluralismo social y cultural,
tras los objetivos relevantes desde el punto de vista político,
hay con frecuencia intereses y orientaciones valorativas que no son
elementos constitutivos de la identidad del conjunto de la comunidad,
es decir, del conjunto de una forma de vida compartida intersubjetivamente.
Estos intereses y estas orientaciones, que entran en conflicto con
otros, requieren de un acuerdo o de un compromiso que no ha de alcanzarse
a través de discursos éticos, aun cuando los resultados
de ese acuerdo no obtenido de forma discursiva estén sujetos
a la reserva de no vulnerar los valores fundamentales de una cultura
que concitan consenso.
El acuerdo sobre intereses se lleva a cabo como una formación
de compromisos entre distintas partes que se apoyan por una parte
en potenciales de poder, y por otra en potenciales de sanción.
Negociaciones de este tipo presupondrán la disposición
a cooperar, la voluntad de lograr resultados que puedan resultar aceptables
para todas las partes insertas en el conflicto, aun cuando el deseo
de cooperación sea despertado por diferentes motivos. La práctica
argumentativa pone en marcha una competición cooperativa que
se lanza en busca de los mejores argumentos, competición que
une a los participantes en el orientarse al objetivo del entendimiento.
La búsqueda del compromiso no excluirá en modo alguno
el poder ni la acción estratégica, pero la equidad del
compromiso alcanzado se medirá conforme a procedimientos que
necesitan de justificación racional o normativa desde el punto
de vista de la justicia. De aquí la manera ya referida acerca
de cómo cobra referencia empírica el concepto de una
política deliberativa.
Se puede observar entonces que el camino seguido por la ética
discursiva ha sido el tratar de conseguir que el ámbito de
la pragmática lingüística y el ámbito de
la ética colaboren; en ello radica el proyecto fundamental
de Habermas. Su pretensión es la de fundar una ética
en las condiciones inevitables del habla. Hay que tomar en consideración
que el lenguaje constituye una herramienta con muy diferentes usos,
uno de los cuales es, sin duda, el llegar a un consenso práctico
sobre nuestras normas de acción. Un consenso alcanzado en una
situación ideal de comunicación en la que cada participante
pudiera defender sus intereses, a la vez que atender a los argumentos
de los demás. Se lleva a cabo una sustitución de la
formas de la subjetividad trascendental por las formas de la comunicación.
La clave de la racionalidad comunicativa es la invocación de
razones o fundamentos, la fuerza inerme del mejor argumento, para
que las aspiraciones obtengan un reconocimiento intersubjetivo. Un
entendimiento discursivo garantiza el tratamiento de temas, razones
e informaciones, y no podrá producirse sino en contextos en
los que haya una cultura abierta al aprendizaje y personas capaces
de aprender. Las imágenes dogmáticas del mundo, así
como los patrones rígidos de socialización, pueden representar
las barreras para el desarrollo de un modo discursivo de socialización.
Es decir, que la efectividad del modelo de la democracia deliberativa
de Habermas se hace recaer sobre procesos informales, que están
presuponiendo la existencia de una fuerte y arraigada cultura cívica.
Se mantiene el principio de la representación parlamentaria,
el principio de la mayoría, partidos políticos, etc.
Y a su vez pone el acento en la esfera pública (en la importancia
de la opinión pública para el proceso democrático),
asentada en la sociedad civil, que está constituida por aquellos
espacios en los que, libres de la interferencia estatal, y dejados
a la espontaneidad social no regulada por el mercado, surgen la opinión
pública informal, las organizaciones cívicas y todo
lo que, influyendo desde fuera, evalúa y critica a la política.
El proceso de institucionalización política que habría
de ser calificado como legítimo desde la perspectiva de la
teoría del discurso surge de las interacciones de cada una
de esas instancias, tanto las institucionales como las que están
más ligadas a una dimensión sociocultural.
Pero quizás el aspecto decisivo sobre el que se mueve el modelo
de política deliberativa resida en la robustez que ha de poseer
la sociedad civil, así como en su capacidad para llevar a cabo
la problematización y el procesamiento público de todos
los asuntos que afectan a la sociedad y a sus ciudadanos. La energía
procedente de los procesos comunicativos requiere de conducciones
que eviten pérdidas y favorezcan una eficaz transmisión
a todos los sectores sociales. Para ello se necesita que los ciudadanos
se responsabilicen de su propio destino en común y que reflexionen
acerca de la sociedad y de sus condiciones, al margen de coacciones
que puedan ser impuestas por parte de un poder superior.
Los sujetos de derecho privado no podrán llegar a disfrutar
de iguales libertades subjetivas si ellos mismos, ejerciendo su autonomía
ciudadana, no logran alcanzar una clarificación acerca de cuáles
sean los puntos de vista relevantes con respecto a los cuales han
de ser tratados lo igual y lo desigual. Para alcanzar un disfrute
en igualdad de oportunidades de las libertades subjetivas de acción,
esto debe llevarse a cabo en la esfera pública, es decir, en
la polémica pública sobre la interpretación adecuada
de las necesidades y criterios. De este modo, la autonomía
privada de los individuos se asegura en el ejercicio de su autonomía
ciudadana.
Habermas lleva a cabo una defensa del contenido racional de una moral
del igual respeto para cada cual y de la responsabilidad solidaria
universal de uno para con el otro. Con ello se corresponde un universalismo
sensible a la diferencia, que abarca a la persona del otro, o de los
otros en su alteridad. Esa comunidad moral se construye sobre la base
de la idea negativa de la eliminación de la discriminación
y del sufrimiento, así como de la incorporación de lo
marginado y del marginado en una consideración recíproca.
La orientación al entendimiento intersubjetivo, predominante
en la práctica comunicativa cotidiana, se mantiene también
para una comunicación entre extraños que se efectúa
en espacios de opinión pública ramificados de forma
compleja. No se trata así de una incorporación de lo
propio y una exclusión de lo ajeno. La propuesta habermasiana
indica más bien que los límites de la comunidad han
de encontrarse abiertos para todos, también para aquellos que
son extraños para los otros y quieren continuar siéndolo.