La propuesta habermasiana de una política deliberativa considerada como posible traslación de la teoría de la acción comunicativa al espacio político.  Ana González Menéndez.    Cargando texto [40 KB] ....

 

 Ana González Menéndez
 

 

 


La propuesta habermasiana de una política deliberativa considerada como posible traslación de la teoría de la acción comunicativa al espacio político.

        La acción política presupone la posibilidad de decidir a través de la palabra sobre el bien común. Esta acepción del término (válida en tanto que ideal aceptado) guarda relación con la concepción de la política deliberativa mantenida por Habermas. Éste ha desarrollado un modelo normativo de democracia en el que se incluye un procedimiento ideal de deliberación y toma de decisiones: el modelo de la política deliberativa, cuyo propósito reside en extender el uso público de la palabra y, con ello, el de la razón práctica, a aquellas cuestiones concernientes a la buena ordenación de la sociedad.

La generación de un poder legítimo por medio de la política deliberativa representa un procedimiento para resolver problemas, que ha menester de saber y de la elaboración de ese saber, con el fin de programar la regulación de los conflictos y la persecución de fines colectivos. De manera que la pieza medular de la política deliberativa se encuentra en una red de discursos y formas de negociación que tienen como fin posibilitar la solución de cuestiones pragmáticas, morales y éticas.

El concepto de una política deliberativa sólo cobra una referencia empírica cuando se tienen en cuenta la pluralidad de formas de comunicación en las que se configura una voluntad común, esto es, no sólo mediante la autocompresión ética, sino también por medio de acuerdos de intereses y compromisos, mediante la elección racional de medios en relación a un fin, las fundamentaciones morales y la comprobación de lo coherente desde el punto de vista jurídico. La propuesta de Habermas puede ser considerada como un tercer modelo democrático (en relación con la concepción republicana del Estado concebido como una comunidad ética, así como en relación con la concepción liberal del Estado concebido como guardián de la sociedad centrada en el subsistema económico) que se apoya en las condiciones comunicativas bajo las cuales el proceso político tiene para sí la presunción de producir resultados racionales porque es llevado a cabo en toda su extensión de una manera deliberativa. Pero a pesar de poder ser considerada como un tercer modelo de democracia, la teoría discursiva habermasiana asume elementos tanto de la concepción liberal como de la concepción republicana, y los integra en el concepto de un procedimiento ideal para la deliberación y la toma de decisiones. Cabe preguntarse ¿dónde radica pues la novedad habermasiana? El proceso democrático propuesto genera una interna conexión entre negociaciones, discursos de autocomprensión y discursos referentes a la justicia, y cimenta la presunción de que bajo tales condiciones se alcanzan resultados racionales o equitativos. La razón práctica se repliega desde la noción de los derechos universales del ser humano a aquellas reglas del discurso y formas de la argumentación que toman su contenido normativo de la base de validez de la acción orientada al entendimiento (de la estructura de la comunicación lingüística). La teoría del discurso se apoya en los procesos de entendimiento intersubjetivo que se producen en las deliberaciones en las cámaras parlamentarias, y en las redes de comunicación de la esfera política de la opinión pública. Esto pone de relieve que la teoría del discurso cuenta con una intersubjetividad de orden superior.

Las comunicaciones configuran escenarios donde puede tener lugar una formación más o menos racional de la opinión pública y de la voluntad común acerca de temas que resultan relevantes para el conjunto de la sociedad y sobre materias que requieren de alguna regulación. El poder producido comunicativamente se transforma en poder utilizable administrativamente. Se respetan los límites entre Estado y sociedad, pero aquí la sociedad civil, como base social de una esfera pública autónoma, se diferencia tanto del sistema económico de acción, como de la administración pública. Una democracia así comprendida lleva a la exigencia normativa de un desplazamiento del centro de gravedad en relación a aquellos recursos que representan el dinero, el poder administrativo y la solidaridad, recursos con los cuales se satisfacen en las sociedades modernas las necesidades de integración y regulación.

De ello se derivan implicaciones normativas tales como que el poder de integración social que posee la solidaridad debería desplegarse a lo largo de los distintos espacios públicos autónomos y de los procedimientos institucionalizados de formación democrática de la opinión y de la voluntad común propios del Estado de derecho; a la par que el poder de la solidaridad debería afirmarse frente a los otros dos poderes, esto es, el dinero y el poder administrativo.

Por medio de la teoría discursiva entra en juego una idea que toma como eje una racionalización cuyo significado es más que el de una mera legitimación, y menos que constitución de poder. Con la teoría discursiva se introduce la idea de que los procedimientos y los presupuestos comunicativos de la formación democrática de la opinión, así como de la voluntad, funcionan como las más importantes esclusas para la racionalización discursiva de las decisiones de un gobierno y de una administración que se encuentran sujetos al derecho y a la ley. Se nos presenta así un sistema político como subsistema especializado en la toma de decisiones que permiten la vinculación colectiva, a la vez que las estructuras comunicativas del espacio público se perciben como constituyendo una extensa red de sensores que reaccionan ante la presión de los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y que además estimulan la generación de opiniones de bastante influencia. Lo que se percibe es cómo una opinión pública, transformada en poder comunicativo mediante procesos democráticos, tiene que dirigir el uso del poder administrativo hacia determinados canales, pero no se la permite que sea ella la que mande. El poder generado comunicativamente es un poder por el que las organizaciones han de competir y con el que quienes ocupan posiciones de poder pueden hacer economías, pero que ninguno de ellos puede producir. La formación pública de la opinión y la voluntad, que termina en resoluciones acerca de políticas y leyes, ha de llevarse a cabo a través de formas de comunicación que hagan valer el principio de discurso teniendo en cuenta dos aspectos. Por un lado ha de clarificar las contribuciones, los temas, las razones y las informaciones, con la finalidad de que los resultados que se alcancen obtengan una aceptabilidad racional. Pero a su vez, ese carácter discursivo de la formación y la voluntad en el espacio público político tiene que establecer relaciones de entendimiento que fomenten la fuerza productiva que representa la libertad comunicativa. El poder comunicativo propio de las convicciones comunes surgirá de aquellas estructuras no desdeñadas de la intersubjetividad.

Al concepto discursivo de la democracia le corresponde la imagen de una sociedad descentralizada que, a través de la emergencia del espacio público, se transformó en una plataforma diferenciada para la percepción, la identificación y la deliberación de los problemas que acucian al entramado de la sociedad. La esfera o espacio de la opinión pública no ha de ser entendido como institución, y tampoco como organización, no constituye un entramado de normas con diferenciación de roles, con regulación en cuanto a las condiciones de pertenencia, etc., ni representa un sistema. Lo que sí permite es un trazado de límites a nivel interno, pero se caracteriza por la posesión de horizontes abiertos, con múltiples intersticios. El espacio de la opinión pública cabe ser descrito como una red propicia para la comunicación de contenidos y de tomas de postura, esto es, de opiniones. A su vez, en este espacio, quedan filtrados y sintetizados los diversos flujos de comunicación de modo tal que se concentran en opiniones públicas agrupadas en torno a temas concretos. Los procesos públicos de comunicación no buscan tan solo una difusión de los contenidos y de las tomas de postura por medio de procedimientos efectivos de transmisión. Lo que permite y asegura una inclusión adecuada de los implicados es la circulación de mensajes inteligibles, provocadores e inspiradores de la atención. La conformidad ante las diversas contribuciones y los diferentes temas tiene lugar como resultado de la controversia, más o menos intensa, en la que las informaciones, las iniciativas, las proposiciones y los razonamientos puedan ser procesados y elaborados de una manera más o menos coherente. Los logros obtenidos por la comunicación pública han de ser evaluados conforme a criterios formales que conciernen a la producción de una opinión pública cualificada y reconocida, dado que si las estructuras de una opinión pública se encuentran sometidas por el influjo de relaciones de poder, esto supone un impedimento para el libre ejercicio de discusiones prolíficas y esclarecedoras.

Un espacio público político sólo puede cumplir su función de reconocer y discernir acerca de los problemas concernientes a la sociedad y de ser capaz de tematizarlos, en la medida en que se sienta implicado por, y esté compuesto de, los contextos de comunicación de aquellos que se encuentran potencialmente afectados.

La política deliberativa se mantiene como parte integrante de una sociedad compleja que se substrae en cuanto totalidad a los modos de consideración de la teoría del derecho. Una democracia interpretada conforme a los términos de la teoría discursiva, enlaza con la consideración según la cual el sistema político aparece como un sistema de acción entre otros. La política deliberativa, tanto si se lleva a cabo por medio de procedimientos formales de formación institucionalizada de la voluntad y de la opinión, como si se efectúa de manera informal en las redes del espacio público político, guarda interna relación con los contextos de un mundo de la vida, respetuoso con dicho tipo de política, y racionalizado. Las comunicaciones políticas filtradas de un modo deliberativo se muestran dependientes de los recursos del mundo de la vida (de una cultura política libre, de las iniciativas de las asociaciones conformadoras de opinión) que se constituyen y regeneran de manera espontánea y que se muestran no muy accesibles a los intentos de intervención y dirección política.

Para Habermas la política no consiste sólo en cuestiones referentes a la autocompresión ética. El error consiste en el estrechamiento ético al que resultan sometidos los discursos políticos. En las condiciones de un pluralismo social y cultural, tras los objetivos relevantes desde el punto de vista político, hay con frecuencia intereses y orientaciones valorativas que no son elementos constitutivos de la identidad del conjunto de la comunidad, es decir, del conjunto de una forma de vida compartida intersubjetivamente. Estos intereses y estas orientaciones, que entran en conflicto con otros, requieren de un acuerdo o de un compromiso que no ha de alcanzarse a través de discursos éticos, aun cuando los resultados de ese acuerdo no obtenido de forma discursiva estén sujetos a la reserva de no vulnerar los valores fundamentales de una cultura que concitan consenso.

El acuerdo sobre intereses se lleva a cabo como una formación de compromisos entre distintas partes que se apoyan por una parte en potenciales de poder, y por otra en potenciales de sanción. Negociaciones de este tipo presupondrán la disposición a cooperar, la voluntad de lograr resultados que puedan resultar aceptables para todas las partes insertas en el conflicto, aun cuando el deseo de cooperación sea despertado por diferentes motivos. La práctica argumentativa pone en marcha una competición cooperativa que se lanza en busca de los mejores argumentos, competición que une a los participantes en el orientarse al objetivo del entendimiento. La búsqueda del compromiso no excluirá en modo alguno el poder ni la acción estratégica, pero la equidad del compromiso alcanzado se medirá conforme a procedimientos que necesitan de justificación racional o normativa desde el punto de vista de la justicia. De aquí la manera ya referida acerca de cómo cobra referencia empírica el concepto de una política deliberativa.

Se puede observar entonces que el camino seguido por la ética discursiva ha sido el tratar de conseguir que el ámbito de la pragmática lingüística y el ámbito de la ética colaboren; en ello radica el proyecto fundamental de Habermas. Su pretensión es la de fundar una ética en las condiciones inevitables del habla. Hay que tomar en consideración que el lenguaje constituye una herramienta con muy diferentes usos, uno de los cuales es, sin duda, el llegar a un consenso práctico sobre nuestras normas de acción. Un consenso alcanzado en una situación ideal de comunicación en la que cada participante pudiera defender sus intereses, a la vez que atender a los argumentos de los demás. Se lleva a cabo una sustitución de la formas de la subjetividad trascendental por las formas de la comunicación.

La clave de la racionalidad comunicativa es la invocación de razones o fundamentos, la fuerza inerme del mejor argumento, para que las aspiraciones obtengan un reconocimiento intersubjetivo. Un entendimiento discursivo garantiza el tratamiento de temas, razones e informaciones, y no podrá producirse sino en contextos en los que haya una cultura abierta al aprendizaje y personas capaces de aprender. Las imágenes dogmáticas del mundo, así como los patrones rígidos de socialización, pueden representar las barreras para el desarrollo de un modo discursivo de socialización.

Es decir, que la efectividad del modelo de la democracia deliberativa de Habermas se hace recaer sobre procesos informales, que están presuponiendo la existencia de una fuerte y arraigada cultura cívica. Se mantiene el principio de la representación parlamentaria, el principio de la mayoría, partidos políticos, etc. Y a su vez pone el acento en la esfera pública (en la importancia de la opinión pública para el proceso democrático), asentada en la sociedad civil, que está constituida por aquellos espacios en los que, libres de la interferencia estatal, y dejados a la espontaneidad social no regulada por el mercado, surgen la opinión pública informal, las organizaciones cívicas y todo lo que, influyendo desde fuera, evalúa y critica a la política. El proceso de institucionalización política que habría de ser calificado como legítimo desde la perspectiva de la teoría del discurso surge de las interacciones de cada una de esas instancias, tanto las institucionales como las que están más ligadas a una dimensión sociocultural.

Pero quizás el aspecto decisivo sobre el que se mueve el modelo de política deliberativa resida en la robustez que ha de poseer la sociedad civil, así como en su capacidad para llevar a cabo la problematización y el procesamiento público de todos los asuntos que afectan a la sociedad y a sus ciudadanos. La energía procedente de los procesos comunicativos requiere de conducciones que eviten pérdidas y favorezcan una eficaz transmisión a todos los sectores sociales. Para ello se necesita que los ciudadanos se responsabilicen de su propio destino en común y que reflexionen acerca de la sociedad y de sus condiciones, al margen de coacciones que puedan ser impuestas por parte de un poder superior.

Los sujetos de derecho privado no podrán llegar a disfrutar de iguales libertades subjetivas si ellos mismos, ejerciendo su autonomía ciudadana, no logran alcanzar una clarificación acerca de cuáles sean los puntos de vista relevantes con respecto a los cuales han de ser tratados lo igual y lo desigual. Para alcanzar un disfrute en igualdad de oportunidades de las libertades subjetivas de acción, esto debe llevarse a cabo en la esfera pública, es decir, en la polémica pública sobre la interpretación adecuada de las necesidades y criterios. De este modo, la autonomía privada de los individuos se asegura en el ejercicio de su autonomía ciudadana.

Habermas lleva a cabo una defensa del contenido racional de una moral del igual respeto para cada cual y de la responsabilidad solidaria universal de uno para con el otro. Con ello se corresponde un universalismo sensible a la diferencia, que abarca a la persona del otro, o de los otros en su alteridad. Esa comunidad moral se construye sobre la base de la idea negativa de la eliminación de la discriminación y del sufrimiento, así como de la incorporación de lo marginado y del marginado en una consideración recíproca. La orientación al entendimiento intersubjetivo, predominante en la práctica comunicativa cotidiana, se mantiene también para una comunicación entre extraños que se efectúa en espacios de opinión pública ramificados de forma compleja. No se trata así de una incorporación de lo propio y una exclusión de lo ajeno. La propuesta habermasiana indica más bien que los límites de la comunidad han de encontrarse abiertos para todos, también para aquellos que son extraños para los otros y quieren continuar siéndolo.

    

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