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deuda externa    

 

 

Texto de introducción de la campaña Deuda externa, ¿Deuda eterna? (fuente: Manos Unidas)

      I.  Lo que entendemos por deuda
      II. Postura ética ante la injusticia de la deuda
      III. Reducción de la deuda: la iniciativa PPAE.
      IV. La situación de España en relación con la deuda
      V. Propuestas de acción política
      VI. Propuestas para la implicación personal y colectiva.
      VII. Líneas de acción.

 

I. Lo que entendemos por deuda.

  Muchas personas adquieren préstamos para comprar bienes de consumo o de equipo, o una vivienda. Los países también lo hacen. Toman dinero prestado en los mercados de capitales o lo piden a instituciones financieras internacionales para pagar infraestructuras: carreteras, servicios públicos y centros de salud. Al igual que las personas, los países tienen que devolver el principal y los intereses de los préstamos que reciben. No obstante, hay diferencias importantes. Si una persona contrae un préstamo, recibe el dinero directamente y cuando lo devuelve lo hace conforme a las condiciones de ese préstamo. Pero si es un país el que adquiere el préstamo, a los ciudadanos no se les informa acerca del uso del mismo ni de las condiciones de su devolución. En la práctica, muchos Gobiernos han utilizado préstamos para proyectos que no cumplen los requisitos mínimos de viabilidad social, ecológica o económica.

Una segunda diferencia es que, cuando una empresa o persona no puede hacer frente a sus obligaciones financieras va a la quiebra. Entonces se nombra un tribunal encargado de evaluar la situación del deudor al que los bancos reconocen la incapacidad de pagar la totalidad de su deuda. Sin embargo, los países no pueden pedir que se les declare en quiebra: no existen procedimientos ni árbitros a tal efecto. En el ámbito internacional son los acreedores y no un tribunal, quienes deciden si pedirán o no al país deudor que pague su deuda.

La crisis de la deuda y su impacto en el Sur.

La crisis como tal se pone de manifiesto en 1982, cuando México anuncia que no puede pagar su deuda externa, suscitando en la comunidad financiera internacional el temor a que otros países siguieran el mismo camino. No obstante, el antecedente más directo de esta crisis data de 1973, cuando los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cuadruplicaron el precio del petróleo e invirtieron su excedente de dinero en bancos comerciales. Los bancos, en su búsqueda de inversiones para sus nuevos fondos, hicieron préstamos a países en desarrollo, sin valorar debidamente las peticiones a tal efecto o sin vigilar el modo en que se utilizaban los préstamos. De hecho, debido a la irresponsabilidad, tanto de los acreedores como de los deudores, la mayor parte del dinero prestado se gastó en programas que no beneficiaban a los pobres: compra de armamento, proyectos de desarrollo a gran escala y/o proyectos privados que enriquecían a funcionarios públicos y a un reducido grupo de privilegiados.

El impacto de la crisis de la deuda en el Sur no se hace esperar y sus costes son tanto sociales como financieros. Los países pobres altamente endeudados presentan tasas de mortalidad infantil, enfermedad, analfabetismo y malnutrición más altas que otros países en desarrollo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para seis de cada siete países pobres altamente endeudados de África, el pago del servicio de la deuda - se entiende, el principal más los intereses- representa más de la suma total de dinero necesario para aliviar esta situación. Si invirtieran ese dinero en desarrollo humano, tres millones de niños podrían superar los cinco años de edad y se evitarían un millón de casos de malnutrición (Informe sobre el desarrollo humano, 1997).

En 1996, los países del Sur le debían al Norte más de dos billones de dólares, casi el doble que diez años antes. Por orden de importancia, las deudas están contraídas con Estados, bancos comerciales e instituciones financieras multilaterales. Cerca del 50% de los pagos anuales que efectúan los países del Sur se corresponden con intereses de la deuda. Desde el punto de vista financiero, el fuerte endeudamiento implica un alto riesgo para la comunidad internacional a la hora de invertir en un país. De esta forma, los países pobres están prácticamente excluidos de los mercados financieros internacionales. El PNUD estima que en la década de 1980 los tipos de interés para los países pobres fueron cuatro veces más altos que para los países ricos, debido a su menor grado de solvencia y a las previsiones de una depreciación de la moneda nacional.

Los países muy endeudados sufren enormes presiones para obtener divisas destinadas a pagar el servicio de su deuda y comprar productos esenciales de importación. Las Instituciones Financieras Internacionales ofrecen a menudo asistencia financiera a países que se encuentran en esta situación y utilizan su influencia para obligarlos a aceptar políticas de ajuste estructural y de estabilización. Aunque su fin es el de estabilizar las economías en crisis e impulsar su crecimiento, haciéndolas más competitivas, la auténtica realidad es que las políticas de ajuste provocan en su aplicación efectos muy negativos para la población de los países más endeudados:

Recorte de los gastos sociales (salud, educación, bienestar, etc.) ya que se pretende reducir el déficit público.

Cierre de numerosas empresas locales que no pueden competir con las multinacionales extranjeras.

Reducción de las plantillas de las empresas públicas. Muchos de los trabajadores son despedidos como consecuencia del recorte presupuestario.

Las inversiones llegan con cuentagotas de manera que el crecimiento del empleo se produce de manera más lenta de lo anunciado.

También se ve perjudicado el medio ambiente ya que estas políticas llevan aparejada la necesidad de aumentar las exportaciones que en muchos países dependen de la explotación indiscriminada de recursos naturales como la madera, los minerales o un único producto agrícola.

La deuda externa es la manifestación más dramática de la situación de subordinación en la que viven las economías de los países del Sur dentro de la estructura económica internacional. Mientras el crecimiento macroeconómico de los países más ricos y de algunas naciones emergentes alcanza cotas muy elevadas, una buena parte del mundo en vías de desarrollo pasa por una situación humana catastrófica. Las injusticias que genera el sistema económico mundial, que maximiza el beneficio de los que más tienen, abren una gran brecha entre éstos y los que quedan excluidos de los procesos de crecimiento, las mejoras en el nivel de vida y el incremento de los ingresos. El sistema financiero internacional excluye de la inversión privada a decenas de países y millones de personas. La justificación reside en que no reúnen las condiciones idóneas que demandan los inversores. Las desigualdades también están creciendo al interior de los propios países empobrecidos. Quebrar esta tendencia depende, no sólo de la voluntad política de los máximos organismos de poder, sino también de la determinación de la ciudadanía para convertirse en protagonista del cambio.

 II. Postura ética ante la injusticia de la deuda

El endeudamiento de los países pobres alimenta una realidad de muerte y sufrimiento de pueblos y personas que son utilizados como depositarios de unos compromisos que ellos jamás han asumido. Los pilares de una ética cívica que se hace cargo del problema de la deuda externa convergen en uno fundamental: la defensa de la dignidad de la persona. Ello exige trabajar por que se creen las condiciones para que toda persona viva y goce de una vida digna, y éste es un asunto que nos incumbe a todos. Dignidad, pues, se contrapone a precio y se sitúa frente a las leyes que rigen el intercambio de mercancías.

No en vano la solidaridad nos recuerda que, en este mundo, todos somos responsables de todos. Por lo tanto, en esta cuestión, la solidaridad supone la toma de conciencia y la aceptación de una corresponsabilidad en la deuda internacional, tanto respecto de las causas como de las soluciones. En efecto, las causas del endeudamiento son internas y externas a la vez; son específicas de cada país y de su gestión económica y política, pero provienen también de la evolución del panorama económico internacional, que depende ante todo de los comportamientos y decisiones de los países desarrollados. Reconocer que se deben compartir las responsabilidades en las causas hará posible un diálogo para encontrar las soluciones conjuntamente. Por lo demás, la corresponsabilidad considera el futuro de los países y los pueblos, pero también las posibilidades de una paz internacional basada en la justicia.

La defensa de la dignidad de todo ser humano se expresa en otros argumentos complementarios:

Defensa de los derechos humanos de tercera generación. Existe un proceso histórico desde el cual podemos comprender el desarrollo de los derechos humanos y los valores fundamentales que acompañan a cada una de las denominadas tres generaciones: si la libertad individual acompañó a la primera generación de los derechos humanos, y la igualdad inspiró la segunda generación, la tercera generación de los derechos humanos saca a la luz los principios inalienables sobre el medio ambiente, la paz y el desarrollo. Estos últimos son aquellos donde la humanidad se juega su propia viabilidad como planeta, son los que cuestionan los grandes desequilibrios de nuestro mundo y los que nos urgen a vivir y pensar de otro modo. En este espacio el valor clave sigue siendo la solidaridad. El principal reto ecológico de nuestro mundo debería consistir en asegurar la vida digna de la humanidad. La deuda externa pone en peligro esos mínimos de vida digna para buena parte de los pueblos más empobrecidos de la Tierra.

Defensa de la justicia social, que va más allá de los modelos capitalistas de justicia conmutativa y distributiva. La justicia social, que hace una pública e incondicional apuesta por los perdedores y por los últimos, está basada en la igualdad y hermandad de los hombres y en la universalidad de sus derechos esenciales. Apunta a la consecución del bien común, que no proviene de los dictados de ningún Estado sino que se expresa en la posibilidad de que el otro exista y tenga cabida en el mundo de los vivos. Por eso, en la selección de las decisiones a adoptar para el pago de la deuda, que deben comportar medidas de austeridad también en el Norte, se habrá de estudiar su impacto sobre las poblaciones más pobres y arbitrar las que les ayuden a asumir un papel activo en su propio desarrollo, contribuyendo así, por su parte, a la reducción progresiva de la deuda.

Defensa de la participación de la sociedad civil para generar una cultura de la solidaridad transformadora de la realidad. Movilizarse en favor de la condonación de la deuda externa y hacer llegar estas reivindicaciones a las esferas de poder políticas y económicas, implica asumir un espacio de profundización democrática en nuestro país, supone inyectar de sentido y presencia a la sociedad civil, y compromete la vertebración de un tejido social despierto y atento a la humanización de nuestro mundo. La búsqueda de soluciones para superar el endeudamiento incumbe, ante todo, a los actores financieros y monetarios, pero también a los responsables políticos y económicos. Todas las categorías sociales están llamadas a comprender mejor la complejidad de las situaciones y a cooperar en las opciones y en la realización de las políticas necesarias. Nadie puede sentirse ajeno a esta cuestión.

Tomar conciencia de las dimensiones y la significación de este problema ha de producirse en cada persona, junto a un serio examen de nuestros comportamientos individuales y sociales, y de nuestro estilo de vida ya que, con frecuencia, están relacionados con el destino de los millones de personas empobrecidas que viven en otros lugares, aún lejanos. La solidaridad con el otro ha de traducirse en una toma de postura crítica con respecto a nosotros mismos y a nuestra sociedad.

III. Reducción de la deuda: la iniciativa PPAE.

En octubre de 1996, el Banco Mundial y el FMI llegaron a un acuerdo sobre un plan de reducción de la deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados, que debería permitir al país deudor devolver sus préstamos sin comprometer su crecimiento económico y sin aumentar los atrasos hipotecando de nuevo su futuro. La iniciativa tenía por objeto reducir la deuda multilateral, bilateral y comercial a lo largo de un periodo de seis años hasta un nivel sostenible que el país pueda afrontar. Como condición para aliviar la deuda, el país debe aplicar las políticas de ajuste estructural aprobadas por el Banco Mundial y el FMI.

Conforme a esta iniciativa, una vez que el país elegido ha aplicado una reforma económica durante tres años, los acreedores del Club de París (principales Estados acreedores que estudian los problemas de pagos de los países deudores de manera conjunta y no bilateral) reducen en un 67% la parte de la deuda que reúne las condiciones exigidas. Es el llamado punto de decisión. Se supone que todos los demás acreedores, aquellos bilaterales que no son miembros del Club de París y los bancos comerciales, concederán rebajas similares.

Si estas medidas no se traducen en una deuda sostenible, el país pasa a la segunda fase de tres años durante la cual puede obtener el apoyo de las instituciones financieras internacionales para llevar a cabo una reforma económica y reducir la pobreza. Al término de los seis años y siempre que el país pueda presentar un historial aceptable aplicando las reformas económicas exigidas, será objeto de una reducción de hasta el 80% de la parte de la deuda que cumpla los requisitos establecidos por el Club de París. Nos encontramos ante el punto de conclusión. Este segundo periodo puede abreviarse para aquellos países que demuestren una actuación rigurosa en sus programas de ajuste.

Deficiencias de la iniciativa PPAE

Pocos países elegidos. Sólo 41 países han sido clasificados como países pobres altamente endeudados por el Banco Mundial, pero sólo unos pocos se beneficiarán de esta iniciativa (Chad, Liberia, Benin o Myanmar, entre otros, se quedan fuera).

Escaso alivio de la deuda. Los acreedores bilaterales y multilaterales no están cancelando la deuda sino que están aportando dinero para reducirla. Como consecuencia, quieren disminuir al máximo su coste: algunos de los miembros del G-8 y otros países de renta media y alta no han comprometido todavía suficientes recursos para el alivio de la deuda bilateral.

Concepto restringido de sostenibilidad de la deuda. La iniciativa PPAE plantea como sostenibles niveles muy elevados de deuda exterior, mientras que este mismo baremo es mucho más flexible cuando se aplica a los países ricos. No se ha tenido en cuenta que las naciones más pobres afrontan el pago de sus deudas a costa del bienestar de su propia población.

Una espera demasiado larga. Plantear como plazo mínimo entre tres y seis años de reformas económicas es demasiado tiempo para un país empobrecido que cada día que pasa se endeuda más.

Relación con las políticas de ajuste estructural. La iniciativa PPAE exige la aplicación de las políticas de ajuste estructural en los países que necesitan un alivio de su deuda. Estas reformas pueden ser positivas en algunos aspectos, mientras que en otros suponen perpetuar situaciones de pobreza y hambre.

Arbitrariedad en las normas para el alivio de la deuda por parte del Club de París. Este foro fija una fecha límite, a partir de la cual, la deuda contraída no es renegociable, conforme al momento en el que el país deudor en cuestión le solicita por primera vez ayuda (generalmente, en la década de los ochenta). Esta fecha de corte limita en gran medida las posibilidades de reducción de la deuda.

 

IV. La situación de España en relación con la deuda.

Nuestro país no es una excepción a este problema y su deuda se ha incrementado desde los años 80 hasta la actualidad. La orientación política que se da a la gestión de la deuda externa se puede resumir en las siguientes líneas:

1. El objetivo prioritario es la gestión del cobro de las deudas que terceros países tienen contraídas con la Administración, ya sea por operaciones comerciales o de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

2. En relación con la condonación o alivio de la deuda, España se ciñe, en términos generales, a los acuerdos que suscribe el Club de París. Asimismo, apuesta por la flexibilidad en las negociaciones para alcanzar consensos.

3. España ha participado en operaciones de conversión de deuda por inversiones privadas.

4. La práctica totalidad de la deuda contraída por los PVD (Países en Vías de Desarrollo) con el Estado español tiene su origen en operaciones de promoción pública de las exportaciones, a través de los créditos concesionales FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) y el seguro de crédito a la exportación de CESCE.

La deuda total de los PVD con la Administración española se sitúa en torno a 1.600.000 millones de pesetas. Su reparto geográfico es el siguiente.

América Latina (38%) Principales Deudores (PD): Argentina, México, Cuba, Nicaragua y República Dominicana.

Norte de África (25%) PD: Argelia, Egipto y Marruecos.

África Subsahariana (14%) PD: Angola y Costa de Marfil.

Países asiáticos (11%) PD: China, Indonesia y Filipinas.

Oriente Medio (4%) PD: Irak y Jordania.

Europa del Este (8%)

Según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la deuda externa de la que el Estado y las entidades privadas españolas eran acreedoras con países en vías de desarrollo, se situaba, en diciembre de 1996, en torno a los 30.000 millones de dólares (al cambio de ese mismo año, unos cuatro billones de pesetas). De dicha suma, el 60% corresponde a las deudas contraídas por países en vías de desarrollo con entidades privadas, principalmente bancos (2,4 billones de pesetas, aproximadamente) y están localizadas mayoritariamente en América Latina.

 V. Propuestas de acción política

  1. Ámbito estatal.
  2. 1. - Condonación de la deuda pública impagable de los países pobres.

    Condonación total de la deuda exterior de los países pobres, alta y moderadamente, endeudados. En primer lugar, solicitamos la cancelación de la deuda que tenga origen en los créditos FAD, que asciende, aproximadamente, a 132.000 millones de pesetas. Asimismo pedimos la condonación de la deuda que tiene su origen en operaciones estrictamente comerciales, de en torno a 165.000 millones de pesetas. La deuda del grupo de países PPAE (entre los que se encuentran: Nicaragua, Costa de Marfil, Bolivia, Honduras, Mozambique, Sudán, Burkina Faso, Somalia, Tanzania o Chad) con el Estado español, asciende a 272.000 millones de pesetas, de los cuales el 40% (más de 110.000 millones) tiene su origen en créditos FAD.

    Reducciones progresivas de la deuda para el resto de países endeudados, otorgando medidas de gracia graduales a los deudores del Estado español, principalmente a través de la deuda concesional originada por los créditos FAD. Se deberá tener en cuenta a la hora de otorgar un tratamiento más o menos favorable, el nivel de ingreso, medio alto o medio bajo, así como los índices de desarrollo y pobreza humana. La deuda del resto de países en vías de desarrollo con el Estado español, si excluimos las economías en transición del este de Europa, asciende a unos 1,2 billones de pesetas.

    Establecer una vinculación entre las orientaciones de las políticas de AOD y el tratamiento de la deuda externa, poniendo el mayor interés en los países más pobres. Evitar, en cualquier caso, que un incremento de las operaciones relacionadas con la deuda externa suponga una reducción del resto de partidas de la AOD, para la que se mantiene la reclamación de un incremento constante hacia el 0,7% del P.I.B.

    Condicionar la política comercial con los países pobres y endeudados en el futuro (principalmente los créditos FAD y la cobertura de CESCE) a criterios de sostenibilidad de la deuda, de modo que dichos instrumentos no continúen suponiendo una pesada carga para los países receptores en forma de deuda externa.

    2. - Vincular la reducción y conversión de la deuda con inversiones en desarrollo humano

    Que se decida la condonación de la deuda en función, no sólo del comportamiento del país deudor con el FMI, sino teniendo en cuenta criterios de desarrollo humano y sus inversiones sociales y de medio ambiente. Deberían incluirse también dichos criterios en la toma de decisiones del Club de París.

    Que la deuda que el Gobierno español condone unilateralmente quede vinculada a inversiones en desarrollo humano y que se impulsen, asimismo, los programas de conversión de deuda por inversión en programas sociales (salud, educación, vivienda...) dirigidos a los colectivos más desfavorecidos, y medioambientales, además de los programas de conversión de deuda por inversión privada.

    Que en los programas de conversión de deuda, el Gobierno español establezca relaciones y consultas con la sociedad civil y las diferentes administraciones locales del país deudor, y no sólo con su Gobierno.

    Un ejemplo positivo: en 1992 Bélgica condonó parte de su deuda con Ecuador. Del importe perdonado, el Gobierno ecuatoriano (como parte del acuerdo) tuvo que destinar el 58% a proyectos de desarrollo que fomentaran la diversificación de las tareas del campo, además de crear más de ochenta cajas comunitarias destinadas a facilitar pequeños créditos a los campesinos.

    España puede hacer lo mismo: la deuda de Costa de Marfil con nuestro país por créditos FAD asciende a más de 10.000 millones de pesetas. Si se condonase esta deuda y se vinculase al menos el 50% a proyectos sociales, la vida de decenas de miles de personas podría mejorar en aquel país. De igual modo, destinar ese importe a la atención médica básica o a la construcción de pozos de agua potable, influiría en el bienestar de muchos seres humanos.

     3. - Que el Gobierno español asuma un papel activo en los foros multilaterales (Banco Mundial, Club de París) respaldando una reforma de la iniciativa PPAE

    Se hace necesaria una mayor flexibilidad en el tratamiento que se otorga a los países endeudados; un alivio mayor y más rápido de la deuda exterior y la inclusión en la Iniciativa del total de los Países Pobres Altamente Endeudados, antes del año 2000.

    España puede y debe asumir un papel de liderazgo en los foros internacionales, semejante al protagonizado por el Reino Unido, para impulsar una mejora de la iniciativa PPAE.

    Ya es hora de que el Gobierno demuestre una auténtica voluntad política en el cumplimiento de los compromisos internacionales no respetados (iniciativa 20/20 de la Cumbre de Copenhague; reducción de la emisión de gases contaminantes, en la Cumbre de Río, etc.). Esta sería la mejor manera de confirmar que hay interés de implicarse en la resolución de los problemas.

    4. - Practicar una política de transparencia en la toma de decisiones vinculadas con la deuda, en la información y difusión de datos.

    Publicación anual de los datos más recientes, ordenados por países y origen de las operaciones generadoras de deuda externa, por parte del Ministerio de Economía.

    Informar periódicamente a la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y al Consejo de Cooperación, de la posición acreedora española, así como de las políticas llevadas a cabo con los países en vías de desarrollo. Sería necesario poner en marcha mecanismos de seguimiento y evaluación que midieran el impacto de las operaciones de reducción de deuda.

    Incorporar, de la manera más detallada posible, las actividades de condonación de deuda en los Planes Anuales de Cooperación Internacional (en los capítulos de planificación y, especialmente, en el de seguimiento).

    Exigir al Gobierno una transparencia total en operaciones ya existentes, así como en la manera en que se realicen en el futuro.

    Solicitar que se constituya una ponencia de debate, en el Congreso de los Diputados, sobre la condonación de la deuda.

    5. - Compromiso político que los grupos parlamentarios representados en las Cámaras, de ámbito estatal, autonómico y local, deben asumir:

    Que las Cámaras de ámbito estatal, autonómico y local, de acuerdo con sus competencias, hagan suyas estas propuestas y adquieran un compromiso formal con los requerimientos de transparencia política.

    Que los partidos incluyan en sus programas electorales una posición sobre la deuda que contenga las líneas directrices sobre la postura que se vaya a adoptar al respecto.

  3. Ámbito Internacional.

Promovemos la cancelación de la deuda externa que resulta impagable para los países pobres. Tanto los miembros del Club de París como el resto de acreedores bilaterales, comerciales y multilaterales, deberán mostrar un mayor grado de flexibilidad para conseguir una reducción significativa de la deuda externa de los países en vías de desarrollo.

Mejorar la iniciativa PPAE para aprovechar las oportunidades que brinda a los países más pobres y endeudados.

Vincular la cancelación de la deuda con la inversión en desarrollo humano. Que las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI y Banco Mundial) y el conjunto de los acreedores por una parte, y los Estados endeudados por otra, promuevan la vinculación de la cancelación de la deuda a la inversión en desarrollo humano de los países endeudados.

Asegurar la transparencia en la toma de decisiones sobre la reducción de la deuda. Esto supone que se debe dar publicidad a los acuerdos del Club de París y al resto de acuerdos entre deudores y acreedores. También es conveniente la publicidad de los acuerdos económicos de los países en vías de desarrollo con el FMI, así como la mayor presencia de la sociedad civil en el ciclo de la toma de decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto.

Promover cambios en la estructura de las relaciones económicas y financieras internacionales, para que los pueblos del Sur no sigan siendo los principales damnificados del sistema económico internacional. Adoptar medidas de discriminación positiva internacional en favor de los países pobres.

En el ámbito de las relaciones entre países deudores y acreedores, es necesario un trato equitativo en el escenario de la deuda, situando como objetivo principal la mejora en el bienestar de la población del Sur.

 VI. Propuestas para la implicación personal y colectiva.

Tomar conciencia de la carga que supone la deuda externa para los pueblos del Sur, a través del conocimiento de su origen y consecuencias. Divulgar esta realidad en los círculos cercanos y apoyar las acciones coordinadas de esta campaña.

Mantener criterios de consumo responsable en nuestra vida: rechazar ofertas dudosas que puedan esconder fenómenos de explotación laboral y/o de los recursos naturales y el medio ambiente en los países pobres (desde los establecimientos que venden a muy bajo precio, hasta las grandes empresas que no respetan los derechos y la dignidad de los pueblos del Sur en sus procesos de producción y comercialización). Adquirir productos de comercio justo en tiendas que garantizan formas de producción y distribución basadas en relaciones equitativas.

Pedir a los bancos información sobre las deudas que los países pobres tienen contraídas con ellos y el tratamiento que reciben, y actuar en consecuencia.

Informarse sobre las consecuencias de acciones inversoras a través de la Bolsa, o en fondos de inversión o de pensiones. Frecuentemente, el modo de obtener beneficios produce efectos perversos sobre las economías más débiles y genera nuevas deudas en países del Sur. Se recomienda promover y respaldar iniciativas de fondos de inversión éticos y bancos éticos que no invierten en sectores como armamento o centrales nucleares, y que destinan parte de sus beneficios a proyectos de utilidad social.

Solicitar al Gobierno, al resto de las Administraciones y a los bancos, un trato más favorable y justo con la deuda externa de los países del Sur, mediante cartas, fax o correos electrónicos.

 VII. Líneas de acción.

Sensibilizar y movilizar a la población española, informándola adecuadamente sobre la deuda externa, su origen, consecuencias e implicaciones. (Difusión de material formativo e informativo)

Convocar a los movimientos sociales para que participen en la campaña.

Recoger firmas con el fin de mostrar el respaldo popular de la iniciativa, y realizar una petición al Gobierno y al Congreso de los diputados para que pongan en marcha las medidas adecuadas sobre condonación o reducción de la deuda externa.

Ejercer acciones de presión política ante las Administraciones (estatal y autonómica), y frente a instituciones políticas y financieras, con el objeto de influir en la toma de decisiones que afectan a las relaciones económicas internacionales.

Celebrar un seminario sobre la deuda externa de los países del Sur en el que se constituya un foro de encuentro, debate y reflexión, sobre el problema de la deuda, sus implicaciones para el Norte y el Sur y las perspectivas de futuro.

Colaborar con otras campañas internacionales y organizaciones del Sur que soliciten la condonación de la deuda. La universalidad del problema de la deuda y sus efectos para todo el planeta exigen un trabajo conjunto y urgente.

Pedir a iglesias y sindicatos que muestren su apoyo a la campaña mediante la elaboración de documentos en los que se reflexione sobre las consecuencias de la deuda

 

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