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deuda externa    

 

DE LA DEUDA EXTERNA AL AJUSTE ESTRUCTURAL Y LA PRIVATIZACION

     (Anuario por la Paz, 1992-1993)

 

 Hace diez años se produjo una inflexión histórica en América Latina cuando la suspensión de pagos del gobierno de México desencadenó la crisis de la deuda. Diez años es un perídodo de tiempo suficiente para determinar si la medicina aplicada ha sido suficientemente efectiva en resolver la crisis. Bajo la égida del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, la mayoría de los países se vieron obligados a adoptar políticas de estabilización y Programas de Ajuste Estructural (PAE) -y aquellos que se negaron a hacerlo, fueron suficientemente presionados para caer en el caos y en definitiva en programas de ajuste aun más severos, como testimonian Perú o Nicaragua.

Muchos países de América Latina se encuentran actualmente ejecutando programas de ajuste estructural: Venezuela, Argentina, México, Colombia, Uruguay, Perú, Guayana, y la mayoría de los países centroamericanos, tienen sus políticas económicas amarradas a los dictámenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Algunos países, como Chile, Costa Rica y Bolivia, han aplicado ya en su práctica totalidad las políticas de ajuste. Tan sólo Brasil, Paraguay y Ecuador tienen poco avanzada la puesta en marcha de esas políticas, lo cual responde bien a resistencias internas más fuertes que en otros países de la región, bien al ensayo de políticas alternativas al ajuste orientado por el FMI y el BM, o a una combinación de ambos factores.

El ajuste estructural: la nueva estrategia del capital

¿Cuales han sido las principales consecuencias de los Programas de Ajuste Estructural? Para interpretar los datos de la situación, hay que entender previamente qué significan los PAE.

La crisis estructural de los años 70 y 80 conoce dos etapas bien diferenciadas. En la primera, los componentes de la crisis se van desarrollando sin que los gobiernos ni el capital encuentren las respuestas adecuadas:

- el aumento de los precios de las materias primas -principalmente petróleo- se pudo dar después de que los gobiernos exportadores del tercer mundo nacionalizaran sus recursos naturales;

- los incrementos salariales logrados por los trabajadores en la mayoría de los países desarrollados elevaron los costes unitarios, reduciendo la tasa de ganancia o rentabilidad del capital;

- el papel regulador del Estado requería ingresos fiscales cada vez más elevados para subvencionar la tasa de ganancia del capital en un contexto de rentabilidad descendente y para sufragar los gastos de ls protección social, cuando el desempleo empezaba a aumentar dramáticamente.

Estos mecanismos, contribuyeron a acelerar la caída de la tasa de ganancias, y con ello a desacelerar la inversión y desencadenar la crisis de acumulación.

El capital tardó varios años en encontrar la respuesta integral -política y económica, pero también social- para recuperar su hegemonía y recomponer la tasa de ganancia. Al final encontró la respuesta en el monetarismo: los gobiernos conservadores de Reagan y Tatcher realizaron en sus países una masiva redistribución de riqueza desde los pobres hacia los ricos, y de los trabajadores hacia el capital, y esta tendencia económico-política, llamada neoliberalismo, se impuso en todo el mundo capitalista desarrollado, pues la competencia obligaba a todos los gobiernos, conservadores o socialdemócratas, a crear las condiciones para un relanzamiento de la acumulación de sus capitales nacionales.

La nueva hegemonía del capital requería encontrar unos chivos expiatorios de la crisis que sacudía a las sociedades desarrolladas. Como culpables oficiales fueron designados por la lógica neoliberal los trabajadores y los países del tercer mundo, especialmente los semiindustrializados y los productores de petróleo. Aquellos, eran responsables de la caída de la rentabilidad de las empresas pues, apoyándose en el poder sindical en las empresas y en la situación de virtual pleno empleo, habrían reducido excesivamente la ganancia de los capitalistas, fomentando la desconfianza de éstos en la rentabilidad de las inversiones y provocando por tanto la caída de éstas y el estancamiento. Además, sus demandas excesivas al Estado en materia de gasto público, alentadas por políticos populistas, contribuyeron a minar las ganancias del capital por la vía de los impuestos, y en último término, provocaron la crisis fiscal del Estado.

Los países del tercer mundo exportadores de manufacturas se convirtieron en una nueva fuente de competencia para la producción de los países desarrollados, y se conviertieron en el principal argumento para justificar la caída de la producción en diversas ramas en los países ricos: siderurgia, construcción naval, automóvil y textil, donde los trabajadores veían desaparecer sus puestos de trabajo en un proceso de racionalización del capital que se justificaba con las referencias a la competencia de los "nuevos países industrializados". Los exportadores de petróleo, especialmente los países árabes, funcionaron durante varios años como chivos expiatorios para los males de las economías desarrolladas, desviando la atención de las contradicciones internas del propio sistema.

El ataque contra los trabajadores, su fuerza organizada en las empresas y en la sociedad y su participación en la renta nacional, más o menos adornado, forma parte del dogma neoliberal y se encuentra en la base de las políticas de flexibilización y desregulación del mercado de trabajo en todos los países desarrollados, para debilitar la capacidad de los trabajadores de negociar su tasa de explotación, lo cual en algunos casos adopta la forma de ataques directos al sindicalismo como en la Inglaterra de Margaret Tatcher, y en el freno a la expansión de las políticas de gasto público. Asimismo, casi todos los países desarrollados aplicaron contrarreformas fiscales, orientadas a reducir la presión fiscal sobre las ganancias del capital. El ataque al Estado sirvió además para transferir al mercado determinadas áreas que socialmente se consideraba eran bienes y servicios que debía suministrar el Estado. En algunos casos, se trató de la introducción de la flexibilidad en los servicios públicos, por ejemplo con la privatización de determinados servicios, de bienestar social, recogidas de basura y otros. En otros casos, se trataba de aportar nuevos espacios para la valorización del capital en unas áreas con grandes perspectivas de expansión, como las comunicaciones, la energía o diversos servicios comunitarios, incluidos los servicios de salud y educativos .

El ajuste en América Latina: la privatización

Cuando este discurso se traslada a América Latina, se encuentra con unas realidades en las cuales los trabajadores asalariados representan un papel menos relavante en el proceso de acumulación que en los países desarrollados. Esto explica que los programas de ajuste estructural en Latinoamérica pongan gran parte del acento en la situación del sector público: déficit fiscal y privatización son los dos grandes objetivos, respectivamente, de las políticas de estabilización y de los programas de ajuste.

El ataque al Estado que se ha producido en América Latina durante el último quinquenio ha dejado unas secuelas que tardarán al menos dos generaciones en ser borradas, si es que se aplican

de inmediato unas políticas diferentes, cosa que no está todavía en la agenda.

Los PAE son la aplicación en América Latina de las políticas monetaristas dominantes en la década de los 80 en casi todo el mundo capitalista, con sus particularidades: el Estado cumplía en las décadas anteriores un papel fundamental tanto desde el punto de vista del consumo como de la inversión; con su actividad, suplía de alguna manera las deficiencias del proceso de acumulación, es decir la debilidad del sector capitalista nacional en casi todos los países de la región. Las privatizaciones han jugado fundamentalmente en beneficio del capital transnacional, que se está quedando con la mejor parte de los activos empresariales nacionales. En consecuencia, la dependencia de América Latina -ese término tan denostado como real, sigue siendo el que mejor define la situación estructural del continente- se renueva y profundiza por partida doble: el creciente control transnacional de los procesos de acumulación nacionales en Latinoamérica, se complementa con unos Estados debilitados a tal punto que ni siquiera pueden cumplir las funciones regulatorias mínimas, en materia de aportación de infraestructuras y reducción del coste de reproducción de la fuerza de trabajo (salud y educación fundamentalmente).

Se comprende así la fragilidad de los procesos democratizadores que recorren América Latina: son democracias sin Estado, donde otros agentes (ejércitos, US AID, FMI y Banco Mundial) se encargan de planificar las actividades del sector público, lo que supuestamente correspondería a los designados por votación popular. Los electos son rehenes, cuando no verdaderos cómplices, de quienes diseñan el pillaje generalizado al patrimonio público de los países de América Latina.

Los PAE han tenido un relativo éxito en estabilizar los desequilibrios financieros más importantes, con excepción de la deuda externa: el déficit fiscal de los gobiernos centrales de América Latina varió de un -9,2% del PIB en 1983, hasta un saldo positivo en 1990 y 1991 de 0,2% y 1,2% respectivamente; los precios ponderados pasaron de una variación anual del 109% en 1983 a un 36% en 1992 (Fuente:Perspectivas de la Economía Mundial, mayo 1991, FMI).

Como contrapartida, las políticas de ajuste están dejando unas secuelas de deterioro que tardarán varias décadas en ser superadas: el consumo, que creció a una tasa anual de 5,4% entre 1960 y 1970, aumentó al 6% anual en la década siguiente, fruto en gran medida de los préstamos internacionales, para caer al 1,1% entre 1981 y 1990, cuando se desencadenó la crisis de la deuda y el drenaje de fondos hacia los países desarrollados. Tan sólo las exportaciones continuaron creciendo a un ritmo del 5% anual (4,7% en los años 70 y 5,8% en los 60), generando un aumento de divisas que en vez de dedicarse a renovar el capital y el proceso de acumulación, se destinó al pago de la deuda externa. El esfuerzo externo de América Latina se entenderá mejor al analizar la relación real de intercambio, que tuvo una variación anual promedio del -3% entre 1983 y 1992- es decir, que cada año tenían que exportar en promedio un 3% más, sólo para tener los mismos ingresos en divisas. Las importaciones disminuyeron en la década pasada a una tasa anual del -1,1% (frente a un aumento del 8,2% en los años 70 y 5,8 en los 60); y la inversión, que crecía en las décadas anteriores a una tasa del 7,4% anual, descendió entre 1981 y 1990 a un ritmo del -3,2% al año.

Objetivos de la privatización

Durante la década de los 80, América Latina sufrió por partida triple la dependencia respecto al capital transnacional:

- el servicio de la deuda se convirtió en una pesada losa que, cuanto más se pagaba, más pesaba: en 1983 la deuda total era de 344,5 mil millones de dólares, y en 1992 de 398,4 mil millones de dólares; en estos mismos años ¡América Latina pagó 531,5 mil millones de dólares en concepto de servicio de la deuda externa! -cuatro quintas partes en concepto de intereses;

- al mismo tiempo, los pagos netos por remisión de ganancias de inversiones extranjeras representaron en los mismos diez años 344,2 mil millones de dólares;

- las nuevas inversiones extranjeras están orientadas en su mayor parte a la adquisición de los activos públicos en proceso de privatización en todo el subcontinente -con la excepción de las inversiones en actividades de maquila o ensamblaje, cuyos efectos externos en materia de aprendizaje tecnológico y demanda interna es mínima.

Analizando las experiencias recientes de privatización en América Latina, podemos distinguir cuatro objetivos, más o menos explícitos:

- reducir el endeudamiento externo;

- reducir el poder económico de los militares;

- mejorar la eficiencia en la gestión empresarial pública;

- reducir la participación del Estado en la economía.

1985 es la fecha del inicio general de la privatización latinoamericana, aunque antes se conocieron en algunos países experiencias que adelantaban la gran ola privatizadora de la segunda mitad de la década pasada: Chile (1976), Venezuela (1981), México (1983), Jamaica (1985).

Sintetizamos a continuación las experiencias privatizadoras, clasificándolas en función de los objetivos anteriores.

Reducir el endeudamiento externo: Argentina, Bolivia

Argentina es el país que más ha avanzado en el proceso de privatización. En 1985 se crea la Subsecretaría de Privatización del Crecimiento, para iniciar la venta de 305 empresas públicas. La oposición a esta política retrasa su aplicación a las principales empresas públicas hasta 1990.

En el caso de la empresa de telecomunicaciones Entel, los oferentes no podían ofrecer más que una limitada cantidad de dinero; el resto del precio había que pagarlo con deuda externa argentina adquirida en el mercado secundario. El resultado final, una reducción de 5.200 millones de $ de los 60.000 millones de deuda externa, y una compañía controlada por un Estado extranjero (España; Telefónica) con el control de las comunicaciones telefónicas en Argentina (zona norte; zona sur Stet-Radio France-Cable-Morgan).

Por su parte, la principal empresa aérea, Aerolíneas Argentinas, fue adquirida por una empresa pública extranjera (Iberia) por un valor contable de 2.350 millones de dólares, pero a un precio efectivo de 683 millones, pues se pagarían 260 millones en cash y 2.160 millones en deuda externa (valor nominal). El precio fue aún más reducido. Como resultado: las comunicaciones telefónicas y aéreas en manos del Estado español, a cambio de una reducción de poco más del 12% en la deuda externa.

El gobierno argentino tenía en cartera la privatización de: Servicios Eléctricos de Buenos Aires; Agua y Energía Eléctrica; Gas del Estado; Obras Sanitarias; Empresa Líneas Aéreas Argentinas; Yacimientos Carboníferos Fiscales; Casa de la Moneda; Subterráneos de Buenos Aires; Administración General de Puertos; Junta Nacional de Granos.

A su vez, Bolivia, bajo la presión del FMI, se ha embarcado en una plan para reducir el poder de los sindicatos mineros de la COB (Central Obrera Boliviana), permitiendo la entrada de capital privado en la gestión de siete de las mayores minas de estaño y plata y tres plantas de tratamiento de mineral. Al mismo tiempo, el plan global de privatizaciones incluye las telecomunicaciones, correos, electricidad, agua, almacenes de aduanas, aeropuertos y líneas férreas (Enfe). Una de las mayores compañías privatizadas es la compañía de carga aérea LLoyd Aereo Boliviano (LAB), realmente importante en un país sin salida al mar y con elevadas alturas. Ya se avanzó en la privatización de diarios, ingenios, cementeras, plantas agroindustriales, fábricas de vidrio y empresas metalmecánicas.

Reducir el poder económico de los militares: Argentina

En julio de 1990 el gobierno argentino decidió la privatización de ocho consorcios controlados total o parcialmente por los militares: industrias petroquímicas, astilleros, metalmecánicas, equipo ferroviario, armamento. La venta de las empresas o de los paquetes de acciones se hace parte en divisas y parte en deuda externa del mercado secundario.

También en Bolivia, La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) ha puesto sus empresas a la venta, la principal de las cuales es Empresa Nacional Automotriz (Enauto), una empresa de montaje de motores de vehículos.

 Mejorar la eficiencia en la gestión empresarial: México, Venezuela, Brasil, Colombia

No se debe equiparar toda reducción de la presencia del Estado por la vía de la desinversión en actividades o empresas, con un proceso de privatización en sentido estricto.

En muchos países, el Estado mantiene su participación total o parcial en una serie de empresas y actividades, entrando en sociedad con capitales privados: explotando yacimientos petrolíferos (Argentina); transfiriendo a la iniciativa privada el mantenimiento o gestión de diversos servicios, como carreteras o vías férreas (Argentina: la gestión de 3.000 Km. del Ferrocarril Urquiza en el noreste ha ido para la compañía estatal española RENFE, que ahora busca lograr un acuerdo similar con Paraguay, para conectar y gestionar conjuntamente ambos sistemas).

En México se calcula la existencia en 1982 de 1.171 empresas paraestatales, de las cuales quedaban a finales de 1990 unas 740. De éstas, unas 390 se encuentran en proceso de desinversión pública. México es el país que ha adoptado una fórmula más compleja de desinversión, proceso que incluye:

- transferencia de títulos a un gobierno estatal o local;

- extinción o liquidación de empresas en bancarrota;

- desaparición de empresas por medio de fusiones con otras empresas paraestatales.

Hasta la presidencia de Carlos Salinas, la única privatización significativa fue la de Aeroméxico. En la actual administración, se han vendido entre otras: Mexicana de Aviación; Compañía Minera de Cananea; Telmex; Compañía Nacional de Carros de Ferrocarril; Diesel Nacional (camiones); Productora Mexicana de Tuberías; varias empresas de bienes de equipo; etc.

Desde el inicio de la presidencia de Salinas, 227 empresas han sido "desincorporadas". De éstas sólo 91 han sido vendidas; 10 desaparecieron mediante fusión; 4 por transferencia; y 122 por liquidación o cierre. Están en cartera de "desinversión" otras 137 empresas (57 por privatización, 64 liquidadas, 9 extinguidas, 4 fusionadas y 3 transferidas), con lo cual quedarían en manos del Estado al final del proceso 269 compañías (129 de servicios públicos y 140 de "servicios institucionales").

Entre las que están por ser privatizadas, se encuentran los 18 bancos comerciales nacionalizados en 1982, por los cuales se pagaron entonces 400 millones de dólares, y ahora el gobierno espera recibir 8.000 millones por ellos. También las industrias siderúrgicas como Altos Hornos de México (Ahmsa) y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartasa). México, junto con Chile se caracterizan por tener en oferta empresas que resultaron rentables bajo la gestión pública.

Las mayores empresas paraestatales, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Conasupo (agencia alimentaria) no van a ser privatizadas.

En Venezuela, lo específico es la apertura al capital extranjero de actividades consideradas "estratégicas"(petróleo), pero esta participación tiene un techo del 20%-30% en los bancos locales. En Venezuela, las 430 empresas e institutos autónomos emplean al 20% de la fuerza de trabajo del país. En 1990 el gobierno anunció la privatización de 64 empresas, por las cuales esperaba recibir 100 millones de dólares, entre las que hay: 2 bancos, un astillero, 9 ingenios, 2 empresas de alimentación, 4 industrias metálicas, una fábrica de plásticos, 3 industrias textiles, 34 hoteles. Por ahora se ha privatizado un banco. En el plan se contempla una segunda fase en la que se incluye el Instituto de Hipódromos, Instituto de Puertos y dos líneas aéreas: la local Aeropostal y Viasa.

En venta está la compañía estatal de teléfonos, CANTV. Con una deuda externa de 600 millones de dólares, una demanda anual de 1,5 millones de líneas y una oferta de 120.000, la empresa se ofrece a cambio de la garantía de instalar 300.000 líneas al año. De Viasa, se ofrece un paquete del 60% de las acciones: el Estado retiene el 20% y el otro 20% ha ido a los empleados.

En Brasil el proceso de privatización anunciado en su campaña electoral por Collor de Melho, y que pretendía lograr unos ingresos públicos de unos 17 millones de $, aún no ha despegado, aunque en marzo de 1988 se instituyó el Programa Federal de Desestatización. Las reglas generales establecidas para el proceso pretenden mantener cierto control nacional sobre el destino de la economía, además de reconocer las consecuencias públicas de decisiones (empresariales) privadas: los inversores extranjeros pueden comprar un máximo del 40% del capital de voto de las empresas en la venta inicial. Una vez completada ésta, el capital foráneo puede adquirir el total del capital. Pero el gobierno retendrá, en todo caso "acciones doradas" que le otorgan el poder de veto sobre decisiones que consideren contrarias al interés público.

Las presiones políticas son, sin embargo, muy fuertes. El Congreso mantiene el derecho de veto sobre la venta de cualquier empresa pública hasta 60 días después de su respectiva oferta a través del Diario Oficial. Además, el Congreso ha legislado que los acuerdos deuda-por acciones (debt-for-equity swasps) no se pueden usar para comprar una empresa pública (justo lo opuesto a la política de Argentina). Los sindicatos están en pie de guerra contra la propuesta del gobierno de permitir la participación de empresas extranjeras en el mercado de teléfonos móviles y satélites de comunicación, áreas hasta ahora reservadas a las empresas públicas Embrael y Telebras. La Constitución de 1988 establece que el Estado mantiene el control exclusivo sobre las telecomunicaciones.

En Colombia el gobierno ha decidido deshacerse de las acciones que a través del Instituto de Fomento Industrial (IFI) posee en 26 empresas, en un proceso que incluye el funcionamiento autónomo del IFI, que gestiona la presencia pública en el sector productivo, hasta ahora capitalizado por el Estado y que pasa a funcionar con sus propios recursos. El objetivo de la "desinversión" es recabar fondos para ser invertidos por el IFI en la promoción de otras actividades. En 1990 se llevaron a cabo dos grandes desinversiones: el 70,1% del capital de la papelera Papelcol, en la cual el Estado retiene el 21,5%. Y la venta de las acciones del Estado en la planta de ensamblaje de autos Sofasa cuyo capital es actualmente multinacional de Renault y Toyota.

También está decidido el gobierno a deshacerse de su presencia en los bancos nacionalizados en los 80 y a privatizar Telecom, en un proceso que ya es norma en diversos países: primero se permite a las compañías privadas participar en el mercado de ciertos componentes (teléfonos celulares, transmisión de datos, etc.) mientras Telecom retiene el monopolio de tráfico internacional.

La Seguridad Social ha entrado en un proceso de privatización parcial a través de la creación de fondos de pensiones privados.

En general, el gobierno de Colombia renuncia a mantener ningún sector como "estratégico" y, por tanto, vedado a la inversión privada. Sin embargo, la legislación mantiene en manos del Estado un elevado poder regulador que afecta a toda la economía: precios, concesiones de explotación, normas, etc.

Actualmente están en oferta, entre otras: Carbocol; Ceromatoso (níquel); Conastil (astilleros); Concesiones Salinas; Corporación Nacional de Turismo (100 hoteles como primera opción reservados a los gobiernos locales); Forjas de Colombia; etc.

Reducir la participación del Estado en la economía: Chile, El Salvador

Cuando la Unidad Popular llega al poder en 1970 en Chile, había 48 empresas productivas estatales, controladas por la CORFO, instituída en 1939 para promover el crecimiento a través de la financiación a 1/p al sector privado y promoviendo empresas públicas. Durante el gobierno de Allende se nacionalizaron unas 200 empresas. Añadiendo las empresas intervenidas, las subsidiarias y la corporación del cobre, había en el momento del golpe de estado unas 498 empresas estatales vinculadas al CORFO. Ello significó un importante aumento de la participación del Estado en la producción.

En 1974 comenzó un programa de privatización masiva: en los primeros dos años de gobierno militar se transfirieron 360 empresas a sus antiguos propietarios; entre 1975 y 1980 se vendieron todos los bancos excepto el Banco del Estado, lo mismo que otras 90 empresas de CORFO. Las empresas estatales fueron vendidas al sector privado de modo que entre 1973 y 1980 el número de compañías de CORFO cayó de aproximadamente 300 a 12. Se produjo pues una masiva transferencia de riqueza, propiedad y control desde el sector público al privado.

El 30% de la tierra expropiada por Frei y Allende retornó a sus antiguos propietarios. Otro 20% se vendió a ciudadanos urbanos. La reducción del crédito a los pequeños campesinos forzó a muchos a vender o a arrendar su tierra a los grandes latifundistas. Si las tierras parceladas y vendidas a pequeños campesinos alcanzó al 52% de la tierra que había estado en manos de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), en pocos años el 40% de los asignatarios habían vendido sus derechos: en más de un 50% a antiguos propietarios de predios agrícolas, en un 10% a otros beneficiarios de la parcelación, y el resto a personas no relacionadas directamente con la agricultura.

El fracaso de la política monetarista llevó en 1983 a que el Estado tuviera que hacerse cargo del 70% del sector bancario ante la crisis financiera, resultado del ardor especulador de los nuevos propietarios y la disminución de los controles públicos.

A partir de 1985 se reinicia con fuerza la privatización de empresas estatales: si hasta 1980 el proceso estaba vinculado a la política de deshacer todo lo realizado por los gobiernos de Frei y de Allende, ahora entramos en una nueva dinámica, en coincidencia con la que poco después iniciarían el resto de países de América Latina. La privatización de las empresas de servicios públicos tiene como objetivo inmediato recabar fondos para aliviar el déficit fiscal, y como objetivo estructural, ampliar la base de capitales privados productivos, para facilitar el aumento de los recursos transferibles a usos financieros, imprescindibles en la política monetarista en vigor (lograr nuevos espacios de rentabilidad). En este proceso, el Estado transfirió al capital privado la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra), Telex Chile, Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), Chilgener, la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), Soquimich,... En perspectiva, se encuentran los proyectos de privatización de los aeropuertos, o el sector de agua potable y alcantarillado. En varias de las empresas privatizadas, el Estado se mantiene como accionista minoritario. Entre las últimas privatizaciones, en agosto de 1989 se vendió el 59% de las acciones de LAN-Chile.

Pocos gobiernos declaran tan abiertamente como el de El Salvador que su objetivo es "reducir el tamaño del gobierno", para lo cual plantea como medida "realizar como mínimo cuatro privatizaciones de gran relevancia económica" para 1991 (GAES, Informe Anual 1990, matriz de lineamientos de política económica, pp.207-208). Tambien hay pocos países en los que las actividades productivas en manos del Estado sean tan escasas como en El Salvador. Por tanto, la ideología privatizadora tiene en El Salvador un carácter esencialmente diferente al de la mayoría de los casos señalados: más ideológico, más político, menos racional, menos modernizante, menos constreñido por las presiones del FMI/BM/deuda externa.

En busca de alternativas

La hegemonía del neoliberalismo es casi total en América Latina y el Caribe. Los espacios para diseñar una estrategia alternativa son escasos, tanto en el mundo político como académico. La CEPAL elaboró recientemente una propuesta alternativa, "Ajuste con equidad", que sin embargo no reúne los requisitos para constituirse en un programa alternativo. Sus debilidades principales radican en no entender todavía las mutaciones que están sufriendo los países del área, tanto en la forma del proceso de acumulación como en las características y expectativas de los agentes presentes.

El retroceso del Estado es una realidad general en América Latina, especialmente en materia de protección social e inversión pública. Sin embargo, el Estado renueva sus funciones de legitimación con los procesos democráticos, que se presentan como un marco más adecuado para implementar las políticas de ajuste con el consenso de una nueva fracción de clase dominante, las capas medias articuladas al capital transnacional, a las actividades comerciales y a las actividades del Estado. Una parte importante de la intelectualidad crítica latinoamericana de los años setenta se encuentra integrada de este modo a los circuitos internacionales -salarios indexados en dólares a resguardo de las devaluaciones; viajes aéreos y condiciones de vida poco afectadas por las políticas de ajuste, sea como asesores gubernamenteales, funcionarios de agencias multilaterales, consultores independientes o articulados a las redes de ONG`s.

Al mismo tiempo, las prácticas tradicionales de la izquierda, insurreccionales y de lucha armada por un lado, y las reivindicaciones urbanas por otro, han agotado su eficacia en el nuevo contexto. La lucha armada se agotó ante unas fuerzas armadas que en las dos décadas pasadas se han transformado en muchos países en uno de los sectores más dinámicos y modernos: su eficacia se ha visto incrementada en la lucha contra las insurgencias de diverso tipo, además de extender sus actividades al campo económico. En Guatemala especialmente, pero también en Bolivia, Argentina o Brasil, el ejército juega un rol preponderante en diversos ámbitos de la economía: sector financiero, industrial militar y aeronaútica, comercialización, e incluso en actividades de contrabando, relativamente importantes en países económicamente deprimidos. Por otro lado, la transición de los regímenes militares de los años 70 a las democracias poco participativas de los 80 ha mantenido a los ejércitos en un papel político activo -se habla de "democracias vigiladas", en el sentido de que las posibilidades de transformación social por la vía de las elecciones populares encuentra su límite inicial allí donde lo establecen las fuerzas armadas.

Los proyectos populares

Al mismo tiempo, la década de los 80 ha conocido una importante transformación en la estructura de las sociedades latinoamericanas. Asistimos a la emergencia de nuevos actores sociales y políticos, por lo general como consecuencia no planificada de los PAE. La población urbana, el 57,2% del total en 1970, pasó a ser el 64,9% en 1980, y es hoy del 72%. Este enorme incremento cuantitativo ha transformado el tipo de problemas que afecta a los países del subcontinente, en una dimensión que aún no ha sido suficientemente aprehendida en los países desarrollados, ni por los políticos latinoamericanos: la contaminación ambiental de las grandes urbes o el desarrollo de las enfermedades derivadas de la polución, se combinan con la deforestación acelerada para plantear el problema ecológico con una nueva centralidad política y social. A su vez, las políticas de ajuste han modificado profundamente el mapa social: el incremento de las actividades informales en las ciudades se ha visto acompañado del deterioro de las condiciones de trabajo y del peso numérico y social de la clase obrera y los trabajadores asalariados en general; el aumento de las zonas marginales y el establecimiento en éstas de redes de supervivencia de uno u otro tipo (por ejemplo la experiencia de Villa El Salvador en Lima o las ollas populares en Santiago de Chile: aquélla un intento de inserción productiva y desarrollo social, ésta una articulación de la solidaridad en busca de la subsistencia), ha transformado a "los marginales" en un sujeto político con voz propia, todavía no suficientemente articulado a las prácticas políticas institucionales. La experiencia de Brasil, donde se combinan las políticas sociales de la iglesia católica y los esfuerzos organizativos del Partido de los Trabajadores y de la Central Unica de Trabajadores, es un caso de análisis y reflexión para toda la izquierda latinoamericana. El retroceso de la presencia reguladora del Estado se ha visto acompañada de un peso creciente de las Organizaciones No Gubernamentales que, a través de su articulación internacional, ha introducido con renovada fuerza problemáticaqs tradicionalmente marginadas, como la defensa de los derechos de los niños o la lucha feminista.

Nuevos actores sociales, nuevas problemáticas políticas y sociales, que se combinan con una nueva economía: la informalidad urbana ha pasado de constituir una forma de supervivencia a articular redes productivas y distributivas que escapan a la lógica de los precios impuesta por el monetarismo, rescatando áreas productivas, enteras o parcialmente, al proceso acelerado de centralización del capital que se vive en todas partes. En el agro es especialmente visible esta situación: en Guatemala, las denominadas exportaciones agrícolas no tradicionales se basan en la producción de los indígenas, que son quienes controlan los nuevos cultivos -melones, ajonjolí, verduras, etc. De este modo, la búsqueda de formas de supervivencia por parte de los campesinos pobres les ha llevado a ubicarse en producciones con un alto potencial de acumulación. En esta situación los objetivos inmediatos de la lucha se modifican: ya no se centra en la reivindicación salarial de los campesinos sin tierra, o la defensa del derecho a la tierra, cuanto en combatir a las multinaciones que controlan la distribución y comercialización de sus productos, y la asistencia técnica e insumos (fertilizantes), y lograr el derecho a establecer sus propios canales de comercialización para retener el excedente -en Guatemala, el solo intento de formar una cooperativa agraria representa una automática amenaza de muerte.

Asistencia técnica y acceso al crédito es también la bandera de lucha de las cooperativas en El Salvador, en Colombia o en Chile. Las cooperativas se han convertido en un eje fundamental en la generación de un nuevo proyecto de solidaridad y desarrollo por parte de la izquierda y las fuerzas progresistas en muchas partes de América Latina.

La inmadurez de la alternativa se refleja en las explosiones de descontento social, sin reivindicaciones de largo alcance, en Venezuela en 1992 o en la República Dominicana hace pocos años, o en el naufragio de los procesos reformistas y de izquierda en Perú y Nicaragua. Las reuniones de partidos políticos de izquierda en febrero en Río de Janeiro y de julio en Managua, las iniciativas de encuentros sindicales continentales y otras, son un esfuerzo por avanzar en la reflexión común en torno a las alternativas viables.

En ese proyecto, todavía es una zona oscura la articulación con el Estado, o el papel del capital transnacional. Las nuevas características y demandas de los sectores populares, el balance de perdedores y ganadores de las políticas de ajuste, y los espacios de actuación que se abren en el nuevo ciclo (?) de democracias latinoamericanas: ¿permitirán una nueva articulación política de grupos y clases sociales en torno a una propuesta de desarrollo eficaz? En la espera, el ajuste estructural comienza a agotar su tiempo.

Documento del Foro 50 años bastan. Madrid 1994

 

 

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